Víctor Manuel Álvarez Puga es señalado actualmente como la cabeza del “grupo facturado más importante del país”, al usar a sus empresas para evadir impuestos, lavar dinero y también participar en causas benéficas dentro del Gobierno, como la Cruzada Nacional contra el Hambre de Enrique Peña Nieto o la concesión que tiene en la Semarnat.
Álvarez Puga, su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez Mont, y su hermano, Alejandro Álvarez Puga, son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos a través de empresas factureras.
Inés Gómez Mont y su marido Víctor Manuel Álvarez. Foto: Especial.
El matrimonio es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) en 195 países a petición de la FGR, que solicitó una ficha roja.
A principios de octubre pasado, el Procurador Fiscal, Carlos Romero Aranda, dio a conocer las órdenes de aprehensión contra las cabezas del “grupo financiero más importante del país”.
“Ahorita ya tenemos los dos casos más relevantes de factureras, por un lado los de facturación de outsourcing, donde tenemos órdenes de aprehensión contra el grupo delictivo y sobre todo las cabezas, y por el otro lado donde tenemos al grupo facturero más importante del país, que era uno que operaba, que la cabeza del grupo es un supuesto empresario que tenía un despacho de contadores y su esposa es alguien famosa de la farándula”, explicó el funcionario en una reunión con diputados de la Comisión de Hacienda.
El procurador fiscal de la federación @cromero_aranda
compareció ante la Comisión de Hacienda de la @Mx_Diputados, en donde dejó en claro que no se permitirán más simulaciones en los casos de la subcontratación laboral, ni la defraudación y evasión fiscal. pic.twitter.com/00lKbKVNVd— ProcuraduriaFiscal (@ProcuFiscal) October 7, 2021
Pero anteriormente el empresario y su firma, Álvarez Puga & Asociados ya habían estado involucrados en operaciones ilegales.
En el año 2000, Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga inauguraron su despacho y en tan solo 10 años ya contaban con una cartera de 700 clientes a nivel nacional, según su propio perfil en LinkedIn.
“Dentro de los servicios que respaldan el trabajo de Víctor Álvarez Puga, es la estructura en la planeación fiscal, los amparos, la defensa fiscal, la gestión de Recursos Humanos, civil, mercantil, corporativo y contractual, así como en el campo agrario y el ambiental”, indica su perfil.
En 2010, sus oficinas fueron cateadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en siete ciudades de la república por una investigación de defraudación fiscal.
El SAT detectó q el despacho Álvarez Puga y Asociados asesora a sus clientes pafra q incurran en conductas de evasión fiscal (outsourcing)
— SATMX (@SATMX) April 22, 2010
“Álvarez Puga & Asociados desarrolla esquemas de sustitución laboral para evadir impuestos, reparto de utilidades, aguinaldos, pagos al IMSS y otras prestaciones que deberían gozar los trabajadores en México”, explicó en aquél momento el SAT, a través de un comunicado.
Detalló que el operativo se hizo en al menos siete de las 45 oficinas que la consultora tenía a lo largo del país.
“El SAT detectó que el despacho Álvarez Puga y Asociados asesora a sus clientes para que incurran en conductas de evasión fiscal u outsourcing. Desarrollan esquemas de sustitución laboral para evadir impuestos. Con el outsourcing se transfiere a trabajadores a sociedades cooperativas y se evita el reparto de utilidades, impuestos y seguridad social”, detalló el SAT.
Tras el cateo, la empresa con presencia en 45 ciudades del país, así como Estados Unidos, Centroamérica y Europa, señaló que estaba dispuesta a colaborar con el SAT.
“Nuestro compromiso es garantizar la legalidad, la transparencia y el profesionalismo en los servicios que prestamos a nuestros clientes; colaborar con las autoridades en el marco estricto de la ley; y respetar los derechos de los ciudadanos y el esfuerzo que la nación realiza para consolidar su crecimiento y desarrollo”, manifestó.
El caso fue desestimado en 2016 por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Filantropía y Semarnat
Asimismo, Álvarez Puga era conocido en las revistas de sociales como un destacado empresario filántropo.
En Caras se dio a conocer, en 2018, que era un abogado “multifacético”, que había participado en causas benéficas como la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa a cargo de la Sedesol, en la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos y en la campaña “Juntos por una sonrisa” de donación de juguetes a niños de escasos recursos.
Además, el empresario se benefició con una concesión de zona federal marítimo terrestre otorgada por la Semarnat en el 2015, con una vigencia de 15 años, es decir, hasta 2030.
Álvarez Puga recibió la concesión por parte de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambiente, perteneciente a la Semarnat, cuando la dependencia estaba bajo el liderazgo de Juan José Guerra Abud.
Estas concesiones se entregan a cualquier persona física o moral interesada en tener derecho a usar o aprovechar de manera sustentable una superficie de playa, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o a cualquier depósito formado con aguas marítimas.
La Semarnat no cuenta con más datos públicos que expliquen el uso de la concesión otorgada a Álvarez Puga, pero la dependencia, a través de su área de Comunicación Social, se comprometió a revisarla y dar información.
Felipe Báez
8 noviembre, 2021 at 7:26 pm
La colusión de un delincuente con las autoridades, se da por default.