Denuncian a Felipe Calderón y Peña Nieto ante Corte Penal Internacional

Los ex mandatarios Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron denunciados por organizaciones defensoras de derechos humanos ante instancias internacionales por la “naturaleza sistemática y generalizada” con la que se cometieron crímenes de lesa humanidad en México al “amparo de la impunidad”.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) e Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS) presentaron una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya”.

En ella presentaron “la presunta comisión de tortura y tortura sexual como crímenes de lesa humanidad en México, perpetrados por elementos de las Fuerzas Federales del Estado Mexicano entre diciembre de 2006 y diciembre de 2018”.

A decir de la directora ejecutiva de la CMCPDH, Graciela Rodríguez, esta comunicación documenta y analiza 197 casos comprendidos en 166 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Ahí, dan cuenta de 642 víctimas de actos de tortura y tortura sexual ocurridos en 26 estados del país durante la llamada “Guerra contra las drogas”, lanzada por Felipe Calderón a finales del primer año de su gobierno.

Asimismo, se proporcionan elementos para acreditar la responsabilidad superior y de mando de 58 comandantes militares adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional, señalados como responsables de cometer actos de tortura, violencia sexual y otras conductas graves.

La directora para las Américas de la FIDH, Jimena Reyes, presentó la comunicación que su organización e IDHEAS enviaron a la Fiscalía de la CPI sobre la supuesta estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crímenes de lesa humanidad que habrían sido cometidos por desaparición forzada.

El informe revela que, entre junio de 2017 y mayo de 2020, fueron halladas 30 fosas clandestinas con al menos 140 personas desaparecidas en Nayarit.

Con dicha información, se constató que existen bases razonables para considerar que se cometieron actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, competencia de la CPI, y que se cometieron mediante una estructura criminal que operaba en el seno de la Fiscalía de Nayarit.

El Fiscal de esa entidad, Edgar Veytia, recibió una condena en Estados Unidos, en septiembre de 2019, de 20 años de prisión y cinco más bajo “vigilancia” por colaborar con narcotraficantes.

La decisión fue dada a conocer por la Juez Carol Bagley en la corte del distrito este de Brooklyn, en Nueva York, en el mismo sitio donde también se llevó a cabo el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán hace unos meses.

“Las organizaciones convocantes consideramos que la intervención de la CPI podría fomentar investigaciones y enjuiciamientos efectivos”, explicaron en un comunicado conjunto.

Agregaron también que es “fundamental que el Estado mexicano reconozca la grave crisis de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad que vivimos en el país y que actúe en consecuencia”.

También se pronunció al respecto el Senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza, abordando la necesidad de buscar la intervención de la CPI en la situación de México, para lograr la justicia para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y crímenes internacionales, como la tortura y la desaparición forzada.

En noviembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) constató que en México persiste una situación generalizada de desapariciones en gran parte del país, en donde impera la impunidad y la revictimización.

México se comprometió a atender “puntualmente” las recomendaciones que el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU presentará en marzo próximo.

“Asumimos el compromiso de que el informe que presente el comité será atendido puntualmente por el Estado mexicano”, aseguró el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Asimismo, el Gobierno mexicano reconoció que el país enfrenta una crisis humanitaria por las desapariciones forzadas, al acumular más de 94 mil personas no localizadas.

“Esta es la herencia más dolorosa que está enfrentando el Gobierno de México y donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos como prioridad del Estado mexicano”, indicó el funcionario.