Panistas estallan contra decisión de la Corte de dar dientes a la UIF

El Partido Acción Nacional (PAN) reaccionó contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, en casos vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Legisladores panistas expresaron su rechazo centrando su discurso en advertencias sobre un supuesto “autoritarismo financiero”, dejando de lado el objetivo central de esta herramienta: combatir el lavado de dinero y frenar el flujo de recursos ilícitos.

El diputado Héctor Saúl Téllez afirmó que la medida vulnera la presunción de inocencia y pone en riesgo a ciudadanos y empresarios, mientras que Federico Döring sostuvo que podría prestarse a abusos políticos. En la misma línea, Lilly Téllez aseguró —sin presentar pruebas— que esta facultad podría utilizarse de forma selectiva contra “familias, empresarios y ciudadanos honestos”.

Sin embargo, estos posicionamientos omiten un punto clave: la facultad de la UIF no es arbitraria ni definitiva, sino una medida preventiva que forma parte de mecanismos internacionales para combatir delitos financieros.

En distintos países, este tipo de herramientas permite congelar recursos sospechosos antes de que sean transferidos, ocultados o dispersados, lo que resulta fundamental en la lucha contra el crimen organizado.

Además, el bloqueo de cuentas no implica una condena, sino una acción temporal y sujeta a revisión, dentro de procesos más amplios de investigación financiera. Es decir, no sustituye al debido proceso, sino que busca preservar los recursos mientras se determina su origen.

Las afirmaciones que plantean un escenario donde cualquier persona podría ser afectada sin pruebas no corresponden con el funcionamiento real del sistema, el cual contempla mecanismos legales de defensa y supervisión.

Pese a ello, el PAN anunció que impulsará una iniciativa para acotar estas facultades, argumentando la necesidad de brindar “certeza jurídica” a los inversionistas, en un debate que vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre seguridad financiera y garantías individuales.