El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se prepara para impulsar una reforma de gran calado al sistema de fiscalías en México, que pondría fin al actual modelo de designación “autónoma” y devolvería al Ejecutivo federal y estatales la facultad directa para nombrar y remover a sus fiscales, tanto a nivel nacional como local.
La iniciativa —cuyo borrador ya circula entre la Consejería Jurídica de la Presidencia y legisladores de Morena, según confirmó El País— busca que el presidente o los gobernadores puedan elegir a su fiscal, como ocurría antes de la reforma constitucional de 2014. Con ello, se pondría fin a un modelo que, en teoría, buscaba blindar la justicia de los vaivenes políticos, pero que en la práctica, ha servido para que opositores se atrincheren en puestos clave y frenen investigaciones incómodas.
Morena sostiene que la autonomía de las fiscalías se ha vuelto un obstáculo para la justicia, sobre todo en estados donde fiscales ligados al PRIAN se han convertido en escudos de protección para políticos corruptos o en piezas de sabotaje frente a los gobiernos de la Cuarta Transformación.
Los ejemplos abundan: el panista Carlos Zamarripa estuvo al frente de la Fiscalía de Guanajuato por más de 15 años, mientras la violencia se disparaba en el estado. El fiscal Uriel Carmona, en Morelos, tuvo choques abiertos con Cuauhtémoc Blanco y fue acusado de politizar su cargo. En Tamaulipas, Irving Barrios fue blindado por el ex gobernador Francisco Cabeza de Vaca para evitar investigaciones en su contra.
La reforma también marcaría el fin de la era de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR). Designado por el Senado en 2019 tras una terna enviada por el presidente López Obrador, Gertz fue el primero en encabezar la nueva figura de fiscal autónomo, pero también sería el último, de aprobarse la nueva legislación.
FOTO: Rodrigo González “Eneas” / Polemón
De acuerdo con fuentes legislativas, los actuales fiscales podrán concluir sus periodos, pero sus sucesores ya serán nombrados directamente por el Ejecutivo correspondiente. Esto eliminaría la figura del fiscal “transexenal”, originalmente pensada para evitar subordinación política.
La autonomía de las fiscalías fue parte del paquete de reformas del sexenio de Enrique Peña Nieto, impulsada bajo el marco del Pacto por México. Si bien fue vendida como una transformación institucional, en los hechos sirvió para intentar dejar fiscales afines al PRI más allá del mandato peñista, como fue el caso del procurador Raúl Cervantes, quien pretendía convertirse automáticamente en fiscal general.
El plan de Sheinbaum es enviar la iniciativa en el próximo periodo ordinario del Congreso, hacia el último trimestre del año. La reforma contempla un artículo transitorio que respeta los periodos vigentes de los fiscales actuales, pero establece que los nuevos titulares serán designados por el Ejecutivo, como ocurría antes de 2014.