Para nadie es sorpresa que nuestro país posee una economía subordinada e interiormente desarticulada, como resultado de haberse subdesarrollado (que no desarrollado) dentro de un patrón de acumulación que a escala mundial lo privó de impulsar actividades productivas clave.

Esta condición de subdesarrollo es uno de los principales factores que explican las deformaciones en la estructura productiva y la gran desigualdad en el país. Desigualdad que no sólo se presenta entre las clases sociales que conforman el sistema, capitalistas y obreros, o si se prefiere, empresarios y trabajadores. Sino también al interior de cada una de las clases sociales, pues de ninguna forma se puede comparar a los grandes empresarios trasnacionales con los pequeños y medianos empresarios.

Para que nos demos una idea, no existe un lindero preciso que permita establecer en dónde empiezan y terminan las empresas pequeñas y medianas, pero la diferencia que estas dos tiene con las empresas multinacionales (EMN) son abismales.

Y no hablamos sólo de la disimilitud en los niveles de eficiencia, resultados de las diferencias en la organización administrativa y niveles tecnológicos, o la carencia de información y conocimiento preciso del mercado (supuesto básico de la teoría neoclásica); sino de lo disímbolo en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la dependencia de financiamiento.

En términos concretos, las empresas medianas jamás podrían competir en contra de las EMN, ya que trabajan con costos más altos de producción; frecuentemente venden a través de intermediarios (y no de forma directa), dependen de financiamiento externo (de banca privada y proveedores), y no disponen de personal altamente calificado, ni de posibilidades para instruirlo. Amén de que, durante los seis sexenios de neoliberalismo (de 1976 a 2018), no tuvieron el mismo trato en materia de exenciones fiscales.

Por esto, los empresarios mexicanos, deben tener muy clara la enorme diferencia entre ellos y los empresarios que pertenecen a la oligarquía mexicana. Y no olvidar jamás que los únicos beneficiados de la política de crecimiento hacia el exterior fueron los oligarcas, los arquitectos del neoliberalismo, los empresarios de multinacionales. Los que convirtieron a nuestro país en su plataforma exportadora, desplazando con ello a la mayoría de los empresarios nacionales (pequeños y medianos) que, ante la falta de una política reguladora de entrada de inversión extranjera, se les negó una política económica impulsora de los eslabonamientos productivos que les daría una mayor estabilidad económica y perspectivas de crecimiento.

Y aquí me permito recordarles a los empresarios nacionales que la participación activa del Gobierno mexicano en actividades productivas, no les debiera representar ni temor, ni asombro. Para muestra se tiene que, en los años previos al neoliberalismo, el Estado participaba con cerca de la mitad de inversión total en el país y sólo obtenía el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) (Aguilar, 2005:235), lo cual resulta revelador del papel que desempeñó en el proceso de acumulación y, por tanto, en la reproducción de las relaciones capitalistas.

En suma, la situación actual nos obliga a cambiar el relato y el sentido común. Pues el neoliberalismo que imperó en nuestro país se valió principalmente de dos formas de acumulación: una bajo formas financieras (no productivas) y la segunda, mediante la corrupción, expresada mediante el saqueo de fondos públicos en favor de unos cuantos privados.

Por eso no es de sorprender que el poder al que hoy en día se enfrentan nuestros servidores públicos sea una red de poder transexenal y trasnacional, que más allá de lo agresiva y demagógica en los medios de comunicación, presenta tintes golpistas. Basta con ver cómo la abierta defensa a los monopolios no sólo se vale de la confusión dirigida al pueblo mexicano, mediante las inmorales fake news, también se acompaña de la ruptura de la legalidad. El ejemplo más reciente, la negación a hacer frente a sus responsabilidades fiscales.

Referencias:
Aguilar Monteverde, Alonso. 2005. Economía Política del Desarrollo. Tomo II. México: IIEc y Casa Juan Pablos