La compañía canadiense ATCO Ltd. determinó transferir a México la propiedad de un gasoducto no terminado que estaba inmerso en una disputa con la empresa estatal mexicana de electricidad, según anunciaron dos funcionarios a Reuters.
La agencia de noticias dio a conocer en octubre pasado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo que pagar en 2021 cerca de 100 millones de dólares a ATCO, por daños, intereses y honorarios legales por el gasoducto Ramal Tula, en Hidalgo.
Con este acuerdo para entregar el gasoducto, se liberará a ATCO de responsabilidades y dará al Presidente Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de concluir el proyecto pausado, que se diseñó para suministrar gas natural a una central eléctrica del norte de la Ciudad de México.
Tres personas cercanas al asunto mencionaron que el acuerdo para entregar el proyecto se alcanzó luego de que el Presidente AMLO se reuniera en enero pasado con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien aprovechó sus conversaciones para plantear las preocupaciones de las empresas energéticas canadienses en nuestro país.
Luego, López Obrador se reunió con representantes de dichas empresas, incluida ATCO, y cerraron los detalles de la transferencia en febrero, indicó una de las fuentes, mientras que dos más aseguraron que no hubo un pago involucrado en la transferencia.
Este acuerdo, beneficioso para ambas partes, contrasta con conversaciones de disputas no resueltas centradas en las políticas energéticas de López Orador, que han enfrentado a Estados Unidos y Canadá con México.
Desde un inicio, el Presidente mexicano ha puesto en marcha varias medidas para reforzar el control estatal del sector, argumentando que los gobiernos anteriores sesgaron el mercado energético mexicano a favor del capital privado.
Por su parte, las empresas del norte del continente alegan que sus medidas las ponen en desventaja e incumplen un acuerdo comercial norteamericano. Por ello, en julio pasado, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá iniciaron conversaciones formales de resolución de disputas con México en materia de energía.
ATCO fue parte del arbitraje pues, con la llegada de AMLO, la CFE canceló un contrato que la empresa hizo con el Gobierno de Enrique Peña Nieto para construir el gasoducto, argumentando que la obra estaba incompleta.
En aquel punto, ATCO ya había concluido gran parte del gasoducto de 17 kilómetros, pero explicó que no podía completar el tramo final debido a la resistencia de las comunidades locales, e invocó a fuerza mayor.
Según la empresa, México no había hecho lo suficiente para permitir la conclusión del gasoducto y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres le dio la razón, por lo que México pagó en diciembre de 2021, según indicaron fuentes cercanas al tema.
El Gobierno de Peña Nieto valoró inicialmente el proyecto Ramal Tula en 66 millones de dólares, cuando el contrato fue adjudicado en 2014.
