La transición democrática del 2018 significó, entre otras cosas, la irrupción institucional de un poder que, si bien ya estaba presente, no se había hecho efectivo: el poder popular.

Tras la alternancia del 2000, se presumió que por fin habíamos transitado a la democracia. Sin embargo, no se cumplía ni su característica más elemental: que el poder resida en el pueblo. A lo mucho, se había alcanzado una pluralidad partidista que distaba bastante de una democracia sustantiva.

La victoria del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha cambiado esta tendencia y ha acercado el poder a los mexicanos.

Este escenario ha generado una curiosa reacción de quienes antes pertenecían a la élite del poder. Antes, el poder en México se repartía entre los poderes formales y los poderes fácticos. Éstos con la particularidad de que no representaban a nadie más que a sí mismos; nadie los eligió y aun así detentaban un gran poder que servía para fines privados. Es curioso, porque precisamente los actores que ejercían un poder de facto son quienes acusan a la nueva administración, elegida por el voto popular, de “concentrar demasiado poder”.

Esto ha provocado un debate público acerca de los poderes. Mientras que los simpatizantes del nuevo gobierno, 78 % de la población (El Financiero, 4/03/2019), celebran el cambio; quienes anteriormente detentaban el poder de manera ilegítima ahora se ostentan defensores de la democracia ante la “concentración del poder absoluto en manos de una persona” (Enrique Krauze, 14/06/2018).

En el México de hoy, el poder formal pasó de manos de una partidocracia a un gobierno popular. Sin embargo, en lugar de que los partidos políticos que fueron derrotados en 2018 formaran un grupo opositor, pareciera que han quedado en el abismo político. Basta mencionar que el más destacable acto opositor de estos partidos fue la carta enviada por Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, a la OEA solicitando que “garanticen la democracia en México” (MVS, 29/03/2019); de no ser por lo antipatriótico, sería sumamente cómico. En contraste, quienes están conformando un bloque opositor son precisamente los poderes fácticos.

Es un discurso cómodo, pero poco democrático; porque, por un lado, no representan a nadie, y por el otro, asumen posturas políticas mientras navegan con bandera de ciudadanos organizados que se “enfrentan al poder”. Si miramos de cerca, notaremos que quizá no ejerzan poderes formales, pero vaya que no son ajenos al poder.

Esta camarilla reaccionaria está compuesta por diversos actores; destacan: medios como el diario Reforma y su nueva dirección editorial, organizaciones de la sociedad civil como el IMCO, el líder de la Confederación Patronal, Gustavo Hoyos, caciques culturales como Enrique Krauze y los autodenominados comentócratas, miembros de la élite empresarial como quedó documentado en la investigación de la Operación Berlín y hasta periodistas rockstar como Jorge Ramos.

Las constantes son dos: 1) todos presumen al nuevo gobierno como autoritario o con excesos de poder y 2) todos son actores con poder.

En suma, podemos concluir que en el primer año del sexenio obradorista existen dos polos de poder en México.

El primero lo ejerce el Gobierno Federal, no sólo con la legitimidad de las urnas y sus 30 millones de votos, sino con una popularidad creciente que sugiere que vivimos en un momento político casi consensual.

En el segundo es donde gravitan las fuerzas reaccionarias mencionadas en este texto que, de acuerdo al Presidente, representan una suerte de partido (frente) conservador.

Así, la disputa por el poder se desarrolla entre el poder formal y popular y entre los poderes privados. Al cierre de caja, el partido conservador (los fifís en el argot popular) no ha logrado ganar terreno a la Cuarta Transformación; no obstante, confiarse sería un error histórico. Atender la petición del Presidente en su discurso en el Zócalo tras su toma de protesta es la única manera de resistir ante los futuros embates de los grandes intereses nacionales e internacionales. No podemos soltarnos.