En 1993, el entonces Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari quiso privatizar los puertos del país, tal y como sucedió con Teléfonos de México, aunque únicamente consiguió crear las Administraciones Portuarias Integrales (APIs).
Los APIs son figuras estatales con facultades para administrar el puerto, operar los terminales, instalaciones y servicios a través de contratos de cesión parcial de derechos.
Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a lo sucedido como “una simulación” y cuestionó la concesión entregada en el puerto de Veracruz bajo esta figura.
“En el caso de Veracruz es un engaño, una simulación (…) si es público y si pertenece al Estado, para qué se concesiona, no tendría ningún caso. Es privatización”, se refirió a la prórroga de 100 años para administrar el Puerto de Veracruz dada a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER).
Además, la concesión de la APIVER se replica en 11 estados donde operan las Administraciones Portuarias Integrales federales y, gracias a ello, la iniciativa privada participa en la administración de los puertos mexicanos.
APIVER, Veracruz
El Capital de Marina Mercante, Antonio Rodríguez Fritz, dijo a SinEmbargo que “el Gobierno de Carlos Salinas no quería invertir en los puertos y por eso crearon la figura de las APIs (…) su intención era privatizar los puertos”.
México tiene acceso a los océanos Pacífico y Atlántico, con 17 estados con mar y cuenta con 117 puertos y terminales desde donde acceden millones de dólares en mercancías. Por ello, en el Gobierno de Salinas comenzó el desmantelamiento de los sindicatos portuarios, para entregar los puertos a la iniciativa privada.
El 1 de julio de 1991, el Gobierno federal estableció en el Diario Oficial de a Federación una requisa -herramienta con la cual el Gobierno puede apropiarse de una empresa o industria en periodo de guerra- para controlar las operaciones de los sindicatos portuarios.
La requisa fue ilegal porque a México no le había declarado la guerra nadie, pero la promulgó Salinas para detener el control y manejo de toda la actividad portuaria y se realizó con ayuda de empresas extranjeras, agencias navieras y agentes aduanales.
El ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. Foto: Especial
Según el Capitán Rodríguez, ese día ingresaron al puerto de Veracruz militares armados y policías federales que se dirigieron a los barcos y se llevaron a los trabajadores portuarios.
“Prácticamente los secuestraron porque se los llevaron sin una orden de aprehensión. Los amenazaron de que si no aceptaban que el Gobierno se quedara con todo (operación portuaria), los iba a desaparecer y a meter a la cárcel por falta de pago de impuestos”, indicó.
El Capitán agregó que, al ver lo ocurrido en Veracruz, que tenía sindicatos de más de 100 años y afiliados al PRI, todo mundo comenzó a firmar lo que sin darse cuenta sería el fin de los sindicatos en los puertos y la concesión de servicios dentro del puerto.
Nueva Ley
En julio de 1993, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Puertos con el objetivo de regular las terminales marítimas e instalaciones portuarias.
Así, en diciembre de ese año nacieron las Administraciones Portuarias Integrales, que abrieron la puerta a que la iniciativa privada se hiciera cargo de los puertos y supliera la falta de inversión gubernamental.
“Por ejemplo, llegaba un barco al puerto y se tenía que meter gente para cargar y descargar en contenedores. Entonces se promueve la creación de empresas que dieran servicios de estiva, entonces aparecen tres empresas estibadoras en Veracruz: CTV; Internacional de Contenedores de Veracruz, S.A de C.V (ICAVE); y Corporación Integral de Comercio Exterior S.A de C.V. (CICE)”, explicó el Capitán Rodríguez.
Poco a poco, las APIs fueron dejando en manos de privados operaciones especializadas, como las cargas líquidas (aceites) y cargas a granel (que no van en empaque).
El Capitán explicó que cada una de esas cargas específicas requieren de terminales especiales, pues no se pueden meter en la misma terminal polvo para cemento y carros. Por ello, la terminal de autos requiere rampas, zonas de acceso y la de polvos bandas transportadoras.
Fue ahí cuando el Gobierno comenzó a subconcesionar distintas terminales, volviéndose, en su momento, la de contenedores la más famosa.
Situación actual
Hoy en día, la coordinación de Puertos y Marina Mercante es liderada por Rosa Icela Rodríguez, encargada de desarrollar los sistemas portuarios integrales.
En nuestro país operan 16 APIs federales, 14 de ellas correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y dos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
La APIVER, recibió la concesión desde 1994 por el entonces titular de la SCT, Emilio Gamboa, con vigencia de 50 años, y en julio de 2018, el entonces titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, amplió el plazo hasta 2094.
Según el reporte de julio de la API, existen al menos 13 concesionarios en el puerto de Veracruz además de Pemex. Ahora, el Gobierno federal busca revocar la concesión hecha el último año del sexenio pasado.
El presupuesto de la Federación 2019 contempló un poco más de 6 mil 850 millones de pesos para solo 10 de las 16 APIs federales, de los cuales, 80.4 por ciento fue entregado a la API Veracruz, con casi 5.513 millones.
Las empresas que operan en los puertos manejados por las APIs pagan una contraprestación directa.
