La Cámara de Diputados mantiene una burocracia dorada integrada por asesores, consultores y secretarios técnicos que reciben sueldos de más de 100 mil pesos mensuales, algunos de ellos cercanos a líderes políticos de todas las fuerzas políticas.
Mientras en el Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la austeridad republicana, y el Poder Judicial renovado da los primeros pasos hacia ella, el Poder Legislativo mantiene una burocracia dorada.
De acuerdo con reportes de la Dirección General de Recursos Humanos, recuperados por la periodista Georgina Saldierna, de La Jornada, hay al menos 34 funcionarios en San Lázaro que superan los 100 mil pesos mensuales, con percepciones brutas que alcanzan hasta los 165 mil 278 pesos mensuales.
En la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por Ricardo Monreal, destacan nombres de colaboradores que lo han acompañado desde hace casi dos décadas.
- María Guadalupe Yazmín Yebra, secretaria particular, percibe un sueldo bruto de 165 mil pesos, aunque sólo cuenta con una carrera técnico-comercial.
- Nicol Andrea López Balbuena, secretaria técnica de la Jucopo, también recibe más de 165 mil pesos y es parte del círculo cercano del zacatecano.
- Juan Carlos Colorado, secretario de enlace en la misma área, goza de un salario similar.
Pero privilegio no es exclusivo del morenista, la oposición y aliados también reparten salarios de élite. Por ejemplo, en el comité de administración, el PAN tiene a Luis Alberto León como consultor parlamentario con un sueldo bruto de 148 mil 840 pesos.
Además, tiene al al Javier Lozano Alarcón, exsecretario del trabajo de Felipe Calderón quien recibe 100 mil pesos mensuales en el mismo comité. Y quizá el caso más polémico es el de Marco Antonio Pérez Ruiz, con experiencia limitada en cargos municipales en Tijuana, pero que hoy cobra 149 mil pesos como consultor parlamentario.
De la misma forma, el PT y PVEM también cuentan con asesores de alto rango que superan los 100 mil pesos netos, lo que exhibe un patrón que trasciende colores partidistas.
El contraste es evidente, ya que mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, y la presidenta Claudia Sheinbaum han insistido en eliminar los privilegios en el Poder Judicial y el Ejecutivo, en el Congreso los altos salarios siguen intocados, blindados bajo el argumento de la “asesoría técnica”.



































