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Estas son las razones por las que Carlos Salinas debería ser juzgado

El ex Presidente, Carlos Salinas de Gortari, es calificado hoy como un gobernante privatizador, represor y padre de la desigualdad, impulsor del neoliberalismo y bastante señalado, por lo que sería uno de los cinco expresidentes que serían llamados a rendir cuentas.

Las irregularidades con Salinas comenzaron apenas en la elección de la que resultó ganador tras una repentina “caída del sistema” que le dio el triunfo con 50.36 por ciento de los votos, dejando en segundo lugar a su contrincante, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

A partir de ahí tan solo comenzaron un sinfín de señalamientos y acusaciones, tales como:

Privatización de Telmex (1990)

En el marco de la aprobación de la Reforma de Telecomunicaciones de 2014, impulsada por Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas escribió un artículo para El Financiero titulado “Telmex, una privatización exitosa que terminó cuestionada”.

Ahí, el ex mandatario niega que la compañía, entregada por él mismo al empresario Carlos Slim en 1990, se haya malbaratado y en su defensa indicó que se trataba de una empresa “emproblemada” y que si al pasar del tiempo se volvió un monopolio se debió a “regulaciones deficientes”.

“(Telmex) era un obstáculo al desarrollo del país y un grave problema para la vida cotidiana de los mexicanos”, escribió el 15 de diciembre de 2014.

Además, aseguró que la empresa se vendió a un precio muy favorable para el gobierno, pese a que politólogos e historiadores opinan lo contrario.

Según dijo a SinEmbargo el analista político Enrique Toussaint, el proceso de privatización de Telmex, del sistema bancario y la industria siderúrgica sirvió a Salinas “para construir una élite económica que sigue mandando en el país y que apoyó a los mismos proyectos políticos que les aseguraban sus ganancias y el control de la riqueza”.

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Tras comprar Telmex al Gobierno, Carlos Slim entró a la lista de Forbes como uno de los más ricos del mundo.

Privatización de la banca (1990)

El 1 de mayo de 1990 Salinas envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la propiedad de los bancos estatales a través de un régimen de propiedad mixta.

El ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. Foto: Especial

En ese tiempo el Estado controlaba la propiedad de 18 entidades bancarias, como Banamex, Serfin, Internacional, Bancomer, Somex, Comermex, Confía, Cremi, BHC, Bancrecer, Atlántico, Banpaís, Multibanco, Mercantil de México, Promex, Bancen, Mercantil del Norte, Banorie y Banoro.

“El Estado se propone no ser el accionista mayoritario de todas y cada una de las instituciones bancarias, aunque conservará una participación en la banca comercial y fortalecerá aquellas instituciones orientadas al fomento de actividades prioritarias concretas”, justificó Salinas al proyecto.

Requisa al Puerto de Veracruz (1991)

México cuenta con acceso a los océanos Pacífico y Atlántico, a través de 17 estados con apertura al mar y 117 puertos y terminales desde donde entran y salen millones de dólares en mercancías.

En 1991, Salinas comenzó el desmantelamiento de los sindicatos portuarios con la finalidad de entregar los puertos a la iniciativa privada, según el Capitán de Marina Mercante, Antonio Rodríguez Fritz a SinEmbargo.

A través de una promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se promulgó una requisa para controlar las operaciones de los sindicatos portuarios, es decir, una expropiación del Estado de todos los bienes que puedan ser de utilidad en caso de guerra o movilización.

“Siempre se ha dicho que la requisa del Puerto de Veracruz era ilegal porque México no le había declarado la guerra a nadie, por lo tanto se rompía el precepto gubernamental”, indicó el Capitán.

30 años después, el Sindicato de Maniobristas no sólo reclama sus derechos, sino que tiene ocho denuncias en contra de funcionarios de aquel Gobierno, como Salinas, Pedro Aspe, Francisco Gil Díaz y el entonces gobernador de Veracruz, Dante Delgado.

Reforma Agraria (1992)

Salinas envió a finales de 1991 un proyecto de ley al Congreso para reformar las leyes de tenencia de la tierra heredadas de la Revolución Mexicana, poniendo fin a la Reforma Agraria y autorizando la participación de empresas privadas en el campo.

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En 1992 la reforma al artículo 27 constitucional significó una nueva etapa en el campo mexicano.

Se plantearon dos vías: la necesidad de modernizar al campo, a través de una serie de inversiones amplias en infraestructura, proyectos productivos y mejoramiento de semillas; o privatizar el ejido y promover la existencia de grandes controladores de la tierra con grandes inversiones, la cual resultó ganadora.

Esto ocasionó que algunos campesinos que vendieron sus tierras se acabaron pronto el dinero y se convirtieron en trabajadores del campo. También ocasionó la formación de grupos que poseían grandes extensiones de tierras de cultivo.

No obstante, millones de campesinos optaron por mantener sus tierras para el autoconsumo. En la actualidad 60 por ciento de las tierras siguen en manos de los ejidatarios.

Luego de la firma del TLCAN y con la falta de infraestructura productiva y subsidios adecuados, para el gobierno resultó más económico comprar maíz extranjero.

Firma del TLCAN (1993)

Este acuerdo comercial permitiría a Estados Unidos, Canadá y México eliminar las barreras arancelarias para el intercambio de exportaciones e importaciones de productos y se firmó bajo la promesa de llevar a México al primer mundo, con mejores empleos y salarios.

Aunque en el papel el tratado parecía exitoso, en la práctica no lo fue.

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Estados Unidos acusó que el tratado le quitó empleos a los estadounidenses al trasladar las fábricas a México, donde el salario era tres veces menor. En efecto, en México hubo más empleo, pero no una mejora en los salarios.

Por su parte, el campo sufrió una gran devastación a partir de la competencia con los productos altamente subsidiados de Estados Unidos, lo que causó la desintegración de muchas comunidades a través de la salida de campesinos, que optaron por la migración.

Levantamiento del EZLN (1994)

Este movimiento emergió el 1 de enero de 1994, como una insurrección armada en el estado de Chiapas y convirtiéndose en uno de los golpes más duros para la imagen exterior del sexenio salinista.

Los zapatistas, encabezados por el subcomandante Marcos, emitían la Declaración de la Selva Lacandona por la que declaran la guerra al Gobierno de México y exigían “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”.

Asesinato de Luis Donaldo Colosio (1994)

En marzo de 1994 el candidato priísta a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

Días antes había pronunciado un memorable discurso en el aniversario del partido que, según analistas y políticos, no habría sido bien recibido por Salinas.

“La fuerza del PRI surge de nuestra capacidad para el cambio, de nuestra capacidad para el cambio con responsabilidad. Así lo exige la Nación (…) Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales”, dijo Colosio en su mensaje.

Hasta ahora, solo Mario Aburto Martínez ha sido detenido por el asesinato de Colosio, quien fue presentado por la Procuraduría General de la República como el actor material de la ejecución y por el que paga una condena de 45 años.

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Concesiones Mineras (1994)

Germán Larrea, Dueño de Grupo México. Su fortuna aumentó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Foto: Especial.

Grupo México, la compañía minera, de transporte e infraestructura de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, ha recibido 333 concesiones de la Secretaría de Economía (SE), de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, con vigencia hasta el 2063.

Crisis económica (1994)

El peor año del sexenio de Salinas, según analistas y expertos. La rebelión encabezada por el EZLN al mismo tiempo que entraba en vigor el TLCAN, se provocó un desbalance que llevó al Gobierno federal a devaluar el peso, ocasionando un colapso financiero durante 1995.

Entre 1994 y 1995 el peso se desplomó un 43 por ciento frente al dólar, aumentado las deudas de las empresas causando que muchas quebraran, muchos mexicanos quedaron sin empleo y los ciudadanos debían más dinero del que habían solicitado a los bancos, debido a las tasas más altas.

La inflación aumentó y el nivel de pobreza pasó de 47 millones 45 mil personas en 1994 a 63 millones 967 mil en 1996.

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