El desfalco millonario de Lorenzo Córdova en el INE

En su administración Lorenzo Córdova Vianello no se cansó de presumir que, bajo su mando, el Instituto Nacional Electoral (INE) se convirtió en la institución más transparente del Estado mexicano en lo que compete a auditorías y procesos de vigilancia, pero lo cierto es que el exconsejero presidente se marchó del INE con un desfalco por más de 5 millones de pesos.

A la fecha, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sigue esperando que el organismo electoral aclare o reintegre ese recurso a la Hacienda Pública, que presuntamente se destinó a la operación y difusión de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 y a la compra de materiales impresos como libretas, banderines, lonas, manteles, etiquetas, instructivos para votar desde el extranjero y volantes con la liga de propuestas de las y los candidatos mediante los contratos INE/100/2018 e INE/082/2017 respectivamente.

Para la realización de la Consulta Infantil y Juvenil del año 2018, el INE ordenó la compra de 9 millones 390 mil 6 materiales, en tanto que en el segundo contrato se estableció la entrega de 2 mil cuadernos y la distribución de 782,136 materiales a 147 embajadas y consulados.

Pero en ambos casos, el INE no presentó la evidencia documental que acredite la entrega de los productos, razón por la cual la ASF le fincó un monto que asciende a los 5 millones 125 mil 504.09 pesos como probable daño patrimonial a la Hacienda Pública.

Hasta agosto del 2021, el INE tenía pendientes poco más de 22 millones de pesos correspondientes a los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018. Entre las observaciones emitidas por la ASF se encontraba el arrendamiento de vehículos, pagos en demasía a funcionarios electorales, renta de equipo y bienes informáticos, compra de teléfonos celulares y dietas a consejeros electorales distritales.

De esas observaciones, el INE logró solventar 17 millones de pesos, pero siguen faltando 5 millones 125 mil 504.09 pesos.

Tan sólo en la auditoría practicada al ejercicio fiscal del 2018, de la que Polemón posee copia, se desprenden numerosas irregularidades cometidas con el uso de los recursos.

Ese año, el INE gozó de un presupuesto extraordinario por la concurrencia de las elecciones que se estableció en poco más de 23 mil 268 millones de pesos.

De acuerdo con la auditoría, sólo ejerció 22 mil 957 millones de pesos y lo restante lo devolvió a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

El INE contrató a 84 mil 322 prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios permanentes y eventuales. Una de las primeras observaciones en esa auditoría señala un probable desfalco por 6 millones 230 mil 247 pesos debido a la falta de informes de actividades de 99 prestadores de servicios, y el pago en demasía de más de un millón 600 mil pesos a 77 prestadores de servicio, toda vez que se les pagó una cantidad mayor que lo establecido en los contratos correspondientes.

También detalla que tras haber hecho una revisión a los documentos que debían entregar para su contratación, se detectó que en 14 casos no se incluyó su declaración bajo protesta de decir verdad si estaban inhabilitados para el desempeño en el servicio público y otros 20 ni siquiera entregaron su currículum vitae.

En otro contrato, marcado con el número INE/ADQ-0232/2018, que tenía por objeto la impresión y distribución de 15,000 ejemplares del calendario de “Efemérides nacionales 2019”, en los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán, tampoco se acreditó que eso hubiera ocurrido, dejando en la incógnita el uso de poco más de 20 millones de pesos.

La ASF fiscalizó los recursos de la partida 44108 que corresponde a “Dietas a consejeros electorales y distritales en el año electoral federal”. En ese 2018, el INE ejerció 342 millones 941 mil pesos para pagar las dietas de 3 mil 631 consejeros de las 32 entidades federativas del país.

El órgano auditor detectó una compra irregular de refrigerios por la recepción de paquetes electorales que asciende a 15 millones de pesos, algo que no debió suceder, pues la adquisición de bocadillos debió realizarse con los recursos de la partida 22106 denominada “Productos alimenticios para el personal derivado de las actividades extraordinarias”.

También determinó que el INE ejecutó pagos en demasía entre enero y septiembre del 2018 en mil 396 casos por un importe superior a los 40.5 millones de pesos. Entre octubre y diciembre del mismo año volvió a ocurrir la misma situación con pagos superiores a lo establecido por un monto de 2 millones de pesos.

Esta situación volvió a suceder en el 2021, año en el que se llevaron a cabo los comicios federales para la elección de una nueva Legislatura de la Cámara de Diputados, y locales para la renovación de 15 gobiernos estatales, 30 congresos de los estados y las presidencias municipales de 30 entidades.

En esa ocasión, la ASF detectó un posible desfalco por 7 millones 312 mil 800 pesos que involucra la dieta a consejeros electorales locales y distritales, y otro por 25 mil 200 pesos de la partida 44110 “Apoyo financiero a consejeros electorales locales y distritales en proceso electoral”.

El monto global de lo observado por la ASF en el 2021 fue de poco más de 27 millones de pesos. Como en ejercicios anteriores, también se hicieron señalamientos de que el INE no acreditó evidencia de que le fuera entregado el material que solicitó, tal como ocurrió con el contrato INE/006/2021, celebrado con Dirección Sport, SA de CV, para la producción de avisos de localización de las casillas. El organismo pagó 10 millones 807 mil 800 pesos, pero no se demostró que el producto les fuera entregado siete días antes de la elección.

Volviendo a la auditoría practicada al ejercicio fiscal del 2018, la ASF observó un daño por 2 millones 800 mil pesos debido a que la nómina del INE no establece los días que se laboraron en el mes de julio del 2018, y por lo tanto no se pudo determinar si el pago de nómina por dicho importe a cuatro empleados era el correcto.

También revisó la partida de dietas a consejeros y concluyó que existe un probable daño a las arcas públicas que asciende a los 2 millones 429 mil pesos por pagos en demasía.

En otro rubro, que corresponde a la partida 44109 de “Apoyo para alimentos a funcionarios de casilla el día de la jornada electoral federal”, el INE ejerció 414 millones 495 mil pesos, sin embargo, en el pliego de observaciones, la ASF determinó un probable daño que asciende a 18 millones 159 mil 966 pesos debido a que no se acreditó el gasto.

Celulares en almacén y con pantalla rota

En lo que respecta a la contratación de equipo de comunicación, en el 2018 el INE celebró un contrato con la empresa RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. de C.V. (TELCEL) mediante un proceso de adjudicación directa, el cual originalmente se estableció en un monto de 114 millones 374 mil pesos, y aumentó hasta los 122 millones 740 mil pesos a través de un convenio modificatorio.

El 14 de diciembre del 2018 el INE llevó a cabo el finiquito del contrato en donde estableció un pago adicional por 9 millones 200 mil pesos, por lo que la empresa cobró un total de 131 millones 940 mil pesos.

Sin embargo, la ASF señala que no hubo planeación en dicha compra, pues no se ejecutó un estudio para determinar la mejor opción en razón de las necesidades del organismo.

El INE adquirió 38 mil 979 equipos móviles por la cantidad de 67 millones 433 mil pesos, pero no se evaluó la utilidad que tendrían de forma posterior, ya que al término de la vigencia del contrato sólo se utilizaron 6 mil equipos en las elecciones extraordinarias del 2019 y el resto se encuentran almacenados y sin uso.

También señala que no se ofrecieron alternativas para poner en venta los equipos a los usuarios o personal del INE con el fin de recuperar algo de la inversión, pues existía el riesgo de que los equipos se volvieran obsoletos.

La ASF detectó que el INE no llevó a cabo el registro de los equipos móviles como parte de sus activos e identificó el uso de aplicaciones como Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, Youtube y Plugger, las cuales no fueron autorizadas para los trabajos a realizar durante el proceso electoral.

El INE tampoco presentó evidencia de la asignación de equipos a las personas que trabajaron en el proceso electoral y, por si fuera poco, algunos de los dispositivos móviles fueron robados o extraviados, pero el área encargada de su administración no contaba con la notificación. También se identificaron equipos con pantalla o cristal estrellado, sin cable de datos y cargador.

El INE de Lorenzo Córdova también falló en la contratación de empresas que brindaron servicios de ciberseguridad a los sistemas de registro de representantes y candidatos de los partidos políticos, información de la jornada electoral, y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, conteo rápido y cómputo distritales.

El órgano electoral contrató a la empresa SCITUM, S.A. de C.V. en un proceso de adjudicación directa para que prestara el servicio de ciberseguridad a partir del 22 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2018 por un monto de 10 millones 806 mil pesos, sin embargo, no habían transcurrido dos meses de la firma del convenio, cuando la compañía se declaró incompetente para brindar el servicio, por lo que se le rescindió el contrato en el mes de junio.

Una de las observaciones de la ASF al respecto, señala lo siguiente: “No se contempló la opción de capacitar al personal del instituto a fin de contar con una plantilla especializada en ciberseguridad para que éstos pudieran ejecutar los servicios requeridos, ni tampoco se describen las alternativas, beneficios o desventajas de contratar de forma temporal a los especialistas de la materia”.

En este rubro, la ASF determinó que el INE tenía que aclarar un monto de 93 millones 547 mil 838 pesos.

Por su parte, la revista Contralínea destaca que el INE firmó un contrato millonario (INE/SERV/012/2015) con la empresa Jet Van Car Rental, SA de CV para la renta de automóviles entre el 2015 y 2018.

Tan sólo en el 2017, el organismo electoral hizo un desembolso de 201 millones 625.8 mil pesos, sin embargo, la ASF detectó un desfalco aproximado de 8 millones 557 mil 615.23 pesos debido a que no se acreditó el arrendamiento de 554 vehículos entre los meses de mayo y octubre de ese año.

Las anomalías también fueron detectadas por la Contraloría General del INE que, incluso, concluyó que “el esquema de adquisición claramente supone una alternativa más económica en comparación con el esquema del servicio de arrendamiento que el Instituto contrató para 1 mil 96 vehículos”.

El asunto se discutió en la Cámara de Diputados el 27 de septiembre de 2017 cuando se presentó un punto de acuerdo para exhortar al INE a difundir la evidencia que sustentara las observaciones de su contraloría interna.

La auditoría del 2017 reflejó además un posible daño por un monto de 6 millones 131 mil 378.86 pesos, por concepto de pagos realizados en los meses de enero a julio, octubre, noviembre y diciembre de 2016 a 720 técnicos capacitadores electorales en 13 entidades federativas consideradas en el proceso electoral y en seis estados adicionales.

Renuencia a la austeridad

Bajo el mando de Lorenzo Córdova, en reiteradas ocasiones el INE hizo reclamos gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador por la falta de recursos, pero también se mostró renuente a adoptar una política de austeridad.

De acuerdo con el medio digital Sin Embargo, en el 2019 el INE pagó 30.4 millones de pesos en viáticos y pasajes a servidores públicos, así como 10.2 millones en congresos, exposiciones y eventos del organismo electoral. Entre los bienes y servicios adquiridos hubo registro de 55 millones en artículos para vehículos oficiales, así como 52.5 millones en alimentos.

Además, se detalla la compra de bienes muebles, inmuebles e intangibles por 10.5 millones de pesos durante los primeros nueve meses de 2019, y por insólito que parezca, la adquisición de productos alimenticios para animales y artículos deportivos por 5 mil 264.50 y mil 511.02 pesos, respectivamente.

El sitio señala que dos de los gastos más fuertes que ocurrieron ese año están relacionados con insumos de cafetería (casi 2 mdp) y el pago de estacionamiento y pensión de vehículos (más de 1 mdp), pero también contrató 493 mil 683 pesos en servicios de lavandería y 69 mil 961 pesos para el lavado de vehículos oficiales.

Destinó también 96 mil 087 pesos para la compra de refrescos, 51 mil 150 pesos para la adquisición de tazas, 26 mil 934 pesos en dulces y galletas, así como 7 mil 761 pesos para agendas.

En la segunda entrega de la Cuenta Pública de 2018, la ASF encontró irregularidades por un monto superior a los 93.5 millones de pesos que no habían sido solventadas hasta el 14 de octubre de ese año, debido a “pagos excesivos” de honorarios y dietas de consejeros electorales (70.3 mdp), además de la compra no comprobada de bienes y materiales (23.3 mdp).

Nueva sede cancelada

La construcción de la nueve sede del INE en el 2016 también estuvo plagada de observaciones. En su afán por tener un nuevo complejo de oficinas, Lorenzo Córdova presentó el “Proyecto ejecutivo para la modernización, ampliación y remodelación del conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral”, un contrato que fue adjudicado a las empresas Tadco Constructora, AKF México y BA Architecture, por un total de 55.4 millones de pesos.

También ordenó la licitación del “Estudio técnico y trámites para la constitución de un polígono de actuación para el Conjunto Tlalpan”, asignado a la empresa RDC: Operadora Mexicana de Contratistas, por un millón 174 mil pesos.

Y por adjudicación directa, encargó un estudio técnico de actualización catastral al arquitecto Rogelio Miranda Martínez, y la elaboración del plan maestro del conjunto Tlalpan a la empresa Balau Arquitectos, por un total de 4.2 millones.

Sin embargo, en enero de 2017, el INE anunció una serie de “medidas de austeridad”, y determinó la cancelación del proyecto de ampliación y remodelación, por lo que regresaría el recurso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pero el daño ya estaba hecho. De acuerdo con un reportaje de Animal Político, la ASF registró irregularidades por un monto de 2.5 millones de pesos.

Entre sus observaciones señala que la adjudicación directa del proyecto no estaba justificada; que se hicieron pagos sin comprobar y no se revisaron los precios unitarios.

El proyecto de Balau Arquitectos incluía 970 cajones de estacionamiento, dos torres de 14 pisos, techos verdes, una macrosala y la remodelación de los edificios existentes.

Lorenzo Córdova decidió cancelar el proyecto porque en su opinión no existía el “contexto económico favorable” que permitiera la edificación planeada.

La marcha de Lorenzo

Tras su retiro de la presidencia del INE en marzo del año pasado, Lorenzo Córdova volvió a ocupar su sitio como académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y comenzó a colaborar con una serie de videocolumnas para Latinus, el medio digital anti-AMLO que encabeza Carlos Loret de Mola, desde donde ha criticado las reformas electorales emprendidas por el presidente López Obrador.

Sin embargo, su regreso a la esfera pública se había mantenido en pausa hasta que diversas organizaciones civiles opositoras al mandatario lo eligieron como el orador único en la llamada “Marcha por nuestra democracia” que llegó al Zócalo capitalino.

El acto fue impulsado por las distintas organizaciones que coordina el empresario Claudio X. González Guajardo para mantener sellada la coalición del PAN, PRI y PRD en un proyecto que osa llamarse Fuerza y Corazón por México, cuyo propósito es restaurar a los regímenes neoliberales y ponerle fin a un segundo periodo presidencial de la Cuarta Transformación.

Durante su gestión, Lorenzo Córdova recibió acusaciones de parcialidad y favoritismo hacia el bloque opositor, algo que el ex consejero presidente se ha empeñado en negar. El pasado 18 de enero, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió de forma irónica a la participación de Córdova Vianello en la manifestación.

“Miren quien fue director del INE ‘no se toca’, Córdova, ya va a encabezar una marcha, nada más no vayan a pensar que tiene propósitos políticos, partidistas. No, no, no, son independientes, son de la sociedad civil, están muy preocupados por la democracia y del pueblo”.

Pero no fue el único, también Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la Presidencia de la República, se refirió al tema dos días antes en un panel de medios realizado en Durango en su antepenúltimo día de precampaña.

“Ahora sí ya se quitaron la máscara por completo. Y es importante porque es claro para el pueblo de México, para todos, no solamente a los que nos apoyan a nosotros; o sea, es un llamado a que, a ver, ‘el INE no se toca’; no, es que lo que ellos quieren es que ese Instituto siga controlado por ellos. Ese es el debate, nosotros queremos democracia”.