Delfina Gómez propone aumentar castigo a acosadores sexuales

 En una acción que marca un parteaguas en la defensa de los derechos de las mujeres, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México para castigar el acoso sexual desde la primera denuncia y endurecer las penas para reincidentes.

La propuesta elimina la condición de reincidencia que hasta ahora limitaba la sanción, lo que significa que todo acto de acoso sexual podrá ser castigado desde el primer reporte, sin necesidad de que se repita la conducta. El cambio aplicará en cualquier lugar, incluidos espacios públicos y transporte público, y busca cerrar el paso a la impunidad.

Esta reforma se enmarca en el Plan Integral contra el Abuso Sexual anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que promueve una política de Estado para garantizar atención, justicia y reparación a las víctimas, con la homologación del abuso sexual como delito grave, capacitación institucional y campañas de concientización.

De manera inédita, el decreto propuesto por Delfina Gómez crea un nuevo tipo penal para sancionar a servidores públicos —entre ellos policías y ministerios públicos— que se nieguen a recibir denuncias, intimiden o disuadan a las víctimas.

En esos casos, se impondrán penas de dos a seis años de prisión, destitución del cargo e inhabilitación para ocupar funciones públicas por el mismo periodo.

Asimismo, la reforma incrementa las penas hasta en una mitad cuando el acoso se cometa aprovechando situaciones de vulnerabilidad o riesgo para la víctima, y ordena que todas las autoridades incorporen la perspectiva de género en la aplicación de la ley.

Con esta iniciativa, el Gobierno mexiquense ratifica su compromiso con un Estado de México libre de violencia, donde las víctimas no sean ignoradas ni revictimizadas y donde cada denuncia cuente.

“No es tolerable ningún tipo de acoso ni abuso. Vamos a garantizar justicia desde la primera denuncia”, señaló Gómez Álvarez al presentar la propuesta, que refuerza la coordinación con el Gobierno federal en la lucha contra la violencia sexual.

La reforma coloca al Estado de México a la vanguardia nacional en la protección de los derechos de las mujeres, estableciendo sanciones ejemplares tanto para los agresores como para quienes obstaculicen la justicia.