Esto sucedió con el “nuevo PRI” que presumía Peña Nieto

Era el año 2012 y, mientras contendía por la Presidencia, Enrique Peña Nieto aseguraba pertenecer a un “nuevo PRI”, rodeado de nuevos integrantes y bajo el lema de “Mover a México”, lejos de la corrupción y la impunidad.

No obstante, luego de ganar las elecciones, el “nuevo PRI” daría paso a las mismas prácticas sucias del pasado.

Así, los nuevos gobernadores priístas, como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, protagonizaron una nueva ola plagada de excesos, corrupción e impunidad.

Finalmente, el partido, en vez de limpiar su nombre y reivindicarse, terminó cayendo más en el hoyo negro que lo llevó no sólo a peder las elecciones de 2018, sino que lo posicionó en un tercer lugar, en medio de luchas internas y acusaciones.

Javier Duarte (Veracruz)

El caso del ex Gobernador de Veracruz es probablemente el más sonado de los niveles de corrupción a los que llegó el “nuevo PRI”.

No sólo aumentó la inseguridad en la entidad, derivada de la delincuencia organizada, sino que también se desviaron al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público, mismos que fueron entregados a empresas fantasmas y triangulados a diversos prestanombres.

Por los señalamientos en su contra, Duarte pidió licencia para dejar su cargo y escapó del país, pero fue detenido el 16 de abril de 2017 en un hotel de lujo en Guatemala.

Según el mismo Duarte, la captura fue “un circo”, pues habría sido pactada con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Luego fue extraditado a México y se le condenó nueve años en prisión por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Este martes, el ex Gobernador declaró haber enviado una carta a la Fiscalía General de la República (FGR) en donde ofrece revelar “información privilegiada” de funcionarios de la administración de Peña Nieto.

César Duarte (Chihuahua)

Luego de gobernar Chihuahua entre 2010 y 2016, el ex mandatario fue acusado del delito de peculado.

Actualmente hay en su contra 15 órdenes de aprehensión por el desvío y disposición indebida de mil 200 millones de pesos, además que se le acusa de haber entregado recursos de la nómina del estado a varias campañas priístas en 2015.

Los señalamientos también agrupan varias publicaciones periodísticas donde se dieron a conocer los excesos ocurridos durante su mandato, como las grandes fiestas, los departamentos lujosos y los ranchos con búfalos.

La investigación contra Duarte comenzó en 2016, con la llegada al Gobierno de Javier Corral.

Así, en 2017 se emitió una orden de aprehensión en su contra, luego de detectar una deuda pública por 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario de cerca de 6 mil millones de pesos y el desvío de al menos 250 millones de pesos para las campañas del PRI.

En enero pasado, la Comisión partidaria del PRI decidió expulsarlo del partido, acción que fue confirmada apenas el pasado 12 de junio, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Hasta ahora, el ex gobernador continúa prófugo de la justicia, pese a que en enero de 2018 la entonces PGR aseguró que ya lo tenía ubicado en El Paso, Texas, y se alistaba su extradición a México.

Roberto Borge (Quintana Roo)

Encabezó el gobierno de Quintana Roo del 2011 al 2016, encabezando a los políticos jóvenes del PRI con gran proyección.

Cuando terminó su Gobierno, enfrentaba varias acusaciones de venta ilegal de patrimonio estatal, el quebranto a las arcas estatales por 30 mil millones de pesos, despojos particulares y violaciones a los derechos humanos.

Su administración, además, se caracterizó por los lujos, fiestas y viajes; también permitió el desmonte en la zona de manglares del Malecón Tajama, el cual fue justificado con un falso resguardo de la flora y la fauna de la zona, que derivó en un desastre ecológico.

También se le señaló por haber elevado el endeudamiento del estado por más de 22 mil millones de pesos.

Borge estuvo prófugo varios meses, pero fue detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá, bajo los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la supuesta venta ilegal de terrenos patrimonio del estado a presuntos prestanombres.

En enero de 2018 se le extraditó a México y fue recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos.

En mayo de 2019, se le dictaron dos años de prisión preventiva justificada y de dos meses por el delito de aprovechamiento ilícito del poder en la subcontratación supuestamente ilegal de aviones y helicópteros, por un total de 590 millones de pesos.

No obstante, Borge aún no enfrenta una sentencia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero de ser encontrado culpable, podría alcanzar una pena máxima de 15 años de prisión.

Rodrigo Medina de la Cruz (Nuevo León)

Durante su periodo como Gobernador de ese estado se le señaló por haber entregado recursos millonarios a la ensambladora automotriz coreana KIA, lo que ocasionó un desfalco de 3 mil millones de pesos al erario estatal.

Al llegar su sucesor, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, echo a andar la llamada “Operación Tornado”, donde se dieron a conocer dichas irregularidades.

Además se aseguró que el priísta tenía 20 expedientes abiertos y, de ser encontrado culpable en por lo menos uno, el ex gobernador podría alcanzar hasta 12 años de prisión.

Sin embargo, dos años después, Medina de la Cruz libró todas las acusaciones e incluso fue absuelto de todos los delitos de peculado y contra el patrimonio. Según un juez, no había suficientes elementos para sustentar las acusaciones interpuestas por “El Bronco”.

Roberto Sandoval (Nayarit)

Gobernó Nayarit de 2011 a 2017, periodo en el que la violencia y la inseguridad relacionadas con el crimen organizado se dispararon de manera alarmante.

En mayo pasado, Estados Unidos lo señaló de estar relacionado con el narco en México, al haber recibido sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que fueron congeladas sus cuentas en aquél país.

Además, algunos de sus colaboradores más cercanos, como el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, también fue acusado de narcotráfico y detenido en marzo de 2017, arrestado en San Diego, California, cuando aún era fiscal en funciones.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que Sandoval y otros funcionaros “se enriquecieron cruelmente a expensas de sus conciudadanos. Ya sea dando sobornos a los grupos del narcotráfico o participando en una variedad de actividades ilícitas, estos y otros funcionarios corruptos se enfrentarán a graves consecuencias”.

En México también se le investiga, acusado de enriquecimiento ilícito, por lo que en 2018, la entonces PGR le aseguró al menos cinco propiedades.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, construyó una red de empresas con familiares, socios y colaboradores, que van desde la venta de cárnicos, ganadería, agricultura, crianza de caballos, distribución de abarrotes y lácteos, moda, calzado, entre otras.

Sandoval se encuentra prófugo de la justicia.