La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sancionó a Grupo Elektra del empresario Ricardo Salinas Pliego con dos multas de 65 mil pesos cada una —el monto máximo permitido por la ley— por incurrir en tácticas dilatorias con el objetivo de evitar el pago de dos créditos fiscales que en conjunto ascienden a 34 mil 743 millones de pesos.
La Segunda Sala de la Corte determinó que la empresa promovió impedimentos infundados contra los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Loretta Ortiz Ahlf, con lo que logró bloquear durante siete meses la resolución de los amparos directos en revisión promovidos por la compañía.
“Obstaculizar la resolución del amparo directo en revisión contraviene el principio de justicia pronta y expedita previsto por la Constitución”, estableció la Corte al imponer las sanciones.
Una estrategia de Elektra de Salinas Pliego para frenar la justicia
Desde octubre de 2024, cuando la Segunda Sala estaba por desechar los recursos presentados por Elektra contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los abogados de la empresa comenzaron una escalada de recursos: promovieron más de 30 impedimentos y reclamaciones, una práctica que paralizó el avance de los casos.
Inicialmente, los litigantes de Elektra intentaron inhabilitar a tres de los cuatro ministros de la Segunda Sala —Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán— con el objetivo de forzar que las recusaciones fueran resueltas por la Primera Sala.
Además, presentaron ampliaciones a los recursos, que aunque no fueron admitidas, les abrieron la puerta para presentar reclamaciones en las que introdujeron nuevos impedimentos contra ministros de ambas salas.
Frente a esta serie de maniobras, la Corte ha comenzado a desechar los recursos secundarios. La Primera Sala fue contundente al señalar en una resolución del 24 de febrero que:
“Permitir lo contrario propiciaría prácticas dilatorias que, desde luego, son contrarias a la impartición de justicia expedita”.
Elektra y sus amparos millonarios
Los dos amparos por los que Elektra intenta frenar el pago de créditos fiscales son:
Amparo 6321/2024: por 33 mil 306 millones de pesos, admitido el 21 de agosto. Su votación fue pospuesta desde el 8 de octubre, con el ministro Pérez Dayán proponiendo desechar el recurso.
Amparo 5654/2024: por 1,431 millones de pesos, admitido el 8 de agosto. Su votación estaba programada para el 2 de octubre, con propuesta de desechamiento de la ministra Yasmín Esquivel.
La disputa entre Grupo Elektra de Salinas Pliego y el SAT representa uno de los conflictos fiscales más importantes en la historia reciente del país, y la Suprema Corte ha comenzado a cerrar el paso a las tácticas que buscan retrasar la justicia.
