Los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto firmaron 31 contratos por mil 970 mdp con empresas ligadas a la compañía israelí NSO Group que desarrolló el sistema Pegasus para expiar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y otros personas de la política, así como periodistas y activistas en pro de los derechos humanos.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez informó que de 2011 a 2018, fueron encontrados 31 contratos en esta dependencia y la Secretaría de Gobernación que suman alrededor de mil 970 millones de pesos que beneficiaron a “empresas fachadas” de la compañía israelí NSO Group que desarrolló el spyware Pegasus.
Durante la conferencia mañanera, se dio a conocer un listado de adquisición de software, hardware, base de datos, plataformas, licencias y mantenimiento de equipos de espionaje que se utilizaron en la Secretaría de Gobernación; la extinta Policía Federal; la dirección de Prevención y Readaptación Social; el Servicio de Protección Federal y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).
Rosa Icela, secretaria de Seguridad. Foto: Presidencia de México.
Rosa Icela dijo que se entregó la documentación correspondiente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el caso de espionaje ejercido por los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña con el programa Pegasus.
Recordó que el spyware Pegasus de la empresa NSO Group, fue vendido por la empresa fachada Tech Bull a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
“Para sus transacciones, la empresa israelí, usó empresas fachadas llevando a cabo así una simulación de contratos, relacionados con el software Pegasus en diferentes instancias del gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia”, dijo.
Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Foto: Cuartoscuro.
Enseguida, mencionó una lista de los contratos que fueron suscritos por cada una de las áreas asignadas a la vigilancia y seguridad: en la extinta Policía Federal se detectaron 16 contratos suscritos con dos empresas distintas, la KBH y Comercializadora de soluciones integrales Mekale.
En la Secretaría de Gobernación, de donde dependía la extinta Policía Federal, se detectaron dos más con las empresas Proyectos Semilla y Artículos Textiles y equipos y accesorios MB. En la Dirección de Prevención y Readaptación Social, órgano desconcentrado que tiene a su cargo los penales, fueron siete contratos con cuatro empresas, entre ellas, Comercializadora Ansua, Artículos Textiles, BCD y BCD London.
En el servicio de Protección Federal, se encontraron dos contratos más con la empresa fachada Artículos Textiles y Accesorios, y finalmente, en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que antes operaba bajo el nombre de Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), se reportaron cuatro contratos más con la empresa Proyectos y Diseños BME.
Además, de acuerdo con el diario La Jornada, también se detectó un desvío de recursos para la compra de equipo de espionaje, cuando su destino original era la compra de medicamento.
Entre los contratos fachada resalta el registrado como OADPRS/DGA/A/030/2018, cuyo objetivo era la “adquisición de medicamento para los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social”, cuyo monto fue de 145 millones 154 mil 706 pesos con 65 centavos.
El contrato fue firmado con la empresa Comercializadora Antsua, SA de CV, e incluía la entrega de medicamentos en 17 centros federales de readaptación social, Almoloya e Islas Marías entre ellos.
