El poderoso juez que encarceló al dictador chileno Augusto Pinochet, Baltazar Garzón, será ahora el encargado de defender a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien es acusado de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
Según fuentes allegadas al caso, el ex titular de Pemex contrató los servicios del jurista ibérico, con el propósito de evitar su extradición a las autoridades mexicanas.
Garzón goza de prestigio internacional y es conocido —además del caso de Pinochet— por prohibir la operación del Partido Batasuna, vinculado con la organización terrorista vasca ETA, así como por instruir las causas por los crímenes del franquismo y delitos de lesa humanidad contra integrantes de la última dictadura argentina, entre ellos a Ricardo Miguel Cavallo, quien fue detenido en México en el año 2000.
Baltasar Garzón. Foto: Especial
En el 2012, Baltazar Garzón fue destituido e inhabilitado por 11 años para desempeñar la carrera judicial, por encontrársele responsable de prevaricato en la instrucción del llamado Caso Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción política que se han destapado en España, el cual involucró a varios integrantes del Partido Popular.
Sin embargo, tras la separación del cargo, asumió la defensa del australiano Julian Assange, fundador del sitio de internet Wikileaks, quien se encuentra preso en Londres, para evitar que sea extraditado a Estados Unidos, donde le acusan de espionaje.
La defensa de Lozoya marcaría un contraste en la carrera judicial del juez ibérico, pues hasta ahora sólo se le conocía por defender causas relacionados con los derechos humanos y la libertad de expresión, como el ya mencionado caso de Wikileaks.
El pasado 12 de febrero, Lozoya fue detenido en Málaga, España, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por el Gobierno de México, con el propósito de llevarlo a proceso por recibir recursos de procedencia ilícita, con los que presuntamente adquirió una casa en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, con un valor de 38 millones de pesos.
También se le acusa de haber recibido sobornos de Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA), así como de la compra que hizo su esposa Marielle Helen Eckes de una casa en Ixtapa por una suma de 1.9 millones de dólares.
