Para prevenir delitos como fraude o lavado de dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) opera una plataforma piloto con el modelo de supervisión tecnológica (SupTech) para recopilar y analizar millones de datos sobre los clientes y las operaciones en el sistema financiero.

“Esa plataforma ya está hoy en operación. La conectamos cuando llegamos a visita en las supervisiones ordinarias y hacemos un copy-paste conectándola a la máquina. La máquina nos da resultados y después contrastamos los resultados de los auditores-inspectores. Si nos dice que hay una diferencia abismal, nos falta por calibrar todavía. Estamos en ese proceso de prueba”, indicó el Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, Sandro García Rojas Castillo.

Además, mencionó como ejemplo un banco con 20 millones de clientes. Como órgano de la Secretaría de Hacienda que debe supervisar las entidades del sistema financiero, debe analizar y validar apellidos, sucursales y números de cuenta para detectar operaciones inusuales.

“Las bases de datos son enormes, tenemos que sacar una muestra. No hay máquina que pueda procesar 20 millones. Necesitas un analizador de big data y eso francamente no lo tiene ni Obama. Tuvimos que diseñarlo”, explicó.

Luego de analizar y almacenar el big data, la plataforma identifica de manera más fácil y rápida los factores de riesgo a través del machine learning, por ejemplo, aperturas de cuentas con operaciones remotas que sacan dinero en efectivo y no vuelven a ser usadas.

“Identificar factores de riesgo es un factor bien complejo. Qué es riesgo para quién. Hay algunos elementos naturales de riesgo, pero el entendimiento de los riesgos es quizás una de las tareas donde más énfasis vamos a poner en esta administración”, dijo.

Desde septiembre esta plataforma se encuentra en fase piloto, pero está rumbo a 45 procesos de conciliación.

La CNBV indicó además que, entre los factores de riesgo para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero, resaltan:

  • El ocultamiento de origen e identidad del propietario real de los recursos
  • Uso de familiares o cercanos como destinatarios de los recursos o acciones
  • El comportamiento atípico como alto uso de efectivo o no retiro de cuenta de nómina
  • Uso de empresas fachada

Sanciones por lavado de dinero

Por su parte, el Grupo de Acción Financiera Internacional destacó en su informe de enero de 2018 que en México faltan “procesos judiciales, sanciones y confiscación de activos provenientes de lavado de dinero”.

También recomendó el fortalecimiento de la supervisión de actividades vulnerables y el impulso de las guías sobre factores de riesgo y delitos como lavado de dinero.

“Nos cayó GAFI con una evaluación, como una visita de inspección para ver qué tan bien estábamos haciéndolo. Y fue un parteaguas de lo que viene”, explicó Omar Torres, el Director Adjunto en Prevención de Lavado de Dinero de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Foto de SinEmbargo

Ante la falta de procesos judiciales, Torres dijo que el problema no es iniciar la carpeta de investigación por lavado de dinero, sino tener una estadística sobre cuántas sentencias condenatorias hay por esos delitos.

“Ahí es donde nosotros resbalamos como país, y donde tenemos que hacer un ajuste nosotros en nuestro sistema no de prevención, pero sí de combate porque ahí ya se materializó el lavado; y así lo reconoce GAFI en su reporte”, aseguró.

También reveló que muy pronto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda emitirá la Evaluación Nacional de Riesgos 2019 para contrastar los avances con respecto a la Evaluación Nacional de Riesgos de 2016.

Aseveró que la comunicación entre la UIF y la Fiscalía General de la República ha aumentado, y que se están aprovechando nuevas tecnologías para detectar los patrones irregulares en las transacciones de clientes para identificar operaciones inusuales.

También se ha emitido una guía informativa para las entidades financieras sobre prevención de corrupción y terrorismo para evitarse procesos legislativos en el Congreso, aunque ésta no incluye sanciones ni implementación obligatoria.