Desde que comenzó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la 4T ha sido blanco de múltiples juicios de amparo contra sus megaproyectos, sus políticas públicas y leyes y reformas que promueve en el Congreso, con tal de frenarla.
Tras las pasadas elecciones del 6 de junio, se espera que la oposición, conformada por partidos de derecha, empresarios y cúpulas que gozaban de grandes beneficios fiscales, así como líderes de opinión y comunicadores, sigan promoviendo amparos, pues no lograron arrebatarle la mayoría del Congreso al partido del mandatario.
Hasta ahora han tratado de usar esos recursos judiciales para frenar proyectos como:
- El Aeropuerto de Texcoco
- La construcción del Aeropuerto de Santa Lucía
- La construcción del Tren Maya
- La aplicación de la austeridad republicana
- La rectoría del Estado sobre los recursos energéticos
- El etiquetado en la comida chatarra
- La rescisión o renegociación de contratos leoninos, multas y sanciones contra empresas que incurren en prácticas corruptas
- Pago millonario de impuestos que deben hacer los grandes contribuyentes
Entre los principales promotores de esa judicialización de la política se encuentran empresas y transnacionales y sus dueños; organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la Coparmex y Causa en Común; servidores públicos, como los consejeros del INE o del Banco de México; así como órganos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Según expertos consultados por Contralínea, algunos integrantes del Poder Judicial son actores relevantes de la estrategia que busca debilitar a la 4T, encabezada por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos.
Incluso, el politólogo estadounidense Gene Sharp ha dicho que la judicialización de la política forma parte de un golpe de Estado blando, pues permite acotar permanentemente al Gobierno y, en su momento, atestar el golpe mediante procesos judiciales injustos para derrocar a los gobernantes en turno.
Así, leyes y reformas aprobadas en el Congreso han sido controvertidas para buscar su suspensión definitiva.
Tal es el caso de la Ley de la Industria Eléctrica, que sumó más de 120 juicios de amparo, 26 suspensiones provisionales y 14 definitivas.
Entre los demandantes hubo grandes compañías, como Walmart, Bimbo, Desarrollos Eólicos Mexicanos, Fuerza y Energía de Tuxpan, Eólica Santa Catarina, Parque Eólico Reynosa III, Blumex Power, entre otros. Además, la Cofece interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“No están ahí defendiendo a comunidades indígenas, territorios, no. Están defendiendo intereses económicos. El hecho de que frenen cada una de las iniciativas de reforma que presenta el presidente también es muy revelador de cómo le apuestan realmente al desgaste, a deslegitimar por medio de argucias leguleyas las razones políticas de López Obrador. Ponen a pelear razones legales, creo que más bien leguleyas, contra razones políticas o más bien éticas. Entonces creo que por ahí va la confrontación entre el Poder Judicial y el Gobierno, o el Ejecutivo. Es un poco como la confrontación entre lo legal y lo ético”, indica la académica del Colegio de México, Violeta Vázquez-Rojas.
La experta considera que el “golpe judicial es parte también de los golpes blandos”. Al mismo tiempo, critica que el Poder Judicial es el único que no es electo por la ciudadanía, por lo cual tiene menos legitimidad popular que los otros dos poderes.
También la Ley de Hidrocarburos ha enfrentado la resistencia del poder económico, promovida por empresas como Grupo Base Energético, Servicio Villa de Arista, Petrotal, Tiger Fuel, Cimagas, entre otras.
Las suspensiones fueron concedidas por los jueces Rodrigo de la Peza López y Juan Pablo Gómez Fierro, los mismos que beneficiaron a las empresas en el caso de la Ley Eléctrica.
El experto en derechos humanos, Mario Santiago Juárez, dijo a Contralínea que “es grave que las grandes decisiones de este país se judicialicen, porque las grandes decisiones tienen que ser democráticas, no judicializadas”.
“Las políticas públicas son una cuestión del gobierno. La soberanía, el Artículo 27 constitucional original nos habla de que los bienes son originalmente de la nación y que el Estado podrá imponer el tipo de modalidad de propiedad que se necesite, es decir, que ya desde el origen revolucionario de nuestra Constitución nos habla de un poder del Estado para ser rector económico, y esto es lo que los empresarios, por ejemplo energéticos, están viendo que se les va el gran negocio, que no era más que un abuso porque en muchos casos estaban subvencionados por el Estado, es decir, por nosotros que estamos pagando impuestos”, agrega.
Mientras tanto, el investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, José Gandarilla Salgado, considera que en el fondo prevalece lo que se conoce como la constitucionalización del neoliberalismo.
Así se explica por qué no solo los empresarios, sino también los organismos, como la Cofece, se han amparado contra las reformas que promueve AMLO.
“El neoliberalismo ha pretendido mantener las políticas que han beneficiado al gran capital, a las estructuras de integración global, a los procesos de globalización y se plantean estructuras jurídicas o de otra naturaleza. Por lo que los llamados organismos autónomos que regulan la competencia pretenden, en los hechos, garantizar los intereses del régimen anterior. Esto ha sido muy claro en las telecomunicaciones y en las leyes de energía: en hidrocarburos y en la industria eléctrica. Los organismos autónomos no son sino estructuras que pretenden garantizar los códigos, las formas de competencia económica favorables al neoliberalismo”, dijo.
Añadió que cuando esos organismos autónomos pretenden legitimarse diciendo que regulan la competencia, no ha sido en ningún sentido que regulen esa competencia, pues regulan la competencia entre monopolios y defienden a los monopolios bajo el cuento de que las anteriormente empresas estatales también se constituyen en monopolios.
Considera que la estrategia de golpe blando “está acompañada de los amparos judiciales, con los organismos que regulan la competencia y con los órganos autónomos”.
Otro ejemplo de ley que ha enfrentado el rechazo ha sido la de Austeridad Republicana y la Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Ambas sumaron más de 5 mil juicios de amparo, muchos promovidos por consejeros del INE y altos funcionarios del Banco de México.
La doctora Patricia Pozos, académica de la UNAM, indica que los actores del golpe blando están subiendo el tono en términos de utilizar estrategias como los amparos.
Considera que, al ver que el plantón en el Zócalo de Frena o las caravanas en auto que exigían la salida de López Obrador de la Presidencia no tienen impacto, “han buscado otras estrategias y creo que ya encontraron un camino a través del Poder Judicial para detener, por medio de amparos legales, las reformas que propone AMLO”.
El doctor Mario Santiago opina que los juicios de amparos que buscan la suspensión definitiva de las leyes van en contra de las instituciones, en ese caso de las cámaras de Diputados y Senadores.
Dice que intentan diezmar el poder que tiene el Congreso, cuando éste es la representación del pueblo, y el Ejecutivo fue designado de forma directa por la ciudadanía.
“Entonces, las decisiones que toma el Presidente las toma durante 6 años y la legislación, la Constitución, son los únicos límites al Poder Ejecutivo, pero nada dice que los empresarios pueden oponerse por otra vía que no sea la democrática a las decisiones soberanas”.
Santiago indica que es gravísima la judicialización de la política y que, desde la Presidencia, también hay estrategias para contrarrestarla, por ejemplo, fortaleciendo la Suprema Corte.
