En plena temporada electoral y mundialista, Enrique Peña Nieto firmó decretos que modifican los estatus de veda que existen en 300 cuencas hidrológicas de 20 estados del país, lo que permitirá a empresas transnacionales la explotación de estos mantos acuíferos, mismos que concentran 55 por ciento de las aguas de lagos y ríos de todo el territorio nacional.

Los permisos fueron levantados con los decretos de reservas de agua que se publicaron hace 10 días por el gobierno federal, lo que significa que el líquido fue concesionado por los próximos 50 años para ser utilizado con fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales, municipales o entregando concesiones de agua para las distintas industrias extractivas del país, como la minería, los hidrocarburos o el turismo.

Según los permisos firmados, se favorece el “uso doméstico y público urbano” del recurso natural para que los gobiernos locales que tienen concesionado el uso de agua potable hagan cesiones a la iniciativa privada, tal y como ya está autorizado en lugares como Veracruz, Puebla o Saltillo.

Además, con estos decretos se favorecen los trasvases de agua a gran escala diseñados en varios megaproyectos hidráulicos, como el sistema Cutzmala del Estado de México; el Monterrey VI (que prevé el trasvase del agua del río Pánuco a Monterrey) o la presa y el acueducto de El Zapotillo, que busca hacer un trasvase de las aguas del río Verde de Los Altos de Jalisco al complejo industrial de Guanajuato.

Estos trasvases, además, son uno de los casos más evidentes de despojos de bienes comunes, pues se les quita el agua de las comunidades indígenas o agrarias, para llevarla a grandes áreas urbanas.

La coalición Agua para Todos advirtió que los decretos de levantamiento de veda también podrían poner en riesgo hasta 50 mil concesiones sin título actualizado o vigente en comunidades indígenas o núcleos agrarios, quienes tenían “las dotaciones de líquido por decreto presidencial, pero esta figura cambió en la ley de Aguas Nacionales y no las renovaron”.

Para hacer un poco más “legítima” su decisión, Peña se hizo acompañar durante la firma del decreto por una organización no gubernamental internacional, World Wildlife Fund, la cual aplaudió la decisión del mandatario. Su presidente en México, Jorge Rickards, declaró que “estos decretos representan una visión de futuro que evitará la grave sobre explotación, contaminación y escasez que vivimos en muchos otros ríos del país”.

Mientras tanto, la coalición Agua para Todos ha declarado que los decretos “van a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos”.