Cabeza de Vaca dejará Tamaulipas con una millonaria deuda

Al dejar de ser Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca dejará una deuda pública garantizada con las participaciones federales por 16 mil 10 millones 905 mil 963 pesos, según dio a conocer una investigación de Contralínea.

La cifra, registrada hasta el 30 de junio pasado, se contrató principalmente con la banca comercial, principalmente con Banorte, según se menciona en el reporte “Deuda contratada con banca de desarrollo y banca comercial”, consultado por la investigación.

A dicho banco, se le adeudan 8 mil 085 millones 6 mil 375 pesos, mientras que a Bancomer se le deben 2 mil 689 millones 541 mil 440 pesos.

A Banamex, la entidad le debe 2 mil 394 millones 410 mil 381 pesos; a Santander se le adeudan mil 595 millones 337 mil 188 pesos; mientras que, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), se le deben 246 millones 610 mil 577 pesos.

Además, Contralínea explica que hay que sumar la deuda indirecta por 23 millones 064 mil 539 pesos a BBVA Banorte.

Y, por si fuera poco, García Cabeza de Vaca respaldó el endeudamiento de Nuevo Laredo por 110 millones 397 mil 936 pesos.

Se protege antes de salir

Aunado a esto, a García Cabeza de Vaca se le señala de haber organizado una serie de cambios legales en Tamaulipas para blindarse antes de concluir su periodo como Gobernador, heredando a un Fiscal cercano a él y entregando más de 60 notarías a dirigentes panistas, funcionarios estatales y municipales.

“La administración saliente debe rendir cuentas y en el proceso de entrega-recepción, que dura 60 días una vez de la toma de posesión, se deben hacer todas las observaciones (…) si hay pruebas suficientes, el nuevo Gobierno debe presentar las denuncias para que se investigue”, mencionó el Diputado local de Morena, Jesús Suárez Mata.

Algunos de los que recibieron la acreditación para ejercer como notarios son:

• Víctor Manuel Sáenz Martínez, exjefe de la Oficina del Gobernador García Cabeza de Vaca
• Blanca Isela Pérez Ramírez, esposa del Diputado panista Félix Fernando García Aguilar

Además, el 20 de septiembre pasado, el mandatario estatal publicó una lista con 32 patentes otorgadas a aspirantes a notarios, entre los que figuran nombres como:

• Alejandro Guerra Martínez, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa
• Óscar Adrián Márquez Nava, director jurídico del Instituto Registral y Catastral
• Abelardo Perales Huerta, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
• Manuel Alejandro Rodríguez Altamirano, Fiscal contra delitos de Niñas y Niños
• Óscar Vicente Sánchez Gutiérrez, titular del Registro de la Propiedad en Nuevo Laredo
• José Manuel Bonilla Martínez, ex presidente de la Federación de Abogados de Tamaulipas

Varios analistas y columnistas de Tamaulipas han asegurado que algunos de los nombres de la lista de patentes publicada por el Gobierno de García Cabeza de Vaca no tienen experiencia, pese a que es requisito, entre otros, tener buena reputación tanto personal como profesional.

A García Cabeza de Vaca se le giró en junio de 2021 una orden de aprehensión, pero la detención no ocurrió porque obtuvo un amparo y porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) optó por dejarle su fuero y anuló la orden de arresto.

Sin embargo, como la decisión de la SCJN no abarca los delitos que presuntamente cometió en Tamaulipas, Santiago Nieto, asesor de Américo Villarreal, el gobernador electo, dio a conocer que será sancionado cuando se retire del cargo, el próximo 30 de septiembre.

Al panista se le acusa de defraudación fiscal por 6 millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con una pena de tres a nueve años en prisión.

A decir de la Fiscalía General de la República (FGR), García Cabeza de Vaca es dueño de “un caudal de bienes y recursos ocultos”, como 30 casas en México y Texas, así como diversas empresas que opera con prestanombres.

Fiscal heredado

El Fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica estará en el cargo hasta 2025, luego de que en septiembre del año pasado el Congreso ampliara su periodo y le diera poder para proponer a los fiscales especializados, dejando al margen al Gobernador entrante, Américo Villarreal.

Además, Barrios Mojica estuvo a punto de quedarse frente a una “Súper Fiscalía”, teniendo el mando total del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), el Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5) y la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE).

Lo anterior no ocurrió gracias a que el Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) anulara las reformas aprobadas en junio pasado por el PAN y el PRI en el Congreso.

También fue anulada la decisión del Congreso estatal de conformar la Diputación Permanente con mayoría de PAN y PRI, así como la aprobación de 179 de las cuentas públicas de municipios y organismos descentralizados que no fueron revisadas.

Barrio Mojica, quien llevó el Ministerio Público de Felipe Calderón que orquestó, en mayo de 2009, el conocido como “michoacanazo”, también es señalado de fabricar culpables en Tamaulipas.

El funcionario fue designado como Procurador cuando, en 2016, García Cabeza de Vaca llegó a la gubernatura y luego fue promovido hasta el 2025, con la posibilidad de extender su cargo hasta 2032 mediante una reforma hecha a la Constitución del estado en septiembre pasado que eliminó el impedimento de ser reelecto.

Seguridad Gratis

Asimismo, García Cabeza de Vaca ha acomodado todo para gozar de la protección de escoltas por seis años, con la posibilidad de extender ese periodo.

Lo anterior ocurre gracias a que el Congreso del estado reformó su Constitución para que el mandatario saliente pudiera continuar con el respaldo de escoltas y seguridad, con cargo al erario público.

Expertos en el tema han indicado que es ofensivo para la población que, al menos en el caso específico de García Cabeza de Vaca, que es investigado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, irregularidades y presuntos nexos con el crimen organizado, el pueblo deba pagarle aún por brindarle seguridad.