Rosario Robles, fue vinculada a proceso y recluida en el Penal Femenil de Santa Marta Acatitla por el delito de ejercicio indebido del servicio público en perjuicio de las dos secretarías que encabezaba, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

De acuerdo con las pruebas que se presentaron, Robles supo de al menos 24 contratos y convenios elaborados por ambas dependencias con centros universitarios así como sistemas de radio y televisión estatales, que causaron un daño al erario de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

También se concluyó que la ex funcionaria participó en los convenios o acuerdos y no evito que se continuaran efectuando. Incluso se presume que no informó a su jefe superior, Peña Nieto, sobre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Durante la sesión, los fiscales dieron a conocer los siete contratos que habría elaborado desde la Sedesol y los 17 hechos en Sedatu, en donde solicitaba servicios a universidades y radio y televisión de algunos estados, sin importar el daño que eso implicaba a los programas sociales que encabezaba.

En los contratos se solicitaban servicios como:

  • Videos y cápsulas informativas de los programas sociales de ambas dependencias.
  • Cotejar que los recursos fueran entregados a los beneficiarios.
  • Realizar encuestas de satisfacción.
  • Entregar bienes y utensilios con los que supuestamente el Gobierno Federal habría de combatir la pobreza y mejorar el desarrollo urbano.

No obstante, según las pruebas de la Fiscalía, dichos convenios sirvieron para desviar los recursos mediante un esquema de simulación que iniciaba con la concesión de contratos a través de adjudicaciones directas.

Cuando los recursos eran entregados, los contratistas subarrendaban los servicios en un porcentaje que oscilaba entre 49 y 100 por ciento a otras empresas, quienes a su vez entregaban los fondos a otros particulares.

Por este motivo no existe evidencia de que se hayan llevado a cabo los servicios solicitados, e incluso, hay pruebas que muestran que se pagó por trabajos que ya estaban hechos.

Desvío de recursos y contratistas

De acuerdo con la información revelada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR), el desvío de recursos comenzó el 15 de febrero de 2013, con un contrato entre la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de México para el tema del Programa de Pensión de Adultos Mayores.

Rosario Robles durante su audiencia el pasado 8 de agosto. Foto: Twitter.

Las pruebas indican que hubo simulación de operaciones, así como pagos no justificados a proveedores por un total de 21 millones 77 mil 406 pesos.

Con esa institución se llevaron a cabo dos contratos; con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl otros dos, mientras que con la Universidad Politécnica de Texcoco y la Universidad Intercultural del Estado de México fueron uno con cada una.

También la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se prestó como contratista para el desvío de recursos del erario público. Con esta institución se realizaron siete convenios por más de 64 millones 994 mil 512 pesos.

En universidades de Quintana Roo fueron se firmaron tres convenios; en Chiapas tres más.

También se elaboraron contratos con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en Hidalgo. Uno en cada institución.

Además, en el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo se realizaron dos contratos, en 2014 y 2015, por 353 millones 652 mil 249 y 601 millones 658 mil 806 pesos respectivamente, y uno más se llevó a cabo con la Televisora de Hermosillo, en 2016, por 271 millones 981 mil 655 pesos.

¿Y Peña y Meade?

En la audiencia, que duró más de 12 horas, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dejó abierta la posibilidad de que la investigación también alcance a José Antonio Meade Kuribreña y al ex presidente Enrique Peña Nieto.

Durante la sesión, la defensa de Robles alegó como dato de prueba que cuando ella dejó la Sedesol, notificó mediante un acta de entrega-recepción las observaciones hechas por las ASF, por lo que Meade habría tenido que llevar a cabo su solventación.

Dicha notificación habría sido realizada mediante un documento, el cual no fue llevado ante la audiencia, por lo que el juez ordenó a Robles presentarlo ante la FGR a más tardar el 17 de agosto.

De igual manera explicó que ya que fuera recibido y analizado por la Fiscalía, se analizaría la posibilidad de iniciar una investigación en contra del ex candidato a la Presidencia, debido a la omisión en las investigaciones de los contratos mediante los cuales se hicieron los desvíos.

Robles también deberá presentar el documento por escrito en donde notificó a Peña Nieto sobre las irregularidades detectadas, ya que no basta con argumentar que lo hizo mediante el “teléfono rojo” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

De no presentar dichas pruebas, Robles estaría encubriendo al ex presidente Peña Nieto.