Entre los expedientes que conforman las investigaciones en contra de Miguel Ángel Osorio Chong, el ex secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, destaca la contratación directa del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social que favoreció con más de 539 millones de pesos a Comtelsat del empresario Manuel Arroyo, dueño del periódico El Financiero.
Las investigaciones fueron abiertas por la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en coordinación de la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
En ellas se expone cómo fue usada la figura jurídica de “seguridad nacional” para asignar de manera directa miles de contratos de obras y servicios a empresas que no cumplían con los requisitos, otras fantasmas, otras propiedad de amigos y otras que sólo se usaron para desviar recursos, causando un presunto daño patrimonial por más de 3 mil millones de pesos.
Manuel Arroyo. Foto: Especial.
Esta información forma parte de un expediente en poder de Contralínea, que revisa todos los contratos asignados por “seguridad nacional” en los primeros cinco años de Peña Nieto, cuando Miguel Ángel Osorio Chong estuvo al frente de la Segob.
Así, el expediente informa cómo entre 2012 y 2017 se recurrió a un esquema de presunta defraudación al erario público por más de 3 mil millones de pesos, pues bajo el concepto de “seguridad nacional” -donde nada se licita y se asigna arbitrariamente– se inflaron precios, se usaron empresas fantasma y se adjudicaron contratos a amigos.
Además, en muchos casos no hay documentos que confirmen o comprueben que el gasto con dinero público empleado haya tenido obras realizadas o adquiridas.
Contralínea explica que, a decir de copias de documentos oficiales en su poder, es posible revisar miles de contratos clasificados y reservados como compras de “seguridad nacional” que según el expediente se entregaron de manera irregular, bajo la presunción de las autoridades de que fue mediante comisiones y sobornos.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Segob, con la participación de la Dirección General Adjunta Penal y Civil y el Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública.
Así, una denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), integrando el expediente y remitiéndolo a un juzgado federal en busca de que se libraran las órdenes de aprehensión pertinentes.
Los propios documentos oficiales de la Secretaría de Gobernación reconocen que fueron “contratos con riesgo alto e intermedio”, pues se otorgaron sin licitar y bajo la falsa premisa de que se ponía en riesgo la seguridad nacional y la seguridad pública.
La información de dicho expediente aún está “reservada”, pero en la denuncia se afirma que el gobierno de Peña Nieto tendría “responsabilidad patrimonial del Estado, un eventual daño a la imagen de la Secretaría de Gobernación, además de haber provocado cuantiosos pasivos laborales, lo que se traduce en litigios en proceso para determinar la cuantía y las partes involucradas”.
Una revisión hecha a los primeros 19 contratos asignados de manera directa por la Segob a 16 empresas privadas, personas físicas y una asociación civil demuestran que el gasto público ascendió, solo en esos, a mil 415.2 millones de pesos.
Algunos de los gastos hechos por Gobernación bajo el concepto de “seguridad nacional” incluyen:
- Compra de alimentos para empleados de la Segob y personas externas
- Viajes en avión para servidores públicos y migrantes
- Servicios de jardinería, aseo y limpieza
- Servicio integral de voz, datos y video
- Diagnósticos para Centros Federales de Readaptación Social
- Servicio de telefonía convencional
- Largas distancias
- Conducción de señales analógicas, digitales e internet
- Plataformas electrónicas
- Protección, custodia, vigilancia y seguridad de inmuebles
- Apoyo, análisis, diagnóstico, elaboración y seguimiento de apoyo tecnológico
- Fumigación y control de plagas
- Limpieza de inmuebles
- Mantenimiento de equipos de aire acondicionado
Según la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), relativo a seguridad nacional, se indica que los criterios para la asignación de contratos son que:
“Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia. No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción, los requerimientos administrativos que tengan los sujetos de esta ley”.
Por ello, ninguno de los contratos mencionado en el listado anterior debió otorgarse bajo el concepto de “seguridad nacional” y mucho menos pactarlos como plurianuales, ya que muchos de ellos vencen a finales de este 2022.
Además, los contratos contienen términos como “servicios prestados, no formalizados, litigiosos y compromisos trascendentales”, pese a que la Segob los pagó en su totalidad.
Un contrato plurianual de 2017 a 2020 por 539 millones 997 mil 478.9 pesos, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social fue celebrado para proporcionar servicio integral de voz, datos y video en las oficinas centrales de Prevención y Readaptación Social.
Las autoridades mencionan que éste debió asignarse a través de una licitación pública nacional, pero fue adjudicado de forma directa bajo el supuesto de seguridad nacional a la empresa Comtelsat, de Manuel Arroyo, el dueño del diario El Financiero.
Los montos asignados de forma anual fueron:
- 2017 – 134 millones 999 mil 369.60 pesos
- 2018 – 179 millones 999 mil 159.47 pesos
- 2019 – 179 millones 999 mil 159.47 pesos
- 2020 – 44 millones 999 mil 789.87 pesos
Luis Alberto Chávez Fócil
16 febrero, 2022 at 7:33 am
Pero verdad que tú no sabes nada, el financiero?… Ahí está, nada sabe.