La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó este martes la petición de la ministra Lenia Batres para que asuntos fiscales relevantes se discutan de manera pública en el Pleno del máximo tribunal. Por ocho votos contra dos, la mayoría de los ministros decidieron mantener las reglas actuales, en las que cada sala decide si un asunto amerita ser llevado al Pleno o no.
Y el tiempo apremia. A esta Corte sólo le quedan cuatro sesiones —incluida la de hoy— para resolver casos antes de que lleguen los nuevos nueve ministros electos el pasado 1 de junio, quienes a partir de septiembre solo sesionarán en Pleno.
La petición de Batres surgió el 18 de junio, cuando dejó sin quórum la sesión de la Segunda Sala para impedir que se desechara un recurso promovido por el SAT contra una sentencia que anulaba un crédito fiscal de 4 mil 442 millones de pesos contra la empresa Movistar.
Ese día, Batres alzó la voz: “Los ministros en funciones que están por dejar sus cargos ya no deberían votar casos de ese tipo luego de discusiones privadas en las salas, sino que se deberían ver en público en el Pleno”.
Sin embargo, la mayoría de sus colegas no estuvieron de acuerdo. Según lo votado este martes, cada ponente puede seguir proponiendo ante su sala si un amparo en materia fiscal debe o no ir al Pleno.
Queda por ver si la ministra Batres asistirá a la próxima sesión de la Segunda Sala, que tiene en agenda nada menos que 71 asuntos —la mayoría fiscales— y es la penúltima antes de que concluya la actual composición de la Corte. La última está programada para el 13 de agosto.
Sesión publica e la Segunda Sala en la SCJN.
Juicios fiscales en la congeladora
Los temas pendientes no son menores: además del caso Movistar, están en lista tres recursos de Grupo Elektra, con un valor estimado por el Gobierno en 26 mil millones de pesos; uno más por 2 mil 868 millones de pesos contra la minera canadiense Primero Mining, y otros que siguen acumulando polvo mientras se promueven impedimentos, recusaciones o estrategias dilatorias.
No todos son iguales. En la mayoría, las empresas son las que buscan prolongar juicios que ya perdieron en tribunales colegiados. Pero hay excepciones, como en el caso de Movistar, donde fue el propio SAT el que solicitó la intervención de la Corte tras un revés judicial.
Cabe recordar que apenas el 28 de mayo, la Primera Sala de la Corte confirmó un crédito de mil 272 millones de pesos contra la empresa de casinos española Codere.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha urgido públicamente al Poder Judicial a resolver estos temas fiscales pendientes. Pero la parálisis persiste, muchas veces por los “impedimentos” promovidos por las mismas empresas para evitar que los ministros resuelvan.
FOTO: Rodrigo González “Eneas” / Polemón
Y así, mientras se agota el tiempo de la actual Corte, quedan en el limbo decenas de miles de millones de pesos que podrían —o no— regresar al erario.
Poncho el de Detroit
1 julio, 2025 at 8:41 pm
Que no entiende Lenia, que todos esos asuntos machuchones de tanto dinero siempre se han arreglado en lo obscurito de las salas de la Tremenda Corte de Injusticia y de la Traición?
Poncho el de Detroit
1 julio, 2025 at 8:45 pm
Por favor que estas ratotas togadas ya no toquen ningún asunto. Que ya no hagan daño.
Que se tomen un par de meses de vacaciones a donde quieran, con gastos pagados, pero que ya no toquen nada.
Ya solo dos meses, y se van a la merga