La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que un niño de 12 años de edad falleció y diez personas más resultaron heridas por los disparos realizados por elementos del 65 Batallón de Infantería del Ejército contra habitantes de Santa María Ostula, Aquila, en julio de 2015.
El organismo encargado de los derechos humanos en México emitió la recomendación 65/2016 dirigida al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos y al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por el uso ilegítimo de la fuerza pública en los bloqueos realizados por los comuneros de Ostula debido a la detención de uno de los dirigentes de las autodefensas.
De acuerdo con la investigación de la CNDH, todo inició en el momento en que Semeí Verdía, uno de los líderes de las autodefensas, fue detenido en un operativo integrado por unos 376 militares de la SEDENA, pertenecientes a tres distintos batallones y 101 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
Al enterarse de la detención, los pobladores realizaron bloqueos en la carretera Tecomán-Lázaro Cárdenas y en los accesos de Xayakalan, Duin y Puente de Ixtapilla con la intención de parar al convoy militar y liberar a Semeí Verdía.
Sin embargo, los comuneros desconocían que tras su detención, el líder de las autodefensas había sido trasladado en helicóptero.
Ante la movilización de los comuneros, los militares reaccionaron con el uso de las armas para traspasar los bloqueos. En Xayakalan, un militar perteneciente al 65 Batallón disparó al aire desde un vehículo en movimiento frente a unas 50 personas entre las que se encontraban mujeres y niños, una acción con la que violó el Manual de Uso de la Fuerza.
En la comunidad de Duin, los granaderos y antimotines de la SSP lanzaron gas lacrimógeno, pimienta y bombas de humo para dispersar a la gente, hiriendo entre ellos a cuatro menores que tuvieron que ser trasladado a hospitales cercanos.
“Militares…con otros grupos de vestidos de azul, los cuales traían bombas de gases, traían garrotes…aventaban los gases hacia los grupos de personas, fue así que ellos siguen avanzando sin dejar de aventar los gases, yo comencé a correr hacia por donde una callecita (sic) que sube hacia las canchas del DUIN fue que al ir ocurriendo (sic) sentí que me pego (sic) algo a un lado de la oreja del lado derecho y al momento… [en que me] pegaron caigo al suelo de costado derecho y veo que el artefacto que me pega en la cara comenzó a lanzar humo, el humo era enchiloso como el chile, me ardía la garganta, la nariz, la cara y los ojos, vi que me estaba saliendo sangre de la boca y me estaba escurrido (sic) sangre de mi oreja” fue el relato de uno de los jóvenes heridos.
Así el convoy integrado por militares y granaderos siguió su curso hasta llegar a la comunidad de Puente Ixtapilla. Ahí, los granaderos sostuvieron un enfrentamiento con unos 250 pobladores, (entre ellos mujeres y niños) hasta que lograron dispersarlos.
En ese momento, según la versión del organismo, mientras “las personas disuadidas por el equipo antimotín corrían para alejarse de la carretera y el convoy avanzaba, se escucharon ráfagas de disparos de arma de fuego”.
Tras la investigación, la CNDH determinó que fue en ese punto, a la altura de “El Restaurante”, donde 15 militares del 65 Batallón hirieron a seis personas y mataron al niño Hildeberto Reyes García, haciendo uso ilegítimo de armas letales.
“Comenzamos a escuchar gritos… veo que mi hermano cayó al piso y mi hija tenía sangre en su cara… policías de la comunidad [fueron] quienes me trajeron a Coahuayana… cuando estábamos en Coahuayana los médicos del Centro de Salud me informaron que mi hermano había fallecido…” fue el relato de la hermana del menor asesinado.
Sobre el incidente en el lugar en el que fue asesinado el menor de 12 años, la CNDH expuso que la Sedena reportó la baja de 135 cartuchos (calibres 5.56 mm y 7.62×51 mm) en el armamento que portaba su personal y 17 testigos observaron cómo los militares dispararon desde la batea de las camionetas en contra de los civiles cuando pasaban por el acceso a la playa y el Restaurante.
Tras los hechos, la Sedena sostenía la versión de que habían sido los pobladores quienes dispararon en contra del convoy militar pero después de realizar un peritaje la CNDH echó abajo ese argumento, pues encontraron que el calibre de las armas usadas por los militares coinciden con los impactos de bala que se observaron en los inmuebles afectados por los hechos.
“Sólo la Sedena reportó baja de cartuchos en el armamento que portaba su personal, los cuales emplearon en Ixtapilla y en Xayakalan; además no es creíble, como se afirma en el informe de Sedena (…) que todos los disparos se hicieron “hacia arriba” o “al cielo”, según se lee en la recomendación.
Pese al fallecimiento del menor por los disparos de los militares, la CNDH sólo recomendó al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, reparar el daño a las víctimas directas e indirectas y girar instrucciones para presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia Militar contra los militares (de los cuales la CNDH desconoce sus nombres), por “faltas a la disciplina militar”, al haber contrariado la orden de un superior.
Otra de las recomendaciones a la Sedena fue que los militares usen cámara fotográficas y videograbadoras durante los operativos para documentar su actuación.
Al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, la CNDH le solicitó iniciar un procedimiento administrativo en contra de un servidor público que firmó un oficio con datos falsos para la CNDH, en relación a los hechos y la participación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Además, le pidió reformar los protocolos de actuación policial y después dar capacitación a los policías.
Recomendación de la CNDH sobre Ostula