Aunque nada más llegar a la presidencia del país Andrés Manuel López Obrador canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), éste sigue dando de qué hablar. Según una investigación realizada por el diario El Universal, en lo que duró la construcción, pudieron haber sido desviados más de 17 millones de pesos.
Cuando hoy en su rueda de prensa matutina se le preguntó al presidente sobre el tema, éste indicó que se investigaría.
De acuerdo con información revelada por El Universal este lunes, el desvío fue investigado por la Policía Federal y sus conclusiones fueron entregadas al Órgano Interno de Control (OIC) del GACM, a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Procuraduría General de la República (PGR).
Construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco. Foto: Especial
En el caso se involucra a Raúl González Apaolaza, ex Director General de Obra del NAIM y a Carlos Noriega, ex Director General de Administración del GACM. Asimismo se señala la necesidad de investigar los bienes de Manuel Ángel Núñez Soto, ex gobernador de Hidalgo y antecesor de Federico Patiño como director general del GACM.
La Policía Federal realizó varias indagaciones y redactó un informe sobre la posible comisión de delitos de alto impacto en la construcción del NAIM a través de la compra de materiales -como tezontle y basalto- sin contratos previos a empresas y sindicatos vinculados principalmente con González Apaolaza que no cumplieron con las normas de calidad que la obra requería.
El Universal indica que dicho informe tiene fecha del 6 de noviembre de 2018 y fue entregado a GACM mediante el oficio número PF/DINV/CIC/DGIDAI/5097/2018 el 12 de noviembre pasado, fecha en la que ya estaba en funciones el actual director, Gerardo Ferrando Bravo, a quien buscó para cuestionarle sobre la investigación, sin obtener respuesta.
Por su parte, Patiño dijo a ese diario que él no ordenó la investigación, pero sí recibió un documento no firmado que decidió enviar al OIC del grupo aeroportuario.
“Fue todo lo que yo hice y es todo lo que yo puedo decirle porque yo no ordené absolutamente nada, mi particular lo envió al Órgano Interno de Control por instrucciones mías [para] que se hiciera la investigación y el análisis que correspondía”, indicó.
El documento fue autenticado con la encargada de la investigación, cuyo nombre no se menciona por cuestiones de seguridad en la Policía Federal. Además, la oficial a cargo de la indagatoria envió copia del informe al entonces Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, quien afirmó que lo recibió y ordenó dar vista a la PGR.
Obras del NAIM. Foto: Arturo Monroy/Notimex.
En el informe también se detalla que sindicatos y empresas supuestamente controladas por González Apaolaza resultaron beneficiadas por un monto superior a 17 mil 500 millones mediante el monopolio de viajes de carga y la compra de material al grado tal que, según testimonios de trabajadores en la obra, su ingreso al terreno ocurría únicamente con autorización previa del sindicato y mediante el pago de un porcentaje.
“Sobre los precios pagados a las minas, versus en el mercado mayoreo y menudeo, por el volumen estimado en 8 millones de metros cúbicos que ingresaron, [las compras] no se dieron en las mejores condiciones disponibles, en cuanto precio, calidad y financiamiento”.
Monopolizando el transporte de materiales
La investigación indica que deliberadamente se decidió no contratar la operación del tren de Ferromex que está en la parte trasera del polígono y el equipo transportador de material instalado, a sabiendas del volumen del material que ingresaría a la obra y de los centros de acopio que hay cerca de las minas.
Vista aérea de las obras del NAIM. Foto: Especial.
Lo anterior fue informado también por el sindicato, añadiendo que este medio de transporte hubiese reducido considerablemente el costo del transporte de los materiales, así como los tiempos de entrega.
“Prácticamente se pagó por tres veces el valor del tezontle por transportarlo, pues el precio pasó de 50 pesos el metro cúbico a 200 pesos, mientras que el basalto llegó a los 300 pesos, ambas cantidades multiplicadas por los 8 mil metros cúbicos de superficie”, se indica.
Según la manifestación de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la adquisición de material de construcción se calculó para una superficie total de 35 mil 448 millones de metros cúbicos, lo que representa un pago de más de 17 mil 724 millones de pesos de tezontle a 200 pesos el metro cúbico, y basalto, a 300 pesos el metro cúbico.
De igual forma, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó en 2017 que en nivelación, limpieza de terreno y construcción de caminos provisionales de acceso, fueron autorizados pagos por 3 mil 603 millones 200 mil pesos entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, únicamente por el suministro y la colocación de 392 mil 570.42 metros cúbicos de tezontle.
Construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco. Foto: Especial
La Policía Federal explica que de estas acciones se denota “una acción concertada entre funcionarios y sindicatos que se podría tipificar como delincuencia organizada con el fin de crear un monopolio de transportes de los materiales a los precios que ellos establecieron y sólo mediante el uso de sus camiones”.
Además, según las irregularidades observadas por la PF, la investigación incluyó una revisión en las declaraciones patrimoniales de ex funcionarios de GACM en las que detectaron omisiones y adquisiciones que no coinciden con la realidad.
Así, se indica que Apaolaza estuvo involucrado en conflicto de interés al no declarar que es miembro del Sindicato de Trabajadores del Transporte y de la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana (SITRAM), cuyo líder es Máximo Telmo Reyes Vilchis, así como Humberto Pérez Piedra, coordinador de GACM, quien sostuvo diferentes reuniones con Hugo Bello Valenzo, líder del Sindicato Libertad.
Raúl González Apaolaza
El documento añade que dichas organizaciones son las que controlaban la venta de material de construcción y su transporte al interior del terreno en el que sería construido el NAIM.
En su nota, El Universal explica que, al consultar a González Apaolaza, éste indicó que tiene conocimiento de la existencia de un documento de la Policía Federal supuestamente apócrifo, ya que el folio no corresponde a la investigación: “Lamentablemente esto fue por el 30 de noviembre, hubo el cambio de funcionarios el día primero y se quedó al aire todo”, comentó.
“Yo platiqué con Fernando Bravo y él me dijo que lo enviaría al Órgano Interno de Control la primera semana de noviembre. Expliqué con documentos cómo se maneja lo del transporte, el responsable del sindicato por parte de grupo aeroportuario, quién es el titular del sindicato y que yo no tengo el manejo de [éste]”, dijo.
Además añadió que el responsable del manejo sindical es la Dirección Corporativa Jurídica y no él, y negó pertenecer al SITRAM.
“Yo creo que hay una confusión porque en años anteriores pertenecí a otro sindicato, pero me di de baja cuando me dieron mi nombramiento en Grupo Aeroportuario, pero no tiene ninguna relación con el SITRAM; son totalmente ajenos”, explicó.
Dijo también que a Reyes Vilchis lo conoce porque hace 50 años jugaron futbol americano en el Instituto Politécnico Nacional.
Funcionarios en la mira
Debido a que, como director General de Administración del GACM, Carlos Noriega Romero fue relevado por haber rentado oficinas en Altavista y Periférico Sur por medio millón de pesos al mes, la Policía Federal revisó sus declaraciones patrimoniales en las que detectó que compró a crédito una propiedad de 4 millones 920 mil pesos.
Esa compra se realizó, según el documento, cuando Noriega Romero era subdirector General de Planeación del Infonavit, por lo que concluye que sus finanzas y las de González Apaolaza deben ser auditadas.
Como parte de la investigación, el nombre del ex director de GACM, Manuel Ángel Núñez Soto, surgió sin que se le vinculara directamente con las irregularidades atribuidas principalmente a González Apaolaza y los sindicatos.
Y, aunque a Núñez Soto no le correspondió conocer de la construcción del NAIM, la PF detectó que no declaró ser propietario de Desarrolladora Corteq, S.A de C.V. y Almahandm Desarrolladora de Vivienda, empresas pertenecientes al Corporativo Grupo Lomax, del empresario Alberto Manuel Díaz de la Riva, consorcio que según la investigación de la Policía Federal, no existe.
El Universal explica que, al consultar a Núñez Soto, éste negó conocer la empresa Corteq o participar en ella, pero admitió su participación en Almahandm, mediante la cual, indicó, se han construido casas de interés social en complejos del estado de Hidalgo.
Además, la PF añadió que, en 2005, Núñez Soto compró un inmueble en San Ángel Inn, en la Ciudad de México, por el que pagó de contado 9 mil 759 millones pesos con una superficie de mil 100 metros cuadrados, “que no coincide con la realidad ni con su precio en esa zona”.
Por ese motivo, la Policía Federal estableció que deben ser auditados los bienes de Núñez Soto.
Por su parte, Núñez Soto explicó que el predio que menciona la Policía Federal es su domicilio particular, mismo que tuvo un costo de 9 millones 750 mil pesos, y no 9 mil millones.
