Fácilmente puede presumirse que hay una conspiración detrás de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la renovación de la presidencia de Morena y de su secretaría general, lo cual ha obligado al Consejo Nacional de ese partido a intentar averiguar quién o quiénes mueven los hilos de un plan que pudo ser urdido desde las sombras.

Por todos los indicios de ilegalidad con que ha actuado el TEPJF en su caso, dicho Consejo tomó la determinación de rechazar la sentencia de ese Tribunal que obliga al INE a intervenir en el proceso interno de selección de la dirigencia nacional de Morena, pero si fracasara en sus acciones legales puede tener la opción de inscribir a un solo candidato para cada cargo.

Es de tal gravedad la intromisión en la vida interna del partido por parte del TEPJF, que el Consejo Nacional de Morena se empleará a fondo e iniciará acciones legales para someter a juicio político a los magistrados de ese tribunal, y pedirá auditorías para revisar sus bienes.

Están a la vista todas las evidencias que confirman que el Tribunal Electoral se ha instalado en la total ilegalidad en este caso en particular, pues ha roto los procedimientos y normas de los estatutos de Morena y de su propio reglamento interno, hasta llegar al extremo de entregar a manos privadas la renovación de la dirigencia nacional de ese partido, al ordenar al INE que sean empresas encuestadoras las que tengan a su cargo el proceso que decidirá -por los resultados que ellas mismas informen- los cargos de presidente y secretario general de Morena, ni más ni menos que el partido en el poder.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que Morena informe al INE sobre un candidato solamente para cada cargo, y dejar constancia de que los demás aspirantes han declinado a su favor previamente a la fecha límite para dar los nombres, única manera en que pudiera evitarse “mano negra” en la elección de sus principales dirigentes, en caso de que el Consejo de la Judicatura y de la Comisión de Administración del TEPEJF, al que apelará el Consejo Nacional de Morena, falle en su contra y tenga que someterse a esa imposición.

Frente al desaseado trabajo del Tribunal Electoral, la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, exclamó en extremo alarmada: “¡No puede ser que sea la última instancia de decisión si estamos comprobando que sus sentencias son ilegales e inconstitucionales!”

El propio presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, ha intentado lavarse las manos al detectar indicios de ilegalidad en la sentencia del Tribunal Electoral.

Para no quedar en medio del gran escándalo que se avecina, ha declarado que “no hay fundamento legal” para que el INE intervenga en el proceso de renovación de la presidencia de Morena y de su secretaría general. Y quiso dejar bien sentado que el INE no ha actuado como cómplice del Tribunal Electoral, al señalar que el instituto que preside “no pidió participar en ese proceso interno y tampoco fue consultado”.

Al mismo tiempo estableció que el mandato que ha recibido el INE del TEPJF, para crear los lineamientos y el calendario para la renovación de la dirigencia de Morena, “no está basado en lo que Morena estableció en sus estatutos, sino en una resolución de la Sala Superior”, y así quedar eximido de toda culpa o sospecha.

La forma en que se ha conducido el Tribunal Electoral desde el principio del proceso que inició Morena para elegir a su dirigencia nacional, conforme a sus estatutos, apunta claramente a presumir una estrategia que se ha desarrollado al interior de ese Tribunal, pero que bien pudiera ser que algún grupo externo ha tomado las riendas sobre estas decisiones.

La estrategia fue urdida para intervenir directamente en la vida interna de Morena de manera -además de ilegal- que no fuera perceptible para los responsables de ese partido, hasta que fuera demasiado tarde.

Le tendieron una trampa al partido en el poder porque el propio Tribunal Electoral fue quien impidió que Morena llevara adelante su proceso normal de cambio de su dirigencia, y lo hizo de manera que -pudiera decirse-, fue muy astuta.

En septiembre del año pasado, Morena inició su proceso de renovación de la dirigencia nacional; también de cada uno de los estados de la República, y de 32 consejos estatales y sus comités ejecutivos, conforme a sus estatutos.

El Tribunal, de manera irregular, detuvo en octubre ese trabajo partidista alegando que el proceso era ilegal por un error en la convocatoria cuando ya Morena llevaba efectuadas 210 asambleas, aproximadamente el 70 por ciento del proceso, por lo cual todas las asambleas quedaron invalidadas.

La sospecha recae sobre el Tribunal porque tuvo tiempo suficiente para informar a Morena sobre la irregularidad en la convocatoria antes del inicio de las asambleas, algo que repetidamente ya había hecho en otros casos, pero en esta ocasión dejó correr el proceso sin advertir a ese partido sobre el error en la convocatoria.

Morena. Foto: Especial.

Esa misma convocatoria le fue regresada por el Tribunal en repetidas ocasiones, retrasando la ejecución de sus asambleas, y al presentarse la pandemia del Coronavirus le fue imposible a Morena realizarlas de manera presencial y tampoco pudieron tener lugar de manera virtual por la dificultad de hacer los congresos con la participación de varios miles de militantes.

Puede afirmarse que el INE, contra su voluntad, va a realizar acciones ilegales, porque la ley señala que ese instituto solamente puede participar en la vida interna de los partidos políticos a petición suya, cosa que no ha ocurrido así en el caso que nos ocupa, además de que el reglamento en cuestión establece que esa solicitud debe hacerse con cuatro meses de anticipación. Lo anterior reafirma que el Tribunal no cumple ni en los tiempos ni en los procedimientos legales.

Parece un Tribunal que tiene la consigna de irse contra Morena, al quedar claro que ha colocado sobre la mesa la sospecha de que algo muy irregular está sucediendo, pues incurre, una y otra vez, en interpretaciones discutibles y forzadas, e ignora preceptos constitucionales, generando un efecto de ya muy escasa credibilidad.

A nivel mediático se ha querido interpretar el retraso en el nombramiento de su dirigencia de Morena a disputas internas, desconociendo la intervención del Tribunal Electoral para dificultarlo.

Por otro lado, como es lógico presumir, ese partido para a tener reparos con las casas encuestadoras, pues la supervisión sobre su tarea va a tenerla exclusivamente el INE. Morena sólo estará como observadora y su costo saldrá de las prerrogativas del partido en el poder, para colmo, si es que llega a realizarse ese procedimiento.