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Acusa FGR a ex funcionarios ligados a Calderón de privatizar cárceles

Ya fueron imputados por varios delitos cometidos con los contratos de diversos centros penitenciarios adjudicados a la iniciativa privada, los ex funcionarios del gobierno de Felipe Calderón señalados de participar en la llamada “privatización de las prisiones”.

En días pasados, se dio a conocer en una audiencia que ya se terminó de formular la imputación de uso indebido de las atribuciones y facultades para los siguientes ex directivos de cárceles mexicanas:

  • Jannet Miriam Martínez Sánchez
  • Antonio Corona Rodríguez
  • Javier de Haro Alva
  • María Lidia Alcantar Vargas
  • Celina Oseguera Parra
  • Sergio Alberto Martínez Castuera
  • José Ariel Morales López
  • Miguel Vial Hernández
  • Salvador Camacho Aguirre
  • Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz
  • Saúl Castro Castro
  • Alma Delia Sánchez Ocampo
  • Gonzalo Villarreal Guerra
  • Marco Antonio Villarreal Gutiérrez
  • Arturo Sosa Viderique

Además, Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, Gonzalo Villarreal Guerra y Arturo Sosa Viderique fueron imputados por las autoridades por su supuesta participación en el delito de asociación delictuosa.

La denuncia fue presentada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ante la Fiscalía General de la República (FGR), quien aseguró que las acciones comenzaron en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando Genaro García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad.

Al respecto, AMLO ordenó al entonces consejo jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra,  llegar a un acuerdo con las empresas que administran los penales, y en caso de no hacerlo, proceder  a ir a la instancia de la denuncia civil para cancelar todos los contratos.

Privatización de las cárceles en México

En enero del año pasado, el mandatario dio a conocer los contratos que se otorgaron a particulares para llevar a cabo la administración de ocho centros penitenciarios.

Según la información que compartió el Gobierno federal, los contratos iniciaron en 2010, en el sexenio de Calderón, y fueron firmados hasta el 2032, e incluso hasta 2037 en algunos casos, por un total de 266 mil 300 millones de pesos, aunque aún tenían un monto pendiente por pagar de 190 mil millones 638 pesos.

Al respecto, al secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que el costo mensual de cada interno se llegó a estimar hasta en 114 mil 588 pesos, un promedio diario de tres mil pesos.

Los penales involucrados estaban localizados dos en Guanajuato, uno en Sonora, uno en Oaxaca, uno en Durango, uno en Chiapas, otro más en Michoacán y el femenil de Morelos.

Condenan a 231 años de prisión a homicida en Guanajuato

Los contratos fueron adjudicados directamente a empresas del sector privado como Arendal, GIA, ICA, Prodemex, Tradeco y Grupo Ideal, según lo reveló el informe Privatización del Sistema Penitenciario en México de las asociaciones civiles Documenta y México Evalúa.

Entre los apartados que destacan de los contratos, en uno se menciona que los centros penitenciarios son propiedad y responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que al concluir la vigencia de los contratos, el inmueble y sus instalaciones serán propiedad del proveedor.

En abril pasado el gobierno del Presidente AMLO dio a conocer que fueron renegociados varios contratos, así como el traspaso de las instalaciones al Estado al final de cada convenio. 

Así, se indicó que el ahorro anual podría ser de hasta 2 mil 300 millones de pesos, es decir, 15 por ciento menos de lo firmado.

Polemón
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1 Comentario

1 Comentario

  1. Avatar

    Sergio Arturo Ortega Alvarado

    24 enero, 2022 at 4:19 pm

    Muy buena Informacion,que sacas del anonimato. Por eso dice el presidente que ni la respetabilidad perdían.

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