Son las 5:30 de la mañana. El comando militar, integrado por ocho solados pertenecientes al 102° Batallón de infantería, realiza un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial en la carretera San Antonio del Rosario-San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México.

Al pasar frente a una bodega en obra negra, el sargento de infantería observa a una persona armada y tres camionetas. Al dar aviso a sus compañeros, detienen la marcha del vehículo militar en el que se transportan y cuando tratan de circular en reversa, son agredidos desde el interior de la bodega con disparos.

Los militares responden y disparan con dirección a la bodega. Por la oscuridad, ni siquiera alcanzan a distinguir a los atacantes. Un soldado de sanidad resulta herido. De pronto, el enfrentamiento cesa.

Al no escuchar más disparos ni ver movimiento, los militares caminan hacia el interior de la bodega.

Cuando llegan, 22 cuerpos sin vida yacen en el piso de tierra suelta y grava de color oscuro, debido al enfrentamiento armado suscitado momentos antes. Encuentran a una mujer en el asiento del copiloto de una camioneta blanca y a otras dos, con las manos amarradas, escondidas detrás de una camioneta gris.

Les preguntan qué hacen ahí y ellas les piden auxilio, aclarándoles que no forman parte de la banda criminal, sino que están ahí en contra de su voluntad, secuestradas. Tras hacer una revisión, decomisan 16 armas tipo AK-47, seis AR-15, dos escopetas, un fusil y 13 pistolas, decenas de cargadores, una granada de mano defensiva y varios cartuchos para armas de distintos calibres.

Son las 6:00 de la mañana.

Bodega de Tlatlaya. Foto: Especial

Esta versión de los militares será replicada horas después sin una pizca de ejercicio crítico por los medios de comunicación y celebrada hasta por el entonces gobernador priista del Estado de México Eruviel Ávila, quien públicamente agradece a los militares por su “acción decidida, contundente” y por su “firmeza”.

Dijo el mexiquense:

“El Ejército mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar resultó herido, pero el Ejército en su legítima defensa, actúo y abatió a los delincuentes. Desde luego que cuando se pierde una vida, quién sea, es de lamentar, pero finalmente podemos ver que el Ejército mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas y el Gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida, contundente”.

Sin embargo, en el transcurso de los días, la “verdad histórica” de Tlatlaya irá cayendo hasta convertirse en una de las violaciones a los derechos humanos más emblemáticas del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Bodega en la que fueron masacradas 22 personas, ubicada en Tlatlaya, Estado de México. Foto: Especial

II

Desde hace un tiempo Érika, la hija de Clara Gómez González “anda en malos pasos”. Se junta con malas amistades, dejó de estudiar y acudir a la escuela. En febrero de 2014, se fue de su casa, en Arcelia, Guerrero. Clara la busca. Una de las amigas de su hija no le quiere decir dónde está, sólo le cuenta que de vez en cuando la ve a bordo de una camioneta de instalación de servicios de televisión, acompañada de un joven.

Clara no sabe nada de Érika hasta que el 29 de junio de ese 2014, entre las 15:00 y las 16:00 horas, recibe una llamada. Es su propia hija quien le dice que está bien y se encuentra en la comunidad de San Pedro Limón. Clara se pone en marcha con la esperanza de encontrarse con ella.

A las 21:00 horas, Clara llega al lugar y durante dos horas se sienta a esperar a su hija afuera de una farmacia. Cerca de las 23:00 horas, ve a Érika, de 14 años, en el asiento del copiloto de una camioneta gris, acompañada por tres hombres de entre 16 y 20 años que portan pistolas y armas largas.

Se acerca a hablarle. Érika baja del vehículo y durante 15 minutos, Clara intenta convencerla de regresar juntas a su casa. Uno de los jóvenes armados se molesta y le pide a Clara que suba a la camioneta. Ella se niega, el hombre se enoja, baja del vehículo y la sube a la fuerza. Arrancan. En el trayecto, Clara le insiste a su hija que regrese y vuelva a sus estudios, pero su hija le dice que no la quiere ver.

Al llegar a la bodega ubicada en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, un hombre tatuado de los hombros los recibe y le pregunta a Clara qué está haciendo ahí, que si no les tiene miedo. Le recuerda que quienes mandan en la región son los de su organización criminal. El sujeto le quita el chip al celular de Clara para que “no le llame al gobierno” y le dice que ahora no se puede ir porque si se va, puede denunciarlos ante las autoridades. Entonces, la presiona del brazo y la jala hasta un rincón del lugar.

Bodega en la que fueron masacradas 22 personas, ubicada en Tlatlaya, Estado de México. Foto: Especial

Al poco tiempo, Clara observa como bajan a dos mujeres de una camioneta color gris y de otra color blanco. Ve cómo las amarran de las manos y las sientan junto a ella. Transcurre la noche. De pronto, cerca de las 3:00 o 4:00 de la mañana del 30 de junio, alguien grita: “¡ya nos cayeron los contras!”.

Todos alistan sus armas.

Momentos después, los militares gritan: “¡ríndanse, les vamos a perdonar la vida!” pero no dejan de disparar al interior de la bodega. En respuesta, el grupo de jóvenes dispara. Al escuchar las detonaciones, Clara corre a protegerse detrás de una de las camionetas estacionadas. Los jóvenes hacen lo mismo y buscan guarecerse de los balazos colocándose cerca de las paredes del lado izquierdo y derecho, en cada lado de los vehículos. Hasta las 6:00 horas dejan de escucharse los disparos. Todos tienen heridas, pero están vivos.

Instantes más tarde, Clara aprovecha la visibilidad brindada por “una camioneta militar [que] apunta sus luces al interior de la bodega” y busca a su hija. Finalmente la encuentra tirada en el piso junto a dos jóvenes heridos. Se acerca a ella y le toma el pulso de su muñeca izquierda, después hace lo mismo en el cuello y así se da cuenta que su hija sigue viva, pero está herida.

Bodega en la que fueron masacradas 22 personas, ubicada en Tlatlaya, Estado de México. Foto: AFP

Cerca de las 7:00 de la mañana, Clara observa que los muchachos están vivos y decidieron rendirse. Entonces, se sube a la camioneta blanca que se encuentra en el centro de la bodega y se queda en el asiento del copiloto. Desde ahí ve cómo tres militares entran al lugar. Luego escucha golpes y a las mujeres gritar: “¡no nos maten, estamos secuestradas!”.

De pronto, uno de los militares se acerca a la camioneta, abre la puerta y comienza a interrogarla.  Luego la lleva hacia el lugar donde están las otras mujeres junto a dos jóvenes que se encuentran boca abajo con la cabeza hacia la pared y las manos atadas detrás de su espalda.

Clara logra observa que los hombres, ya desarmados, son llevados al cuarto frontal que se encuentra al lado izquierdo. Y también se da cuenta cómo uno de los militares les pregunta su lugar de origen, su edad y su apodo. Después ve cómo los sacan “uno por uno del cuarto”, los obligan a hincarse y les disparan contra la pared.

Minutos después, los disparos dejan de escucharse. Ella permanece junto a las cuatro personas en la caseta del lado derecho de la bodega. En eso, llega una persona “alta, de bigote, con uniforme diferente al de los demás militares”. Se acerca a los dos jóvenes que están junto a ella y les pregunta en qué trabajan, su edad. Les ordena acompañarlo para “tomarles una foto”. Los saca del cuarto y ella no los ve más. Segundos después, escucha nuevamente una serie de disparos. El militar regresa sin los jóvenes y le dice a Clara en tono molesto: “si no cooperas, me encargaré de llevarte a la cárcel”.

Clara Gómez, una de las sobrevivientes de la matanza en Tlatlaya. Foto: Saúl Ruiz/ El País

III

Fernanda (nombre ficticio) está en un balneario (ubicado en la comunidad de Cuahulotitlán, municipio de Arcelia, Guerrero) en una fiesta en compañía de su hermana y cuatro amigas, cuando al lugar arriban un grupo de diez hombres armados. Uno de ellos la ve y le ordena irse con él. Ella se niega y eso provoca que la suban a la fuerza a la camioneta. La privan de su libertad.

A Fernanda la llevan a una casa que nunca ha visto en su vida. Ahí, los sujetos la tocan, le quitan la ropa y dos de ellos la agarran de los pies mientras uno la viola. Abusan de ella cuatro veces. La obligan a beber y a drogarse, hasta que el domingo 29 de junio de 2014, alrededor de las 7 u 8 de la noche, ingresa a la bodega de Tlatlaya en donde los hombres del grupo armado se encuentran con los sujetos de otras camionetas y la historia se repite: otra vez comienzan a beber y a drogarse, escuchan música y se alumbran con sus celulares.

Aproximadamente a las 10 de la noche, Fernanda observa que varios se dirigen al centro de la comunidad de San Pedro Limón para comprar de cenar. Al regresar le amarran las manos con una cinta gris para que no escape. Cerca de las 4:00 de la mañana Fernanda se encuentra dormida dentro de una camioneta gris, cuando escucha disparos en la lámina de la bodega y al abrir los ojos ve que uno de los jóvenes armados, quien ya se encontraba herido, entra gritando: “¡despierten todos!”. Los militares ya han comenzado a disparar.

-¡Ejército mexicano, ríndanse!- gritan desde afuera.

El enfrentamiento, según Fernanda, dura aproximadamente cinco minutos, pues los jóvenes armados “se rindieron fácil y soltaron las armas”. Al suceder esto, los sujetos bajan a Fernanda de la camioneta en la que estaba y la colocan en la esquina izquierda del fondo de la bodega, junto a otra chica amarrada de las manos.

Bodega de Tlatlaya en la que masacraron a 22 personas. Foto: Rebecca Blackwell/AP

Cuando los militares avisan que van a entrar a la bodega, Fernanda grita “¡no disparen!”, y les trata de explicar que está secuestrada junto a otras personas. En ese momento, ve cómo una señora [Clara Gómez] baja de una camioneta y comienza a gritar: “¿dónde está mi hija?”. Para calmarla, los militares la sientan al lado izquierdo en el fondo de la bodega, junto a Fernanda y otras cuatro personas. Desde ahí, escucha cómo un militar le ordena a otro: “los que estén vivos o heridos vuélvanles a disparar”.

Luego Fernanda observa cómo los militares obligan a cinco hombres que estaban heridos y desarmados a colocarse frente a la pared del lado izquierdo del lugar, les ordenan que se hinquen y minutos más tarde les disparan. Uno a uno.

Después, les colocan sus propias armas de fuego a su lado y comienzan a acercar los cuerpos de las personas que estaban dentro de la bodega, colocándolos a un lado del cadáver de un joven que momentos antes, sin estar herido, fue asesinado por los militares.

Tras matar al grupo de personas, los militares se llevan a Fernanda y a las otras cuatro personas a un cuarto ubicado en la parte derecha de la bodega, cerca de la entrada. Al cruzar el lugar, Fernanda alcanza a observar cómo dos militares continúan disparándole a las personas heridas al fondo de la bodega.

Al llegar al cuarto, la sientan mirando hacia la pared, dando la espalda a la carretera. Luego, los militares les dicen a dos muchachos que van a tomarles una fotografía. Posteriormente escucha varios disparos. Al salir del lugar, Fernanda ve los cuerpos de ambos jóvenes en el piso, sin vida. En la carretera, advierte que han llegado más militares. En ese momento, la oscuridad se ha ido. La luz del amanecer le permite ver todo. Quizá por eso, en los días posteriores termina en prisión, tras ser torturada por las autoridades para que acepte ser parte del grupo criminal que fue masacrado.

Bodega en la que fueron masacradas 22 personas, ubicada en Tlatlaya, Estado de México. Foto: elarsenal.net

IV

El 28 de junio de 2014, cerca de las 15:00 horas, Cecilia (nombre ficticio) se encuentra de compras en la ciudad de Tlapehuala, Guerrero. Va caminando por la calle principal cuando una camioneta doble cabina color blanco le cierra el paso y de ella descienden dos personas encapuchadas, quienes la sujetan del brazo y la suben al asiento trasero del vehículo. Ahí, le piden su celular y el dinero que lleva. La camioneta avanza hacia el municipio de Arcelia, pero antes de llegar, se detiene en un camino de terracería en medio del monte. Todo es silencioso y no hay luz.

Al día siguiente, Cecilia junto con el grupo de hombres armados se dirigen a Tlatlaya. Al llegar a la bodega, la bajan del vehículo, la amarran con un alambre y la llevan a una esquina del sitio. Ella se recuesta y se duerme. Cerca de las 5:00 de la mañana despierta con el ruido de disparos y al abrir los ojos ve junto a ella a otra joven y dos muchachos, todos ellos amarrados con las manos en la espalda.

A lo lejos, Cecilia observa a una camioneta apuntando con sus luces al interior de la bodega. Escucha que unos hombres gritan: “¡ejército mexicano, ríndanse!” y después disparan hacia dentro durante unos 5 o 10 minutos. Ve correr a uno de los jóvenes en medio de los disparos, mientras desde afuera los militares continúan diciéndoles: “¡ejército mexicano, ríndanse, les vamos a perdonar la vida!”. Al interior, los jóvenes armados responden: “¡sí nos vamos a rendir, vamos a salir!”. Entonces, los militares les gritan: “¡salgan!”. Cuando uno de ellos intenta salir, los soldados le disparan.

El sonido de los balazos deja de escucharse. Tres militares entran a la bodega preguntando si había alguien y Cecilia grita: “¡sí, somos cuatro, estamos amarrados!”, lo cual provoca que un militar se acerque. En ese momento, una señora baja de una camioneta y comienza a gritar: “¿dónde está mi hija?”.

Bodega en la que fueron masacradas 22 personas, ubicada en Tlatlaya, Estado de México. Foto: Especial

Luego, se escuchan nuevamente disparos. Los militares llevan a la señora [Clara Gómez] al lado de Cecilia. Después, se escuchan gritos, quejas y la escena de los relatos anteriores se repite: los militares arrodillan a los hombres que poco antes se habían rendido, se burlan de ellos diciéndoles “aguántense, no que muy valientes” y los van matando uno por uno. Cecilia escucha los balazos y a un militar que les ordena a ella y al grupo de sobrevivientes: “agachen la cara, no volteen”.

Cuando los gritos y quejidos dejan de oírse, los militares las levantan junto a los dos jóvenes y a todo el grupo los hacen cruzar la bodega. Caminando en medio del lugar, Cecilia ve los cuerpos tirados a los lados de las camionetas, hasta que llegan a un cuarto del lado derecho del sitio. Ahí es testigo de cómo los militares se llevan a los dos jóvenes para “tomarles unas fotografías” y después escucha nuevamente disparos.

Los jóvenes ya no regresan al cuarto. Más tarde, a ella, otra joven y la señora, las sacan del lugar y las trasladan a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en la ciudad de Toluca. Días más tarde, Cecilia terminará en prisión como Fernanda, declarando bajo tortura haber sido parte de la célula delictiva que las secuestró.

as marcas de los disparos en Tlatlaya. Foto: Miguel Dimayuga/Proceso

V

Han pasado más de cuatro años desde aquella noche en la que pese a haberse rendido, al menos 12 de las 22 personas que perdieron la vida, fueron masacradas por el ejército mexicano antes del amanecer del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, en el Estado de México.

Hasta ahora, los responsables permanecen en la impunidad. Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República (PGR) y la autoridad estatal, han sido omisos en el caso, no han movido ni un solo dedo para que las víctimas tengan justicia.

Tras darse a conocer lo que verdaderamente sucedió esa noche, siete soldados y un teniente son arrestados el 1 de octubre de 2014 y trasladados a la prisión del Campo Militar 1-A en la Ciudad de México, acusados de desobediencia y negligencia en el cumplimiento de su deber.

Por los hechos, la PGR inicia la averiguación previa PGR/SDHPDSC/DGASRCMDH/DDMDH/CNDH-1/298/2014 en la cual, acusa a los militares de haber asesinado a 8 civiles. Inclusive, su entonces titular, Jesús Murillo Karam, en una rueda de prensa anunció la formulación de cargos por homicidio en contra de tres soldados. Y dijo: “realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna”.

El ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam. Foto: Proceso

Sin embargo, en mayo de 2016, debido a la falta de pruebas contundentes para señalar la identidad individual de los soldados responsables, éstos fueron liberados a pesar de las múltiples evidencias de la existencia de ejecuciones arbitrarias. Liberados pero no declarados inocentes.

El juzgado sexto militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares acusados; el séptimo fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia.

Desde entonces,Clara Gómez, una de las víctimas, con el acompañamiento  del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), ha promovido diversos recursos legales para remediar las deficiencias de la investigación, ofreciendo una serie de elementos de prueba que han sido ignorados por las autoridades.

En julio de 2017, el juzgado decimocuarto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México ordena a la PGR, mediante una sentencia de amparo dictada dentro del Juicio 545/2017, realizar con una debida diligencia la investigación de los hechos. Pero la institución en lugar de acatar la sentencia decidió impugnar la decisión.

Por ese motivo, el juez Érik Zabalgoitia Novales, quien funge como titular del juzgado decimocuarto de distrito de amparo en materia penal, otorga un amparo a Clara Gómez González, una de las sobrevivientes de esa noche trágica en la que el grupo de militares perpetraron el múltiple asesinato del grupo de sujetos pese a que previamente habían sido desarmados y aceptado rendirse, según la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 51/2014 (en la cual se basan los testimonios presentados anteriormente).

Personas asesinadas en Tlatlaya, Estado de México. Foto: Especial

En la sentencia, el juez ordena a la PGR realizar una serie de diligencias y analizar una serie de pruebas para esclarecer el caso y castigar a quienes dieron la orden de abatir a los presuntos delincuentes “en horas de oscuridad”, pues según la declaración de uno de los militares implicados, en el Ejército cuentan con un machote de uso común, al cual sólo se le cambian la fecha, el destinatario y otros datos cuando tienen que realizar una acción de esa naturaleza.

La PGR “no realizó mayores investigaciones para determinar quién fue la persona que redactó la orden de ‘abatir delincuentes en horas de oscuridad’, a fin de determinar el verdadero significado de esa orden”, según señala el juez en la sentencia.

El juzgador toma esta decisión porque hasta ahora la PGR no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva, violando así los derechos de la víctima a una adecuada impartición de la justicia. Lo que sí ha habido de parte de la institución son una serie de irregularidades, pues no se llevaron a cabo diversas diligencias anteriormente ordenadas, algunas de las que sí se realizaron no fueron las pertinente ni idóneas, no se analizaron las pruebas presentadas por la CNDH ni se tomaron en cuenta las declaraciones de los militares involucrados.

Por ese motivo, el magistrado ordena recabar nuevas pruebas para fortalecer la acción penal.

“No perseguir los delitos ni a sus autores coloca a la colectividad en permanente peligro, auspiciando la perpetración de ilícitos bajo el signo de la impunidad”, sentenció el juez.

Enrique Peña Nieto con Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional y Vidal Soberones, secretario de la Marina. Foto: Especial

Para el Centro Prodh, la fallida investigación de la PGR dio como resultado que hasta la fecha “no haya ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia al no haber ofrecido las pruebas suficientes para señalar individualmente a los responsables, a pesar de que la propia CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente”.

Esto, mencionan los defensores de derechos humanos del Centro Prodh, representa una muestra del  “inaceptable encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos en México”.

Pese a todas las pruebas, el reclamo de una de las víctimas y la presión de las organizaciones de defensa de los derechos humanos incluida la CNDH, el gobierno de Peña Nieto se niega a realizar una nueva investigación en el caso Tlatlaya.

Tras el reciente fallo judicial en su contra, la PGR volvió a presentar un nuevo recurso de revisión para impedir que el caso sea reabierto. Ahora, la decisión le corresponderá al noveno tribunal colegiado del primer circuito, quien revisará la resolución y en su caso ratificará o modificará el criterio judicial.