De las fiestas en yates a los despachos financieros, Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont simbolizan la colusión entre la farándula, el poder económico y el neoliberalismo que durante años convirtió la evasión fiscal en un negocio de Estado.
La periodista Ana Lilia Pérez documenta cómo el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga y la exconductora Inés Gómez Mont construyeron un emporio de factureras y empresas fachada al amparo de los gobiernos neoliberales, mientras presumían en redes sociales una vida de lujos, viajes y relaciones con figuras de la política y los negocios.
Según la investigación publicada por Pérez en el medio SinEmbargo, los hermanos Álvarez Puga fundaron hace dos décadas un despacho que ofrecía servicios de outsourcing y asesoría fiscal para grandes corporaciones. Detrás de la fachada empresarial, su estructura permitió evadir impuestos, eludir obligaciones laborales y lavar dinero a gran escala. Las autoridades fiscales detectaron irregularidades desde el sexenio de Felipe Calderón, pero no actuaron. Por el contrario, el modelo de subcontratación fue impulsado por el gobierno espurio del panista.
Con el paso del tiempo, la red se expandió con empresas fantasma registradas en distintos estados y en el extranjero.
Estas compañías emitían comprobantes fiscales falsos y sirvieron como instrumento de desvío de recursos públicos, particularmente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El vínculo de la pareja con las élites políticas quedó evidenciado, según relata la escritora, en los círculos sociales donde se movían. Incluso, Álvarez Puga y Gómez Mont se conocieron en 2013 durante la fiesta de cumpleaños de Ernesto Zedillo Velasco, hijo del expresidente Ernesto Zedillo, símbolo del viraje neoliberal en México. Además, entre sus amistades figuraban también Ninfa Salinas, hija del empresario Ricardo Salinas Pliego, y Juan Collado, abogado de los Salinas de Gortari y de Peña Nieto.
La pareja fue beneficiada por contratos públicos millonarios durante el sexenio peñista. Uno de ellos, por tres mil millones de pesos, se otorgó de manera directa desde la Secretaría de Gobernación encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, bajo el argumento de “seguridad nacional”. Las empresas contratadas resultaron ser fantasma y parte del entramado financiero de los Álvarez Puga.
Por estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a la pareja de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Sin embargo, el viejo Poder Judicial les concedió amparos que ordenaron su retiro de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el descongelamiento de sus cuentas, lo que —advirtió el entonces titular de la UIF, Pablo Gómez— “no puede ser producto más que de estructuras de corrupción”.
En octubre pasado, Álvarez Puga fue detenido en Miami por irregularidades migratorias y se encuentra en un centro de detención mientras se resuelve su posible deportación a México. La audiencia decisiva se realizará el 12 de noviembre, y de concretarse la extradición, sería la primera vez que un operador de esta magnitud en el sistema de facturación falsa enfrente a la justicia mexicana.
Los datos que cita Pérez dimensionan el problema: entre 2014 y 2019, el SAT detectó más de 8 mil empresas fantasma que emitieron 8.8 millones de facturas falsas por un valor de 1.6 billones de pesos, con un fraude estimado en 354 mil millones. A pesar de ello, de 13 mil 594 contribuyentes señalados como presuntos factureros entre 2014 y 2025, sólo 1,705 casos concluyeron con sentencia firme.
Este rezago judicial, advierte la periodista, ha permitido que las mafias financieras continúen operando bajo protección institucional. No obstante, las recientes reformas al Poder Judicial impulsadas por el gobierno del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y el de la Presidenta Claudia Sheinbaum buscan cerrar las redes de impunidad que históricamente beneficiaron a los evasores fiscales y operadores ligados a las élites del neoliberalismo.
“El caso Álvarez Puga–Gómez Mont pone a prueba la capacidad del Estado mexicano para desmontar el sistema de corrupción y privilegios que se consolidó durante los gobiernos neoliberales”, concluye Ana Lilia Pérez.
Salvador Martinez C.
9 noviembre, 2025 at 10:16 am
Hola!los leo con interés y esta vez, la información contenida incita al comentario y difundír; cuando la corrupción y entreguismo de Peña se practicó como forma impune y cínica, y les llegó otro Régimen, llegué a comentar que, el sistema corrupto corruptor y entreguista, mantenía la confianza de continuar y no tuvieron tiempo para tapar tanta corrupción. Saludos