El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, denunció que la empresa española Sacyr, a la que calificó como “consentida” de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, continúa recibiendo miles de millones de pesos del erario gracias a un contrato de asociación público-privada (APP) para la construcción y administración del Hospital General de Tláhuac.
En entrevista para Los Periodistas en Canal 11, Batres explicó que este contrato forma parte de la política de privatización de servicios esenciales de salud impulsada durante los gobiernos neoliberales.
“Actualmente se le sigue entregando a esta empresa 137 millones de pesos mensuales, pactados a 23 años”, señaló el titular del ISSSTE, quien aseguró que el organismo mantiene una disputa legal para revertir las condiciones del acuerdo.
Clínica del IMSS abandonada. Foto: Especial.
El contrato otorgado durante la administración de Peña Nieto contempló el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del hospital, convirtiéndose en uno de los proyectos APP más costosos del sector salud. Batres comparó el monto total del acuerdo con lo que costaría construir nuevas obras públicas.
“Con 37 mil 800 millones podemos hacer diez hospitales regionales de alta especialidad”, afirmó.
El funcionario recordó que durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los recursos públicos fueron canalizados de manera sistemática hacia empresas privadas, tanto en el sector salud como en educación, donde proliferaron becas para instituciones particulares.
En materia sanitaria se privatizaron servicios esenciales como hemodinamia, anestesia, imagenología, radiología y tomografía, además de impulsar la construcción de hospitales bajo esquemas APP que aseguraban pagos multimillonarios a empresas privadas por décadas.
La empresa Sacyr fue uno de los principales beneficiados de este modelo. Además de proyectos carreteros y de obra pública, en 2017 obtuvo la licitación del Hospital de Tláhuac, cuya operación permanece bajo su control.
Batres subrayó que la administración actual busca corregir este tipo de contratos para recuperar recursos destinados originalmente al sector público.
“No estamos en contra de los hospitales privados; son necesarios y muchos son muy buenos. Pero esos hospitales deben sostenerse con lo que pagan sus usuarios, no con recursos públicos que deben destinarse a la salud pública”, afirmó.
