El periodista que lucha contra la “quebrada” revista Proceso

A casi seis años del cierre de Proceso Jalisco, el suplemento que durante casi toda su existencia comandó Felipe Cobián Rosales, el semanario Proceso, responsable de esa edición, aún tiene cuentas pendientes y no termina por pagar la indemnización a Alberto Osorio Méndez, el único reportero que tenían que liquidar y quien se vio obligado a demandar a la revista por el despido injustificado.

El jueves 16 de febrero, un representante legal de la empresa se apersonó en la Junta de Conciliación y Arbitraje número 1 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco en una audiencia de conciliación que solo sirvió para demostrar que la empresa vive en crisis y que el demandante debe aceptar un pago menor a los 60 o 70 mil pesos, por más de 9 años de servicio y con un sueldo cercano a los 20 mil pesos mensuales.

Lo cierto es, que, durante su visita a Jalisco, el representante legal de la empresa se colgó de la situación financiera de la revista para no saldar la deuda que sostiene con Osorio Méndez.

“El abogado que manda Proceso esta semana aquí a Jalisco viene con la misma expectativa de pagar lo menos posible con el menor esfuerzo de parte de la defensa legal de Proceso para tratar de aminorar el impacto de carácter económico que seguramente va a tener que enfrentar si la autoridad laboral me da la razón, pero ese es el entramado que se está dando y me llama mucho la atención el hecho de que el señor llega y nos dice que no está bien económicamente la revista, que está enfrentando una situación sumamente compleja y luego muestra por ahí una imagen digital en donde dice que se está pirateando mucho la revista, la están clonando, no sé de qué manera y bueno, quizá tenga razón, pero eso no la deslinda de sus obligaciones hacia tu servidor como trabajador de la revista Proceso”, señala.

Sin disposición de la empresa

En los hechos, la empresa nunca ha estado dispuesta a indemnizar al periodista. El afectado recuerda que poco antes del cierre del suplemento Jalisco, el personal del área administrativa le argumentaba que tenía un fuerte adeudo con el Infonavit y su liquidación no podía superar la cantidad de diez mil pesos.

“Argumentaban que yo traía un adeudo muy fuerte con el Infonavit y ya cuando fui con el Infonavit, me dicen: con usted no hay absolutamente nada y si hay algún problema con la empresa, es la empresa la que debe responder por sus actos o sus omisiones”, detalla.

El pasado 18 de febrero, el periodista Salvador García Soto comentó en su columna Serpientes y Escaleras del diario El Universal que el semanario Proceso atraviesa una crisis económica que le obligaría a dejar de imprimir su revista, ocasionada, según el columnista, porque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los gobiernos estatales de Morena, cancelaron las pautas de publicidad en la revista “a partir de las quejas del presidente López Obrador sobre publicaciones y portadas de la revista”.

La crisis, aseguró García Soto, es tan evidente que a los trabajadores de distintas áreas les eliminaron el fondo de ahorro y prestaciones, y ese mismo día, en la redacción de la revista se discutía la posibilidad de no entregar el número impreso correspondiente al 19 de febrero del año en curso. La crítica situación económica ha obligado a Proceso a retener en forma el pago de sueldos en algunos momentos.

Al corte de esta edición, Proceso continua con la impresión de su revista, pero ni los propietarios de ésta, ni el director Jorge Carrasco, ni el editor en jefe, Santiago Igartúa Scherer, han desmentido el rumor sobre una posible quiebra económica.

El periodista recuerda que previo al cierre de Proceso Jalisco, el director Rafael Rodríguez Castañeda, dejó abierta, aunque de manera verbal, una posibilidad de que se quedara como corresponsal, junto con Gloria Reza. Finalmente, Gloria Reza, quien había sido nombrada jefa interina tras la salida de Felipe Cobián Rosales, quedó como única corresponsal y Osorio Méndez fue despedido pero sin liquidación.

Como responsable de la edición Jalisco, dice Osorio Méndez, a Reza le tocaba recibir la demanda laboral y turnarla a la dirección nacional de Proceso, pero la mujer se negó categóricamente. Osorio Méndez es un periodista experimentado que ha pasado por la redacción de distintos medios de comunicación de la radio, televisión y prensa escrita, como reportero, jefe de información, editor y director. A pesar de las vicisitudes de la profesión que imperan en Jalisco y que han jugado en su contra, no ha soltado la vocación y continúa ejerciendo un periodismo crítico, ahora, desde la plataforma independiente partidero.com, fundada por Felipe Cobián Rosales.

Paralelamente a su actividad como periodista, Osorio Méndez se ha desarrollado como docente y como emprendedor cultural. Desde el 2015 organiza el Coloquio Voces desde El Llano, que se lleva a cabo en el municipio de San Gabriel, Jalisco, para conmemorar el natalicio de Juan Rulfo y reflexionar en torno a su obra.

El entrevistado es un periodista multifacético que ha hecho cobertura a una agenda social muy amplia, pero en Proceso Jalisco se especializó, (y no por decisión propia) en el seguimiento a asuntos vinculados con la delincuencia organizada, un tema que convirtió al semanario nacional, de acuerdo con palabras del propio periodista, en el “Hola del narcotráfico”.

Con el auge de la violencia a cargo de grupos delincuenciales, a partir de la guerra emprendida por Felipe Calderón, la revista construyó un mercado editorial espeluznante que bordeaba los límites entre los hechos crudos, y quizás hasta la apología.

Para los lectores es claro que en últimos 15 años Proceso se encarriló por un sendero oscuro con la publicación de cruentas portadas, fascículos especiales que se vendían en bolsas selladas, y una colección de libros denominada ‘Crimen Organizado’. El sitio web de la revista tenía además una pestaña en la barra superior que llevaba por nombre ‘Narcotráfico’, con la que se simplificaba el acceso al contenido, y que bajo la nueva administración del semanario ha desaparecido.

Al mando de esa línea editorial de tipo necrófila se encontraba el ex director Rafael Rodríguez Castañeda, quien se jubiló en marzo del 2020.

“El director argumentaba que la edición solamente publicaba un 10 por ciento de todo lo que llegaba a la redacción y que si nosotros veíamos muy fuertes las imágenes es porque no alcanzábamos a ver todo lo que llegaba a la redacción, pero es algo ingenuo de quererlo justificar”, recuerda.

“Me pregunto yo si la familia Scherer nunca se dio cuenta de que en muchas ocasiones Proceso estaba convirtiéndose en el Hola del narco. Incluso en alguna ocasión se presumió como parte de los artículos que tenía una banda de narcotraficantes, publicaciones de Proceso. Dices ¡Ah caray! ¡En qué nivel estamos!”.

En la última década que condujo Rodríguez Castañeda, salieron del semanario algunos periodistas destacados en crónica e investigación, entre ellas Marcela Turati, quien parecía ir a contracorriente de las portadas, privilegiando la voz de las víctimas del narcotráfico y la guerra emprendida por Calderón; Daniel Lizárraga, quien posteriormente lideró al equipo de investigación de Carmen Aristegui y reveló en un magnífico reportaje, la Casa Blanca de Peña Nieto; y Álvaro Delgado Gómez, quien renunció en marzo del 2021 para incorporarse de lleno al medio digital Sin Embargo.

Ese año, pero en el mes de septiembre, también renunció el periodista Alejandro Caballero con una demoledora carta que hizo pública en sus redes sociales, en la que acusaba a la nueva dirección encabezada por Jorge Carrasco, de tomar un rumbo muy distinto al precedido bajo las riendas de Julio Scherer García, con un consecuente “acelerado desprestigio, una derechización de su línea editorial y una crisis económica de la que no se informa a los trabajadores, tienen a Proceso en quizá la más delicada situación desde que se fundó en 1976”.

Caballero también advertía de un giro ideológico en la revista y maltrato laboral hacia los trabajadores.

“La orientación periodística e ideológica impuesta por los actuales mandos al semanario y que se refleja también en la página web, ya tiene sus consecuencias: una dramática caída en la venta de ejemplares, un derrumbe en las suscripciones y una caída preocupante en las visitas al espacio digital”, escribió.

“Los agravios que recibí desde la cúpula y que incluyeron marginarme de cualquier toma de decisiones y en el absurdo cambiar mi escritorio por uno más pequeño y borrarme del directorio por más de un año, lamentablemente no han sido los únicos. El Proceso que privilegiaba las relaciones humanas, factor que lo distinguía de cualquier otra empresa periodística, se esfumó con la llegada de Carrasco e Igartúa”, aseguró el periodista.

El pasado 20 de febrero, bajo la dirección de Carrasco, renunció la periodista Neldy San Martín, quien hizo público en Twitter su separación del medio y el 9 de marzo anunció en la misma red su incorporación al medio digital La-Lista.

A propósito de la carta de Caballero, el periodista Ricardo Ravelo, quien también formó parte de la revista, hizo una reflexión al respecto. Para él, las injusticias laborales en el semanario, iniciaron a partir de la muerte de Scherer García.

“Comenzaron las injusticias laborales, el mal trato en algunos casos, algunos despidos fueron calificados como injustos y, paulatinamente, la parte editorial empezó a mermar”, afirmó.

Los hechos anteriores, no son más que el prefacio de lo que estaba a punto de ocurrir con el suplemento de Jalisco. Osorio Méndez lamenta el trato déspota del área administrativa de la revista, que, para no indemnizarlo, ha recurrido, dice él, a tácticas propias de una tienda departamental que busca liquidar su asunto con el menor gasto y a la mayor velocidad posible.

Y resalta:

“Es muy lamentable que después de tanto tiempo de trabajo para una revista como Proceso, con toda la responsabilidad y riesgo que ello implica y con el prestigio y la supuesta honorabilidad que debería obedecer a este tipo de revistas, hacia el interior del propio equipo en el área administrativa se comporten como los empleados de cuello blanco de Coppel, que tiene la orden de despedir a un trabajador de intendencia. Olvidan principios, credibilidad, honorabilidad y muchos otros valores que me imagino los conocieron o al menos debieron haber conocido al lado de Don Julio Scherer”.

El periodista recuerda el último año de existencia del suplemento en Jalisco había un clima de fuerte tensión entre los reporteros que se quedaron a bordo del barco hasta que terminó por hundirse. Para ese entonces, el semanario había forzado la jubilación del jefe de información, Felipe Cobián Rosales, luego de que se cansaron de ningunear su figura e incluso de censurar su columna de Partidero donde hablaba sobre los excesos de los dirigentes de la Luz del Mundo, mucho antes de que el líder de esa iglesia, Naasón Joaquín, fuera condenado en una corte de Estados Unidos a purgar 16 años y 8 meses en prisión por el abuso sexual de fieles.

“Había una marcada presión para tratar de que se cayeran de manera natural todos los trabajadores de Proceso Jalisco, que se fueran sin necesidad de proceder a su liquidación y entiendo que eso fue lo que les pasó a varios de los compañeros”, menciona.
Uno de esos colaboradores menciona a este reportero, que probablemente la empresa quiso evitar una demanda masiva y por ello no avisó del cierre inminente; mucho menos les ofreció una explicación de la presunta crisis económica que les obligaba a retirarse de Jalisco.

Entre el recorte de colaboradores se fueron Rafael del Río, un fotógrafo y documentalista de talla nacional; el monero Saúl Herrera ‘Qucho’, convertido en todo un referente de la caricatura en Jalisco, cuyo trabajo ha opacado a leyendas del cartón político tapatío como Manuel Falcón, quien optó por integrarse a la maquinaria propagandística del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Osorio Méndez recuerda los esfuerzos que hizo el equipo local de Proceso para conservar el suplemento mediante un esquema en el que se planteaba la migración total de la revista impresa hacia uno completamente digital, pero los ejecutivos del semanario se negaron rotundamente.

Prevalecía una visión muy centralista y el equipo de Proceso Jalisco realmente no tenía poder de injerencia en la edición de su contenido.

“La edición siempre fue una edición tutelada desde México. Desde México se definía cuál era la portada, cómo se hacían las cabezas, la incidencia que se tenía en muchas ocasiones era menor, igual también se tomaba mucho en consideración lo que Felipe Cobián decía o proponía, pero nunca se soltó la edición para que Felipe Cobián y su equipo decidieran todo”, comenta.

Contrario a lo que algunos opinan en el sentido de que Proceso se ha “derechizado”, el periodista se muestra más cauteloso, pues señala que el semanario nunca ha tenido “buenas ligas” con los gobiernos en turno. Recuerda que el ex presidente López Portillo, harto de la crítica, canceló un contrato de publicidad que sostenía con Proceso, con una sentencia que llegó para quedarse y sigue tan vigente después de 37 años: “No pago para que me peguen”.

Sin embargo, desde su punto de vista, lo que sí es digno de análisis, es el manejo editorial que la familia de Don Julio le ha dado al semanario después de su muerte. En su opinión no ha sido afortunado. Por un lado, María Scherer Ibarra, quien contrajo nupcias con el hermano de Margarita Zavala, Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, ejerce el periodismo, pero no en Proceso, sino en Latinus, la plataforma digital que conduce Carlos Loret de Mola, financiada por el priísta Roberto Madrazo.

Por el otro, Julio Scherer Ibarra, quien nunca ha practicado el periodismo, y se ha dedicado a brindar asesorías jurídicas a través de su despacho de abogados. En el 2018 fue nombrado por AMLO como su consejero jurídico. Tuvo un paso penoso y en el 2021 se vio obligado a salir en medio de un escándalo de presunta corrupción. Actualmente es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que presuntamente ocultó su patrimonio inmobiliario a la Secretaría de la Función Pública (SFP) mientras fungió como abogado del mandatario.

“Julio Scherer tuvo la osadía de convertirse en asesor legal de Andrés Manuel López Obrador y no salió bien, tú lo comparas con otros medios de comunicación que tampoco están bien, pero cuando menos no se ven en la necesidad de que uno de los principales de la revista se meta como asesor del presidente para después terminar mal. No sé si fue una mala jugada o si era parte de los planes que tenía Julio Scherer en términos económicos para justificar el cierre. No conozco mucho de sus andanzas, pero su forma de proceder es muy parecida a la de cualquier otro empresario”, comenta el periodista.

A Scherer Ibarra se le atribuye ser dueño de al menos siete casas y departamentos en Ciudad de México y el puerto turístico de Acapulco con un valor estimado en 3.7 millones de dólares, localizados en zonas lujosas como Polanco y Lomas de Reforma, en el caso de la capital, y la zona Diamante en el caso del destino de playa. En un reportaje que publicó el diario El País el pasado 10 de febrero del 2023, queda de manifiesto la inmensa fortuna que amasó el hijo de Scherer García con la compra-venta de bienes inmuebles que no fueron incluidos en su totalidad en su declaración patrimonial al momento de tomar protesta como asesor del presidente.

El País menciona, como parte de los bienes inmuebles del ex funcionario, un lujoso departamento adquirido en Miami a través de una estructura corporativa offshore, pero no incluye el departamento de Nueva York que adquirió en enero del 2014 por un monto de 1.7 millones de dólares.

El enriquecimiento de Scherer Ibarra coincide con la crisis económica que ha afrontado el semanario en la última década y la desaparición, por supuesto, del suplemento Jalisco.

A diferencia del trato que Proceso le ha otorgado a Alberto Osorio, vale la pena recordar cómo la periodista Sanjuana Martínez obligó a que la revista le indemnizara, después de haber sido despedida de forma injustificada en el 2015. El propio ex director Rafael Rodríguez, aseguraba que Sanjuana “quería quedarse con la edición” debido a que la autoridad laboral obligó al semanario a entregarle una liquidación de varios millones de pesos. Ante esto, el periodista Alberto Osorio añade que, en tales circunstancias, los empleados de Proceso están expuestos a quedar en la calle en cualquier momento como simples trabajadores de Coppel o de cualquier otra empresa.