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Opinión

Derechos Humanos en México, un pendiente ominoso de la 4T

Las elecciones de 2018 en México pasarán a la Historia por su fuerte carga de hartazgo ciudadano a los abusos de los gobiernos emanados del PRI y del PAN. Andrés Manuel López Obrador, prometió combatir la Corrupción desde el gobierno y con esa bandera recorrió el país en busca del voto ciudadano.

Prometió también, revisar a fondo las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos que ha sufrido sobre todo la población más vulnerable del país.

En la historia reciente de México, los gobiernos han sido incapaces de gestionar la crítica de quien legítimamente disiente y cuestiona las determinaciones que se toman desde las esferas del poder. A quien esgrime argumentos contrarios a los ejes de gobierno no se le daba trato de opositor sino de enemigo del Estado y en esa calidad de enemigo se llegó en innumerables ocasiones a las detenciones arbitrarias, la tortura, la desaparición forzada y el asesinato.

Soldados en Tlatelolco. Foto: Especial

Así, por ejemplo; en 1968 y 1971 Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría consideraron que en México había una conjura comunista y ordenaron asesinar a una cantidad -aún indeterminada- de jóvenes estudiantes. Hoy, a más de 50 años de esos hechos, la Verdad y la Justicia sigue siendo un pendiente de las autoridades para con la ciudadanía.

En 1995, “con todos los agravantes de premeditación, alevosía y ventaja” 17 campesinos fueron asesinados en el paraje de Aguas Blancas en Coyuca de Benítez, Guerrero. La masacre perpetuada por un comando de policías y agentes judiciales del Estado continua impune. Rubén Figueroa -personaje oscuro y siniestro- entonces gobernador del estado, gozó de impunidad plena gracias a su compadrazgo con el entonces presidente Ernesto Zedillo.

En 1997, 45 personas -entre ellos 20 menores de edad- fueron asesinados en Acteal, Chiapas. Julio César Ruíz Ferro, entonces gobernador del estado, en conversación con el alcalde de Chenalhó, comentó “…no te preocupes, deja que se maten, yo voy a mandar la seguridad pública para que levanten a los muertos”. Este hecho se dio en el contexto de un plan de contrainsurgencia militar creado para desestabilizar las zonas de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ese crimen, también, continua impune.

En El Charco, Guerrero fueron ejecutados 11 jóvenes a manos del Ejército en 1998. Al grito de “-¡Salgan, perros muertos de hambre¡” los soldados asesinaron a los presuntos guerrilleros. No conformes con eso, en su furor vesiánico saquearon las casas aledañas. En un esfuerzo por impedir que se supiera lo que estaba sucediendo, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, ordenó un “cerco informativo”, y se impidió a reporteros y defensores de Derechos Humanos llegar al sitio de los hechos.

El 10 de junio de 1998, en Chavajeval, Unión Progreso y la cabecera municipal de El Bosque Chiapas, elementos militares “acompañados por helicópteros y vehículos artillados” asesinaron a 8 campesinos desarmados, detuvieron ilegalmente a más de 50 pobladores, causaron destrozos, saquearon casas y desplazaron a cientos de pobladores. La Justicia sigue siendo la gran ausente.

En San Salvador Atenco, el entonces gobernador del Estado de México y el presidente Vicente Fox reprimieron de manera brutal y desconsiderada una manifestación. Los Derechos Humanos de cientos de habitantes fueron violentados de múltiples maneras. Según el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez “700 elementos de la Policía Federal y mil 815 agentes municipales y estatales participaron en el operativo en el que 47 mujeres sufrieron tortura sexual, 217 personas fueron golpeadas y detenidas y dos jóvenes fueron asesinados”. El caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de recorrer todas las instancias nacionales sin obtener Justicia.

En un esfuerzo por legitimarse después de un colosal fraude electoral, Felipe Calderón declaró “la guerra contra el narco” que ha costado al país, decenas de miles de muertos y desaparecidos. Se ha documentado -ad nauseam- que dicha “guerra” no sólo no sirvió para combatir al crimen organizado, sino que además lo apuntaló. Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela documentaron cómo Calderón encabezaba reuniones con líderes del narco , documentales como “Las tres muertes de Maricela Escobedo”, “Armados hasta los dientes” o “Somos”, disponibles en Netflix, dan cuenta de la colusión (por acción u omisión) de autoridades con narcotraficantes. Destaca de manera importante, el documental “Anatomía de una masacre” que sería la investigación que daría origen a “Somos”.

En cuanto a libros, se pueden mencionar los escritos por Anabel Hernández, a saber: “México en llamas”, “Los Cómplices del Presidente” o “El Traidor”. “Felipe el Oscuro” de Olga Wornat, “El Licenciado García Luna, Calderón y el narco” de Jesús Lemus o los escritos por Rafael Barajas “El Fisgón” o Julio Scherer. Y más, muchos más. El Estado mexicano ha fallado en encarcelar a alguien cuya carrera criminal se encuentra tan prolijamente documentada.

Y la violación sistemática de Derechos Humanos continua: en 2014, el Ejército ejecutó a 22 personas en Tlatlaya, Estado de México. El entonces Procurador, Jesús Murillo Karam intentó encubrir la masacre declarando que hubo un enfrentamiento donde todas las pruebas demostraban que hubo un montaje para tratar de encubrir lo que realmente sucedió. Entre las víctimas de esa acción ejecutada por el Ejército, hubo tres menores de edad.

En Ecuandureo, Michoacán, en otro montaje donde trataron de aparentar un enfrentamiento, la Policía Federal -con una brutalidad poca veces vista- “…quemaron, les rompieron los dientes, les fracturaron los brazos, les mutilaron manos, piernas o testículos y algunos hasta recibieron el tiro de gracia” a 34 jóvenes trabajadores. Sin el mínimo decoro o respeto, entregaron los cuerpos con las fracturas expuestas todavía con las marcas de los neumáticos con que arrollaron los cuerpos en repetidas ocasiones. Los policías se burlaban de quienes reclamaban los cuerpos de sus familiares. La revictimización alcanzó niveles de oprobio.

En Ostula Michoacán, dos menores y una persona de la tercera edad fueron asesinados por el Ejército. En 2015, durante un operativo contra la Policía Comunitaria del lugar, hubo además, tres personas heridas de bala y un desaparecido. Las Policías Comunitarias -reflejo del vacío de autoridad- contaban con permiso para operar en una zona con fuerte presencia de la delincuencia organizada.

Durante una manifestación de maestros en Nochixtlán Oaxaca, autoridades federales asesinaron a 8 personas e hirieron a más de cien. Los reporteros y periodistas confirmaron el uso de armas largas por parte de las autoridades que negaron en todo momento la especie.

Enfrentamiento de policías con habitantes de Nochixtlán. Foto: Luis Alberto Cruz Hernandez/AP

Enfrentamiento de policías con habitantes de Nochixtlán. Foto: Luis Alberto Cruz Hernandez/AP

Hoy por hoy, el gobierno emanado de las elecciones de 2018 ha ofrecido disculpas públicas a nombre del Estado Mexicano por diversas violaciones a los Derechos Humanos. La más reciente, fue la ofrecida al pueblo Yaqui por los agravios cometidos contra esa comunidad durante el Porfiriato.

Esas disculpas públicas representan un gesto mínimo de reconocimiento de lo acontecido, sin embargo, resultan insuficiente en cuanto a procuración de Justicia.

A siete años de la desaparición forzada de Normalistas de Ayotzinapa Guerrero, y a 53 años de la matanza del 2 de octubre, los ciudadanos seguimos esperando castigo para los responsables de estas y las incontables violaciones de Derechos Humanos acontecidas durante este tiempo.

¿En verdad se requiere de una Consulta para llevar a prisión a personajes siniestros como Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto? ¿No está suficientemente documentada su responsabilidad en estos y otros hechos graves de lesa humanidad y corrupción?

La agenda de Derechos Humanos ¿será también un pendiente de esta administración? No bastan las disculpas a nombre del Estado. Se requiere de llevar a juicio a los responsables de estos crímenes.

La Impunidad es -en este sentido- la hija bastarda de la Corrupción. El Derecho a la Verdad, a la Justicia y el alto a la Impunidad debe de ser parte de la misma Batalla.

Si este Gobierno con la legitimidad que le otorgaron las urnas no logra encarcelar o esclarecer estos hechos, difícilmente se logrará en el futuro. A la mitad del camino, este es uno de los grandes pendientes y la ciudadanía -cada vez más informada y responsable- premiará o castigará en las urnas los logros y las omisiones. Hoy, más que nunca, la Justicia debe de manifestarse con fuerza y contundencia.

Alejandro Cardiel Sánchez

Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Cuenta con estudios en Marketing Político Electoral y Minería de Datos. Colaborador en el Podcast semanal de Radio Chairo.

1 Comentario

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  1. Avatar

    José Minjares Robles.

    10 octubre, 2021 at 9:26 am

    Un buen resumen de la “maldad humana” perpetrada por un poder corrupto y abusivo, denominado eufemisticamente “violacion de los derechos humanos”, cometidos primero por el PRI, luego por el PRIAN, y seguidamente por el PRIANRD y sus mascotas. Resumen que se queda corto, en términos de la “verdad histórica”. Que tristeza.

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