La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo este miércoles uno de los casos de huachicol fiscal más grandes dados a conocer en México, relacionado con el contrabando de 21.5 millones de litros de diésel.
Por unanimidad, el Pleno de la Corte decidió revisar el recurso promovido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra una resolución judicial que previamente evitó que el empresario Édgar Marín Meza Moreno, dueño de la empresa Impulsora de Productos Sustentables, fuera vinculado a proceso por el delito de contrabando.
La controversia surgió luego de que un Tribunal Colegiado de Veracruz confirmara la no vinculación a proceso del empresario, argumentando que la Fiscalía General de la República (FGR) no cumplió con un requisito clave durante la integración del caso.
Según esa resolución, la FGR no dio intervención previa a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), organismo que desde 2022 asumió las funciones relacionadas con la representación de Hacienda en casos de contrabando, tarea que anteriormente correspondía al SAT.
Además, el tribunal consideró que dicha autoridad tampoco fue citada correctamente durante la audiencia inicial del proceso penal. Ante ello, el SAT presentó un recurso de queja para intentar revertir esa resolución, aunque el tema terminó escalando hasta la Suprema Corte debido a la relevancia jurídica y económica del asunto.
El expediente será turnado ahora a un ministro ponente, quien elaborará un proyecto de resolución que posteriormente será discutido por el Pleno.
La decisión de atraer el caso fue respaldada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, quienes consideraron que el asunto tiene relevancia suficiente para ser resuelto directamente por la Corte.
Se trata además del segundo recurso relacionado con este tema que analiza la SCJN en los últimos meses, luego de que en marzo también admitiera otro expediente vinculado con las facultades del SAT y la ANAM en investigaciones por contrabando.
La resolución que eventualmente tome la Corte podría sentar un precedente nacional sobre cómo deben integrarse este tipo de investigaciones y qué instituciones tienen competencia legal para actuar en delitos relacionados con contrabando de hidrocarburos.





































luis
28 mayo, 2026 at 3:54 pm
aaah!!! cualquier dependencia o instancia de gobierno debería de poder hacer la denuncia o demanda o lo que sea… si tiene las pruebas para que se investigue cualquier daño o perjuicio a la nación… punto…
SIGAMOS HACIENDO HISTORIA