Odebrecht comenzó a hacer negocios en nuestro país desde 2005, cuando Vicente Fox estaba en el poder. También en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Petróleos Mexicanos (Pemex) le avaló contratos por miles de millones de dólares.

De acuerdo con un artículo publicado por SinEmbargo, las irregularidades en los contratos que se le otorgaron a la empresa brasileña entre 2005 y 2017 incluyen -además de los señalamientos por pagos de sobornos- sobrecostos y pagos adicionales injustificados o duplicados, que fueron detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Todas estas acciones permanecen impunes.

Según el informe parcial de la Cuenta Pública 2017, la ASF detectó que Pemex tiene 3 mil 500 millones de pesos pendientes por aclarar de las cuentas públicas 2015 y 2016. En el caso de Odebrecht, se detectaron 1 mil 191.32 millones de pesos, correspondientes a tres contratos adjudicados, de manera directa a dicha empresa.

Uno de esos convenios era por concepto de “acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el Proyecto Aprovechamiento de Aguas Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo”.

Otro era para la “construcción de accesos y obras externas” para el mismo proyecto. Y uno más para el “desarrollo de la Fase I del Proyecto Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca”.

Según la información de la ASF, hasta el 2016 se habían observado transacciones entre la petrolera y la constructora brasileña por 1 mil 250 millones de pesos, de los cuales, sólo han sido aclarado 59 millones.

Refinería Miguel Hidalgo

Sobre la cifra restante, la ASF explicó que se debe a costos fuera de mercado, pagos en demasía, indebidos y en exceso por la incorrecta integración del porcentaje de financiamiento, así como pagos excesivos por la falta de ajuste de costos indirectos, además de aquellos no respaldados por concepto de suministro de agua para rellenos.

En estos doce años de opacidad, corrupción e impunidad han sido señalados políticos como Emilio Lozoya Austin (director de Pemex entre 2012 y 2016), Javier Duarte de Ochoa (Gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016), Felipe Calderón Hinojosa (Presidente de México entre 2006 y 2012), así como Enrique Peña Nieto (Presidente de México de 2012 a la fecha).

Tanto Calderón como Peña Nieto se han caracterizado por hacer omisiones importantes en sus respectivas administraciones en dos momentos clave que marcaron la agenda de procuración y administración de justicia en nuestro país.

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México. Foto: Tercero Díaz/Cuartoscuro

El primer momento ocurrió en febrero de 2011, cuando la ASF notificó a la federación sobre las graves irregularidades en las contrataciones de Pemex a Odebrecht. La administración del panista era la responsable de revisar el caso, pero dejó que la impunidad imperara.

Por su parte, en diciembre de 2016 se dio a conocer que varios funcionarios públicos mexicanos habían recibido cantidades millonarias como sobornos para entregar licitaciones públicas a Odebrecht. Al igual que lo hizo su predecesor, Peña Nieto no ha presentado avances en las investigaciones por corrupción.

Emilio Lozoya, quien dirigía a la petrolera, tiene señalamientos en su contra por haber recibido al menos 10 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2014, a cambio de entregarle contratos con Pemex a la constructora brasileña.

Emilio Lozoya Austin. Foto: Especial

Javier Duarte también fue señalado por corrupción entre agosto de 2010 y febrero de 2011, periodo en el que se desarrollaban las más grandes inversiones de Odebrecht en Veracruz, como la modernización de la Refinería de Minatitlán y la construcción de la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos. En este lapso, la empresa transfirió 3.7 millones de pesos a una compañía fantasma -Blunderbuss Company de México-, ligada al ex Gobernador veracruzano.

Rodrigo Soto Morales, académico investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, explicó a SinEmbargo que el escándalo de Odebrecht es un tema de seguridad nacional, por tratarse de proyectos de seguridad energética y de infraestructura logística.

Indicó que un acto de corrupción con “proporciones desorbitantes” en cuanto al desvío de recursos públicos, de impuestos y derechos no pagados, o de licitaciones mal adjudicadas, puede “comprometer la seguridad nacional” por la falta de aplicación de ley que refleja.

“Una de las características de acuerdo a la ley de seguridad nacional, es que cuando se pone en peligro la permanencia del desarrollo y la existencia de las instituciones que concretan la soberanía del Estado, en este caso, las instituciones encargadas de cumplir la ley, (…) seguramente se afecta la soberanía”, dijo.

Añadió que la impunidad no sólo pone en riesgo a soberanía nacional, sino que también arriesga la legitimidad de las autoridades en función.

El caso Odebrecht, impune en México

Desde que el caso fue denunciado en 2016, la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene vigente una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los responsables en la comisión de delito. No obstante, aunque varias personas han sido señaladas por corrupción, sólo una ha sido objeto de un proceso penal en su contra, y no por parte de las autoridades mexicanas.

En enero pasado, el Ministerio Público de Perú lanzó una orden de captura en contra del empresario mexicano Ruperto Luis Antonio Flores Mancera, acusado de formar parte del llamado “Club de la Construcción”, un grupo de empresarios relacionados con Odebrecht que consiguió contratos de obra pública en Perú, a cambio de sobornos.

La procuración de justicia, sin embargo, ha sido directa en otros países. En Brasil, en marzo de 2016, un juez brasileño sentenció a Marcelo Odebrecht, quien fuera presidente de la constructora, a 19 años y cuatro meses de prisión.

Se le adjudicaron cargos de “corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir, derivado del pago de 30 millones de dólares en sobornos a Petrobras. Otros 77 directivos de la compañía también han sido investigados o encarcelados en ese país.

La impunidad en el caso de Odebrecht sólo confirma los hallazgos del nuevo informe de Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional. En él se detalla que, en nuestro país, el cumplimiento de la Convención contra la corrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es mínimo o nulo.

Emilio Lozoya Austin. Foto: Especial

Por ello, dicha organización llama a que la nueva administración garantice las condiciones necesarias para que la Fiscalía General pueda investigar, perseguir y castigar a aquellos funcionarios públicos y personas físicas y morales -tanto nacionales como extranjeras- que incurran en delitos.

Odebrecht y sus negocios en México

La investigación “La Negra historia de Odebrecht en México”, elaborada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), señala que tanto la administración de Calderón como la de Peña Nieto otorgaron a la empresa brasileña contratos por 1 mil 429 millones de dólares para el fallido proyecto de elevar la producción de gasolinas en las refinerías de Minatitlán, Salamanca y Tula.

Además, de acuerdo con datos tomados de registros públicos, en contratos y en las observaciones hechas por la ASF, ambos cancelaron inversiones de Pemex para cederle a Odebrecht el negocio del etileno; también les asignó por adjudicación directa la construcción del gasoducto Los Ramones II.

Foto: Especial

Supuestamente Pemex realizaría la modernización de las tres refinerías para disminuir la importación de gasolinas de 40 a 34 por ciento entre 2011 y 2016, sin embargo, la realidad fue todo lo contrario.

Según datos de la Secretaría de Energía (Sener), el porcentaje de gasolina importada para 2016 superó el 60 por ciento, lo que indica que “el proyecto fracasó” porque la producción nacional cayó y las importaciones se dispararon.

La petrolera brasileña y Peña Nieto

De acuerdo con la información publicada por el MCCI, entre 2014 y 2015, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Odebrecht recibió tres contratos -sin licitación pública- por parte de Pemex, con un valor de 4.7 millones de pesos, para modernizar las refinerías de Salamanca y Tula. Sin embargo, una investigación de Grupo Reforma, indicó que la empresa brasileña recibió 6 mil millones de pesos a través de una decena de contratos.

Enrique Peña Nieto en Pemex. Foto: Especial

Mientras tanto, la ASF informó que Pemex le pagó a Odebrecht 61 por ciento más de lo acordado, es decir, 2 mil 315 millones, en lugar de 1 mil 436 millones de pesos, para realizar distintas obras de 2015, sólo del proyecto de aprovechamiento de aguas residuales en la refinería Miguel Hidalgo.

En el caso de la refinería de Salamanca, las cifras oficiales indican que en 2014 se firmó un contrato por 1 mil 151 millones de pesos con fecha de conclusión al 18 de noviembre de 2015, pero dicho plazo no se cumplió.

Y no obstante las múltiples irregularidades e incumplimientos de contrato por parte de Odebrecht entre 2013 y 2014, la empresa también recibió, sin licitación pública, la concesión para la construcción del Gasoducto Los Ramones II, que va de Nuevo León a San Luis Potosí, con una extensión de 447 kilómetros, y que tuvo una inversión de 1.2 millones de dólares.

Según la información oficial, a través de su filial TAG Pipelines, Pemex entregó 33 por ciento del contrato a la compañía AOT Pipelines -presuntamente una empresa fantasma de Odebrecht- gracias a una cláusula de subcontratación abierta o discrecional a favor de Pemex.

Incluso, hasta julio del año pasado, Odebrecht estuvo involucrada en el proceso de construcción de la Refinería Bicentenario de Tula, en Hidalgo, que nunca se concretó y que no cumplió con sus objetivos de impulsar obras públicas y generar crecimiento y desarrollo económico a los mexicanos, sino que sólo benefició a los contratistas, dejó una millonaria deuda en aquél estado y fueron abandonadas 700 hectáreas de terreno que eran de cultivo.

¿Qué hará AMLO al respecto?

En agosto pasado, Javier Jiménez Espriú, próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes indicó que en el próximo sexenio todos los contratos con la empresa brasileña serían suspendidos, pues “hay mucha corrupción y vamos a resolver ese problema”. Dicha postura fue respaldada también por la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle García.

Javier Jiménez Espriú. Foto: Especial

Al respecto, el doctor Rodrigo Soto Morales dijo a SinEmbargo que era necesario que los organismos técnicos no sólo cumplan funciones administrativas sino que, además, elaboren expedientes que sirvan verdaderamente de antecedente para una acción penal.

En el caso de la SPF, encargada de las investigaciones en torno a funcionarios públicos, y de la ASF, Soto Morales indicó que es urgente que sean fortalecidas en materia de fiscalización, que es uno de los tres pilares del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), además de la transparencia y la rendición de cuentas.

Además explicó que no se trata de la falta de más leyes y reglamentos, sino que “lo que falta son dos aspectos políticos, aunque suene muy obvia la respuesta: compromiso y voluntad de los tres Poderes”. En ese sentido, el contrapeso entre poderes debe ser modificado y regulado para evitar caer en una “parálisis de Estado”.