Diputados aprueban ley minera de AMLO rasurada y sin dientes

De madrugada, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría simple y con algunas modificaciones las reformas a la Ley Minera propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que reducen los tiempos de concesiones, obliga a revelar el impacto ambiental de la mina y fuerza a las empresas a devolver al menos el 5% de los beneficios a las comunidades.

En la madrugada de este viernes, los diputados de Morena, PT y PVEM aprobaron con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención modificaciones a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Dicha reforma fue propuesta originalmente por el jefe del Ejecutivo, sin embargo, los legisladores hicieron cambios sustanciales. Por ejemplo, una de estos es permitir concesiones por un máximo de 80 años, mientras la propuesta de AMLO las reducía de 100 a 30 años.

Además, el nuevo proyecto de las y los diputados de Morena, dejó a un lado las actividades de exploración como reservadas al Estado para que ahora se celebre un convenio de colaboración con particulares y así incrementar la explotación, haciendo posible el reúso de las aguas de laboreo.

Y no sólo eso, la nueva iniciativa aprobada permite concesiones en reservas mineras por decreto presidencial, además de que amplía a 80 años la vigencia de concesión del agua para la actividad extractiva, cuando la reforma del Presidente AMLO sólo permitía permisos de 5 años, renovables las veces requeridas durante la vigencia del permiso.

Asimismo, autoriza licencias de agua de uso minero si las empresas concentran más del 30 por ciento del acuífero. 

A diferencia de la iniciativa del Presidente AMLO que buscaba impedir depósitos de desechos en jales y presas en áreas naturales protegidas, humedales, vasos o cauces federales, o en zonas que pudieran generar riesgos para la población y fijaba como límite un año para su remoción, esta nueva iniciativa sólo obligará a los concesionarios a trasladar estos desechos si la autoridad comprueba el riesgo de daño ambiental. 

Especialmente, las y los diputados de Morena redujeron las sanciones para las mineras, eliminando del documento la propuesta del Presidente AMLO de cancelar las concesiones en caso de riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño o deterioro irreversible a los recursos naturales, contaminación con repercusiones peligrosas.

Aunado a esto, la iniciativa avalada por las y los legisladores de la 4T y MC, da la oportunidad  a las compañías de remediar los daños ambientales en un periodo de tres meses, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, la concesión se suspenderá seis meses para la reparación del daño, y en caso de que no se haga, se cancelará.

De igual manera, el dictamen aprobado elimina la suspensión del derecho de obra si las empresas no cuentan en cada mina con un ingeniero responsable de seguridad.

Los cambios se debieron en gran medida a una negociación con la Cámara Minera de México (Camimex) en la Junta de Coordinación Política. Otro cambio fue que se flexibilizan las causales de cancelación de los permisos en caso de daño al medio ambiente, en lugar de anularlas; también reduce de 10 a 5% la utilidad que las mineras deben pagar a comunidades indígenas.

La reforma permitirá que el Gobierno solo otorgue concesiones mineras mediante un concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de facilitar la revocación de la licencia y la cancelación de los permisos por daños al medioambiente.

Otras posibles causas de cancelación son no realizar oportunamente los pagos de las contribuciones por dos ejercicios consecutivos; por no presentar los informes a que está obligada la persona concesionaria por dos años consecutivos; por no iniciar los trabajos correspondientes en el plazo de un año; por no contar con la concesión de agua para uso industrial en la minería vigente; por la exigencia de riesgo inminente de desequilibrio ecológico.

De ser aprobada la reforma en el Senado, también prohibiría la explotación de minerales o sustancias, y la disposición final de los residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, obras y trabajos de exploración. Además, las concesiones ya no se entregarán de forma directa, sino mediante una licitación pública.

Las reformas obligarían a las compañías del sector a devolver al menos el 5% de los beneficios a las comunidades, además se les obligará a revelar el impacto ambiental y social de sus operaciones.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, indicó que en la iniciativa se precisa la consulta a los pueblos originarios; se consulta el aprovechamiento del agua; se precisa y se armoniza la temporalidad de la concesión de agua y la concesión de la mina.

“Se establece con precisión que deberá ser tratada al menos 60 por ciento del agua que utilizan; ya no habrá concesiones en zonas naturales ni en donde estén sufriendo estrés los mantos hidrológicos, menos en las zonas protegidas; y que ahora las concesiones ya no serán producto de acuerdos o de compadrazgos, sino será a través de licitación pública”.

Raquel Bonilla, de Morena, argumentó que las modificaciones “tienen como objetivo que la nación recupere la rectoría de los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo para evitar su sobreexplotación”.

Por su parte, el legislador Joaquín Zebadúa, también de Morena, denunció que las mineras evaden impuestos por 19,000 millones de pesos y que en los gobiernos anteriores hubo más de 1,600 concesiones en áreas naturales protegidas.

Mientras que el diputado Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo, apuntó que el 62% de las minas metálicas en México no cuenta con concesiones de agua, 55% no tiene datos sobre emisiones de contaminantes, y 51% opera en acuíferos sin disponibilidad de agua.

Por el otro lado, Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI) sostuvo que el diálogo en torno a esta iniciativa “dejó fuera la posibilidad de consulta” y ustedes, dijo a los morenistas, “quitaron el 7% del fondo minero, que era para escuelas, caminos y apoyo a las comunidades mineras”.

“Por más buenas intenciones de esta iniciativa, va a llevar a la parálisis de un sector que representa 10% del sector manufacturero y da empleo para 2.5 millones de mexicanos”.

La minuta de la sesión fue enviada al Senado quien deberá votar para avalar o no el contenido de la nueva ley que cambia la denominación de ley minera a ley de minería.