Documentos de Guacamaya Leaks son apócrifos: Presidencia

Los documentos que se filtraron sobre presuntos actos de espionaje por parte de las fuerzas armadas son apócrifos, pues no van firmados ni avalados por ninguna autoridad, aseguró la Presidencia de México a través de un comunicado.

Mediante dicho documento, el Gobierno Federal negó realizar labores de espionaje, asegurando que sólo se efectúan acciones de inteligencia dirigidas a combatir el crimen organizado y enfrentar amenazas que pongan en riesgo la seguridad nacional.

Como prueba, mencionó que hasta el momento no se ha detenido a ningún actor político, social o activista, y sí a 27 objetivos relevantes que encabezaban bandas criminales.

“Es importante mencionar que no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial. Dichos documentos no están signados, firmados ni avalados por alguna autoridad competente”, indica.

Para dañar la imagen de la institución

La Presidencia agregó que luego de las filtraciones hechas por Guacamaya Leaks, cualquier persona podría elaborar documentos similares o con un formato parecido a los informes militares, con el único objetivo de dañar la imagen de la institución.

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Explica también que las actividades de inteligencia significan hacer un análisis de la información disponible en fuentes abiertas, como medios de comunicación, redes sociales, y mediante actividades de campo y reuniones con diversos actores, misma que se compara con bases de datos que poseen de manera legal las autoridades.

De esta forma es que se ha podido realizar la detención de blancos generadores de violencia, el aseguramiento de enervantes y también de armamento.

Las comunicaciones privadas son inviolables

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la autoridad ha podido detener a mil 393 personas, de las cuales, 27 son relevantes por tratarse de presuntos líderes de las organizaciones criminales y generadores de violencia en el país, como Ovidio “N”, José Guadalupe “N”, Gerardo “N”, José Antonio “N” y José Alfredo “N”.

“Todo el esfuerzo de inteligencia del Estado mexicano se dirige a combatir a la delincuencia organizada y narcotráfico, por lo que no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada”.

Además, el documento explica que, según el artículo 16 constitucional, las comunicaciones privadas son inviolables y solo un juez puede determinar el alcance y autorizar su intercepción, toda vez que tenga información relacionada a la comisión de un delito y por tanto las instancias de seguridad nacional no tienen facultades legales para realizar esa tipo de actividades sin una orden judicial.

Dicha facultad es exclusiva de la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, debiendo fundar y motivar fehacientemente las causas.

“Los procedimientos antes mencionados, de ninguna manera están dirigidos a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos; únicamente se realizan con el fin de coadyuvar al a procuración de justicia; sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”.