El ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de República (FGR) por los presuntos delitos de tráfico de influencias, defraudación fiscal y lavado de dinero, a raíz de su implicación en los Pandora Papers.
El organismo detectó que una empresa de familiares de Murillo Karam se benefició con licitaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que dirigía Gerardo Ruiz Esparza, entre 2013 y 2015 justo cuando él se desempeñaba como Procurador General de la República.
La UIF presentó la denuncia correspondiente por esos ilícitos el 14 de noviembre de 2022 ante la FGR en la modalidad de manejo de recursos de procedencia ilícita. El órgano fiscalizador hace énfasis en que la empresa ligada al ex procurador aparece en el caso de los Pandora Papers.
“En esas condiciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”, señala una tarjeta informativa expedida por el órgano fiscalizador que dirige Pablo Gómez.
La UIF concluyó que esas licitaciones se habrían dado como un intercambio de favores entre funcionarios pues el secretario del exprocurador era el hijo de Gerardo Ruiz Esparza, quien en dicho periodo fungía como titular de Comunicaciones y Transportes.
“En este sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso la PEP tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, expuso la Unidad de Inteligencia Financiera.
Entre las anomalías detectadas por el UIF, se encuentra el hecho de que la empresa familiar de Murillo Karam, presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar.
Pablo Gómez , titular de la UIF en la conferencia mañanera.
Además, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente; también se identificó envío y recepción de recursos con empresas simuladoras listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal.
Aunado a lo anterior, se identificó que en 2017 la empresa de Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero. Además, en el periodo de 2020 a 2021 colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco.
El pasado 19 de agosto, un día después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa revelara que 33 exfuncionarios estuvieron implicados en el crimen de Estado que llevó al asesinato de los 43 normalistas de la Escuela Normal Isidro Burgos, la Fiscalía General de la República (FGR) libró una orden de aprehensión contra el exprocurador Jesús Murillo Karam.
La detención fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial, cuando Murillo Karam salía de su domicilio en las Lomas de Chapultepec. El exfuncionario enfrenta imputaciones por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstaculización de la justicia.
Murillo Karam ha defendido ante instancias legales lo que se ha denominado como “verdad histórica”, según la cual, los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados la misma Noche de Iguala en el basurero de Cocula, Guerrero.
Desde entonces, y a pesar de que su defensa ha manifestado que su estado de salud va en detrimento, y por ello solicita prisión domiciliaria, el político ha permanecido al interior del Reclusorio Norte, ubicado en la capital del país.
¿Cuáles son las empresas relacionadas con Murillo Karam?
La Cámara de Diputados dio a conocer que fueron tres las compañías de familiares del exprocurador, mismas que ganaron hasta 4 mil 625 millones de pesos al multiplicar en 714 por cientos sus contratos de obra pública durante los años en los que estuvo como titular de la entonces PGR.
De acuerdo con la investigación a cargo de la UIF, un total de 43 contratos se asignaron en 17 estados de la República Mexicana a las empresas Alvarga, Kouro e Itrio que están manejadas o relacionadas con los hijos, un cuñado, sobrino y un yerno del exfuncionario.
Entre algunos de los nombres que aparecen en la investigación se encuentran: Jesús Murillo Ortega, hijo de Jesús Murillo Karam, y quien funge como director de la firma Kouro Desarrollo S.A. de C.V., también aparecen como accionistas mayoritarios Sandra Georgette Murillo Ortega, su hermana, y el esposo de ésta, Gerardo Saade Kuri.
También aparecen sus sobrinos Gerardo Roqueñí Murillo y Patricia González Murrillo, ambos socios fundadores de Itrio Arquitectos S.A. de C.V., en tanto que el cuñado de Jesús Murillo, Edmundo González González funge como otro accionista.
La empresa Alvarga Construcciones está asociada a Kouro, y ambas compartían la misma dirección y recibieron contratos millonarios para emblemáticos proyectos.
Lo que la investigación encontró fueron “aumentos injustificados en precios, adjudicaciones directas poco claras, obras entregadas a destiempo, un fraude probado, e incluso un caso, en el estado de Campeche, en el que se usaron productos piratas en la construcción de un rompeolas”.
Tras la exposición de los contratos se exhibió que las tres compañías compartieron domicilios, representantes legales, teléfonos, contratos, socios y hasta empleados.