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Opinión

Combatir la inseguridad atendiendo las causas de la desigualdad

En las últimas semanas, tanto el Gobierno Federal como el Gobierno de la Ciudad de México, dieron a conocer los resultados de la estrategia en materia de seguridad que han implementado durante estos 4 años. Sin duda queda trabajo por hacer, pero los resultados son importantes.

Escribí esta columna para Polemon recuperando algunas de las ideas discutidas en el programa “Jueves de Debate” en Capital 21, en donde discutimos sobre ¿Cómo se atienden las causas de la inseguridad y la violencia? con Federico Taboada, Pablo Vázquez, María Ortiz y Beatriz Olivares.

En la Ciudad de México, si nos centramos en el delito de homicidios, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en 2018 había un promedio de 4.7 homicidios diarios, mientras que (para el mismo periodo de tiempo) en 2022 el promedio es de 1.7. En este sentido, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública la ciudadanía respondió sentirse más segura con el actual gobierno de la Ciudad, ya que la percepción de inseguridad en el 2018 era del 91%, y ahora lo es del 68%. Como dijimos, hace falta mucho por hacer, pero ya se van estableciendo tendencias.

Por otro lado, en el informe de seguridad que presentó hace unos días la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expuso que los delitos de fuero federal se han reducido en un 27.7%, y en particular el homicidio doloso disminuyó en un 13.9% en comparación de su máximo histórico en 2018.

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Las propuestas de seguridad del actual gobierno federal y del de la “Capital de la Transformación”, han representado un cambio de paradigma al identificar a la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción como las principales causas de la inseguridad y las violencias en el país.

Estas propuestas cuestionan directamente a la tecnocracia neoliberal, pues durante sus gobiernos los jóvenes se quedaron sin oportunidades, el poder adquisitivo de la población cayó, se abandonó el campo, pero, sobre todo, se dejó de lado al contexto social como una de las variables explicativas de la violencia. Y pues claro, lo que no se ve no se atiende.

Si la oposición se niega a reconocer la importancia de estos avances es por dos razones: por una agenda electoral que busca despertar el miedo y la idea de que estamos en un gobierno fallido. Pero, sobre todo -y a esto me gustaría apuntar-, porque la estrategia implementada por el actual gobierno les cuestiona que en los últimos 36 años no contaron ellos con una política social de seguridad.

Para resumirlo en cuatro puntos. Los anteriores gobiernos no atendieron las causas de las violencias. No implementaron estrategias de combate a la inseguridad que se vincularan con la ciudadanía y trabajaran desde la comunidad. Implementaron medidas del tipo “populismo penal”, que tienen que ver con aumentar penas para los delitos, como si ese simple hecho logrará evitar que la gente que necesita ingresos para comer coseche amapola en sus terrenos.

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Pero, sobre todo, se efectuó una estrategia de seguridad caricaturesca e irresponsable con la cual la violencia se disparó un 192% en el sexenio de Calderón y 59% con Peña, mientras que del año 2006 al 2019 hubieron más muertos que detenidos como resultado de las acciones de combate al crimen organizado. Es terrible.

La propuesta actual del Gobierno Federal, en cuanto a la atención de las causas, pasa por 5 elementos principales: uno, la erradicación de la corrupción y la impunidad, el cual no es un tema sencillo como nos lo muestran las decisiones de juzgados locales que dejan ir libres a delincuentes por supuestos errores al debido procedimiento. Dos, la generación de empleo, espacios educativos, servicios para la salud y el bienestar, que son los principales inhibidores de la desigualdad y la violencia. Tres, la construcción de una nueva visión ética que recupere valores sociales como la honestidad, la igualdad, el sentido de pertenecía a la comunidad y la cultura del esfuerzo. Cuatro, la construcción de paz a través del trabajo conjunto y el empoderamiento de las comunidades. Cinco, el reconocimiento de los abusos cometidos y la atención a las víctimas.

Si bien estas acciones se realizan incorporando también el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad en el país, como la Guardia Nacional, se dista mucho de pensar que es solo a través de la lucha fuego a fuego que se solucionará este problema.

Hacen falta realizar estudios que muestren las relaciones que pueden existir entre la atención de las causas y los resultados de inseguridad en el actual gobierno, así como revisar la pertinencia de algunas medidas prohibicionistas, entre otras cuestiones, pero hay consenso en que la atención de las causas se traduce en la pacificación. Al menos en esta parte de la estrategia deberíamos de poder avanzar sin problema.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de México, acompaña al presidente Andrés Manuel López Obrador durante una conferencia de prensa matutina.

El asunto es que, para el conservadurismo, explicar la violencia desde la variable de las causas de la desigualdad les implicaría reconocer que la misma es un problema estructural que ellos ignoraron, el cual naturalmente es un paso que no están dispuestos a dar.

Ellos piensan que la vida social se comprende prioritariamente desde las decisiones individuales, ignorando que existen contextos sociales que condicionan estas decisiones. Esto es preocupante, ya que mientras exista esta visión, siempre estará el riesgo latente de las políticas de seguridad armamentísticas y violatorias de los derechos humanos.

Más allá de las muchas discusiones que debemos de tener en el plano de la inseguridad, es fundamental que salgamos como sociedad de una visión de buenos y malos, que dejemos de individualizar las violencias, y pasemos a comprenderlas también desde su dimensión social.

El gran éxito de las políticas neoliberales ha sido éste, el introducirnos la idea de que el estudiante que no estudia es porque no quiere, la personas que no tiene trabajo bien pagado es porque no se esforzó, o el que comete delitos es porque en algún punto de su vida se volvió una mala persona.

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Y no es así de sencillo. El Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos, fortalecer la economía familiar, y generar las oportunidades necesarias para inhibir las prácticas delictivas desde su origen.

¿Es acaso el estudiante responsable de que la escuela secundaria le queda a 3 horas de camino? ¿El trabajador es responsable de que México sea de los países en donde más se trabaja y donde menos se gana? Es simplista individualizar las razones de la desigualdad y la violencia.

Por último, atender las causas de la desigualdad no solo apunta a reducir los crímenes como el homicidio, en realidad apunta a reducir también otros tipos de violencias que van desde el robo de automóviles hasta la violencia de género.

¿No es con más oportunidades educativas como lograremos generar conciencia sobre la igualdad entre hombres y mujeres? ¿no es con oportunidades de empleo digno y bien pagado que lograremos construir un proyecto familiar e individual fuera de la delincuencia? ¿no es combatiendo a la corrupción y la impunidad como les mostraremos que no puede haber privilegios en una democracia? Pienso que este es el proyecto que debemos fortalecer, no el de la letalidad.

Diego Ilinich Matus
Escrito por

Militante de izquierda, integrante del INFP de morena, y convencido de la necesidad de una “revolución de las conciencias”. Licenciado en filosofía por la UABC. Maestro en ciencias sociales por la FLACSO-México. Con estudios en políticas públicas para la igualdad por CLACSO y el CIDE, así como candidato a doctor en política educativa por la UNAM.

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