Por: Redacción (@revistapolemon)

6 de junio de 2018.- A menos de un mes de las próximas elecciones, el colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) denunció que en 26 de los 32 estados de la república los partidos políticos entregan desde despensas y cisternas hasta dinero en efectivo a cambio del voto la credencial de elector. Los lugares con mayor incidencia son la Ciudad de México y el Estado de México.

En algunos casos también se promete depositar dinero en tarjetas electrónicas o se amenaza con quitar beneficios de algunos programas sociales, principalmente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Según el colectivo, en los últimos días se han reportado estas acciones en estados como Aguascalientes, Chiapas, Sonora y Veracruz, donde antes no había reportes al respecto, por lo que la organización pidió al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) incrementar sus labores de fiscalización, investigación y castigo a quienes cometen estos delitos.

A través de una página de internet, la organización solicita a la ciudadanía reportar, de manera anónima, cuando hayan sido víctimas de uno de estos incidentes. Hasta el momento se han contabilizado 244 casos, de los cuales 36% corresponden al reparto de despensas, alarmas vecinales y cisternas; 33% han sido promesas para entregar o amenazas para quitar los beneficios de algún programa social; 26% señala la entrega de dinero en efectivo y 5% reporta la entrega de tarjetas o monederos electrónicos, con la promesa de depósitos después de la elección.

La información también refleja que la compra de votos es realizada por todos los partidos políticos en los estados o municipios que gobiernan. En 20 estados se prometen desde 150 pesos hasta los 5 mil a cambio del voto.

En Tabasco, por ejemplo, un voto cuesta de 500 a 4 mil pesos; en Oaxaca el máximo son 3 mil pesos; en Veracruz se ofrecen puede llegar a costar mil y, en Quintana Roo, 350 pesos. En Chiapas vale mil 200 pesos, en Yucatán $500 y, en Morelos, costaba sólo $150 pero ahora se compran en mil 300 pesos.

Aunque los reportes de adquisición de votos no se limita al sur del país. En el norte, reportes han indicado que en Sonora se ofrecen hasta 3 mil pesos por sufragio; en Chihuahua y Sinaloa hasta mil, mientras que en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas hasta 500 pesos.

Por su parte, en la zona del Bajío se ofrecen hasta 2 mil pesos, en Aguascalientes, o entre 500 y mil 200 en Guanajuato.

En el centro de la república es donde se encuentra la cotización más alta, pues en el Estado de México se ofrecen hasta 5 mil pesos; en la Ciudad de México varía entre 200 y 2 mil 500; en Hidalgo se entregan hasta 500 y en Puebla, van desde los 300 hasta los mil 200 pesos.

Hasta ahora no se han realizado reportes en los estados de Baja California Sur, Durango, Nayarit, Zacatecas, Colima o Tlaxcala.

Programas sociales para “cazar” votos

El informe de la ACFP también reveló que en el primer trimestre del año aumentó de manera considerable el gasto que el gobierno Federal destinó a programas sociales como Prospera y Adultos Mayores.

Casi como por casualidad, el presupuesto federal en temporada electoral registró un crecimiento real de 1,480.9% en el Programa Empleo Temporal (PET); el Programa de Coinversión Social creció 815.5%; el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en Entidades Federativas se incrementó en 237% y, el Programa de Comedores Comunitarios aumentó en 184.3% en los primeros tres meses de este año.

Además, existe una gran opacidad y falta de transparencia con respecto a los programas sociales. Por ejemplo, en Puebla se identificaron 26, pero 17 de ellos no tuvieron padrón de beneficiarios; 22 no reporta de cuánto fue su presupuesto aprobado; 23 planes estatales no se ubicaron en su Cuenta Pública local y, 16 no contaron con Reglas de Operación.

Por su parte, en el Estado de México se identificaron 98 programas sociales, de los cuales 70 no tuvieron padrón de beneficiarios; ningún programa social se identificó en el Presupuesto de Egresos; 88 no se ubicaron en su Cuenta Pública y 66 no tuvieron Reglas de Operación.

Precisamente en esa entidad también ha sido reportado un gasto “extraordinario” de 5 mil 251 millones de pesos que fue sumado al presupuesto del programa Prospera durante el primer trimestre de este año.

Al respecto, el subsecretario de la Sedesol, el priista Javier García Bejos explicó que la veda electoral obligó a la dependencia a “hacer operativos bien importantes para dispersar los recursos correspondientes al segundo bimestre del año, toda vez que en este periodo de tiempo no podemos realizar dispersión de recursos”.

No obstante, el Programa de Blindaje Electoral 2019 de la Sedesol dicta que los programas de subsidios sujetos a padrones y a un calendario de entrega de apoyos como Prospera no serán interrumpidos durante el proceso electoral, y con ello “el propósito de no afectar los derechos de los beneficiarios en situación de vulnerabilidad”.

Dicho de otro modo, la “veda electoral” no justifica que la Sedesol haya gastado más recursos en Prospera durante el primer trimestre del año, ya que éste continuará aún durante el proceso electoral como en cualquier otro periodo del año, por lo que esta justificación resulta engañosa.

El uso de monederos electrónicos

El reporte de monitoreo de medios de la ACFP reveló que la entrega de tarjetas y monederos electrónicos cada vez se ha hecho más popular en el país de manera generalizada.

En la Ciudad de México, por ejemplo, el 17 de mayo pasado comenzaron a repartirse las tarjetas “A tu lado”, por parte del PRD en Coyoacán, con la promesa de recibir un depósito de hasta 4 mil 40 pesos a cambio del voto.

Según el colectivo, el PRD también ofreció tarjetas en el Multifamiliar Tlalpan, una de las zonas más afectadas tras el terremoto del pasado 19 de septiembre, donde los damnificados aún sufren los estragos que dejó el derrumbe de uno de los edificios que componen el conjunto habitacional.

Además de la delegación Coyoacán, se ha registrado esa misma operación en la Álvaro Obregón y la Gustavo A. Madero -las tres bajo el gobierno del PRD-, cuyo presupuesto destinado a programas sociales fue duplicado.

Las acciones denunciadas por la ciudadanía son un quebranto a la Ley General en materia de Delitos Electorales, mientras que la toma de fotocopias a la credencial de elector representa una violación a las leyes de protección de datos personales ante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) debería actuar.

Por ello, Alberto Serdán, coordinador de ACFP, exigió operativos a las autoridades federales que permitan acabar con la compra de voto, reafirmar el carácter libre y secreto del sufragio, así como garantizar que la pobreza no será utilizada como una herramienta de manipulación política.

Puntualizó también la gravedad que implica que en un país con más de la mitad de sus habitantes viviendo en la pobreza, se use el dinero público de manera ilegal para la adquisición de votos.