La Cámara de Diputados aprobó anoche en lo general la nueva Ley General de Aguas, después de llegar a acuerdos con organizaciones de productores del campo.
Tras más de seis horas de discusión el dictamen fue aprobado con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, aunque cabe resaltar que entre la discusión también se agregaron cambios a la iniciativa derivados de acuerdos con agricultores y productores.
Estos acuerdos permitieron incorporar 18 cambios adicionales a los 50 ya incluidos en el dictamen original. Con ello avanza una nueva ley de aguas que sustituye la legislación neoliberal que estuvo vigente desde 1992 y con la cual se busca ordenar el uso del agua, frenar el acaparamiento y fortalecer los derechos de comunidades rurales e indígenas.
Entre los ajustes destacan la garantía de derechos para heredar propiedades con concesiones, la regulación del libre alumbramiento y el reconocimiento explícito de los sistemas comunitarios de agua, así como de los servicios destinados a actividades productivas de pueblos indígenas y afromexicanos. Estos sistemas podrán regirse conforme a sus normas internas y al marco del artículo segundo constitucional.
Legisladores de Morena subrayaron que con estos acuerdos se caen las mentiras de la oposición y da certeza a productores. Según Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada guinda, los ajustes “derriban el discurso del despojo” y cierran la puerta al acaparamiento del agua para uso comercial.
El texto aprobado también establece que, al transmitirse el dominio de tierras con concesión de agua, la Conagua entregará nuevos títulos sin analizar nuevamente la disponibilidad del recurso, garantizando así continuidad en el uso. A la par, se incorporaron medidas para tecnificar sistemas de riego, evitar sobreexplotación y asegurar que el manejo y reúso del agua no exceda los volúmenes concesionados, en favor del equilibrio hidrológico.
También se incluyó que no se sancionará el desvío de cauces cuando el uso sea personal, doméstico o agropecuario familiar.
Otro punto atendido fue el endurecimiento de sanciones por corrupción. Para casos de cohecho en la entrega de concesiones, se elevó la pena hasta 14 años de prisión. En respuesta a una demanda recurrente del sector agrícola, se amplió de dos a tres años el plazo para solicitar la prórroga de concesiones.
Durante el debate, Morena y sus aliados defendieron que la nueva ley pone fin al acaparamiento histórico, al robo y a la extracción ilegal en distintas regiones del país. La oposición PRI, PAN y MC, votó en contra y sostuvo que existe un riesgo de concentración de facultades, aunque sus objeciones no avanzaron en el pleno.
El dictámen de la reforma ya es discutido en el pleno de la Cámara de Senadores, donde sería aprobado para esta misma noche.
