La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, advirtió que en su administración habrá diálogo abierto con los trabajadores del sector hídrico, pero con apego estricto a la ley.
“No es una cacería, no es querer afectar a quien da trabajo”, subrayó al referirse a la Operación Caudal, estrategia puesta en marcha para frenar el llamado huachicol de agua.
Desde el 17 de octubre, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron operativos en 48 municipios mexiquenses, con el objetivo de detener la extracción y comercialización ilegal del vital líquido. Los resultados son contundentes: 189 inmuebles clausurados, entre ellos 51 pozos y 138 tomas clandestinas, además del aseguramiento de 322 pipas utilizadas para la venta irregular.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las redes de extracción ilícita operaban bajo fachada sindical o social, y estaban vinculadas a agrupaciones como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), Los 300, Libertad, 25 de Marzo, 22 de Octubre y Chokiza.
Estas organizaciones imponían tarifas abusivas y controlaban la distribución del agua en distintas regiones del estado, afectando directamente el abasto ciudadano.
La legislación mexiquense establece multas de hasta 22 mil pesos y penas de hasta seis años de cárcel para quienes participen en la extracción y venta ilegal del recurso, mientras que quienes sustraigan agua sin permiso pueden enfrentar tres años de prisión y sanciones económicas superiores a 11 mil pesos. Estas disposiciones buscan proteger el acceso equitativo al agua y evitar que se convierta en un negocio controlado por unos cuantos.
Delfina Gómez enfatizó que su gobierno no busca criminalizar a los trabajadores, sino garantizar que la operación del sistema hídrico se realice con transparencia y legalidad.
“Quienes están bien no tienen que preocuparse; los que tengan algún trámite pendiente podrán regularizarse, pero quienes infrinjan la ley deberán asumir las consecuencias”, sostuvo.
La mandataria informó que ya se llevan a cabo mesas de trabajo interinstitucionales con autoridades municipales, la Fiscalía estatal, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y la CONAGUA, con el objetivo de acompañar a los operadores del sector en la regularización de permisos y concesiones.
Con esta estrategia, el Gobierno del Estado de México marca un precedente en la gestión responsable del agua, privilegiando el diálogo, la legalidad y el derecho ciudadano al acceso seguro y sustentable del recurso.
