Entre 2006 y 2026, el salario promedio de las y los maestros pasó de 11,952 pesos en 2018 a 20,351 pesos mensuales en 2026, un incremento del 70% en ocho años. En materia de pensiones, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reporta un aumento superior al 400%, al pasar de 4,320 pesos a 19,000 pesos mensuales para un trabajador con salario de referencia de 16,000 pesos.
La SEP atribuye el incremento pensionario a dos medidas principales:
- En 2020, una reforma redujo en más del 50% las comisiones de las Afores, lo que permitirá que más de 175 mil millones de pesos permanezcan en las cuentas de los trabajadores entre 2022 y 2030.
- En 2024, se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, un complemento solidario con el que el Estado garantiza que los docentes que ganan hasta 18,000 pesos mensuales, tres cuartas partes del magisterio, se jubilen con el 100% de su último salario. Para 2026, el monto mínimo de pensión a través de este fondo se ubica en 17,886 pesos mensuales, actualizado con base en la inflación.
FOTO: GOBIERNO DE MICHOACAN
La dificil sostenibilidad de las cuentas solidarias
El gobierno de Claudia Sheinbaum también publicó en junio de 2025 un decreto que congela la edad mínima de jubilación en 58 años para hombres y 56 para mujeres, con una reducción gradual que en 2034 la llevaría a 55 y 53 años, con hasta 30 años de servicio para hombres y 28 años para mujeres, respectivamente. La medida aplica a los aproximadamente 947 mil trabajadores del Estado afiliados al régimen de cuentas individuales instaurado en 2007 y tendrá un costo fiscal de 36 mil millones de pesos durante el sexenio.
Esta información sale en el contexto de las negociaciones entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantiene plantones y bloqueos en la Ciudad de México. La principal demanda de la CNTE es la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, que sustituyó el sistema solidario de pensiones por cuentas individuales.
El director del ISSSTE, Martí Batres, advirtió que cumplir esa exigencia equivaldría a un costo de 20 puntos del PIB, aproximadamente 7.46 billones de pesos, por lo que el gobierno la ha descartado y propone en su lugar fortalecer PensionISSSTE y crear una aseguradora pública complementaria.
