Salinas Pliego, el acaparador de agua

Detrás de la guerra mediática que Ricardo Salinas Pliego y sus empresas han emprendido contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum —con sus estaciones de televisión, sus noticieros, sus influenciadores de nómina y su propio teclado convertido en garrote digital— no solo está la obsesión enfermiza de no pagar los impuestos que debe.

También está la defensa de un privilegio que se mantiene lejos del reflector, pero que es infinitamente más estratégico: el control privado del agua.

Mientras se victimiza como perseguido político y se presenta como paladín de la “libertad económica”, el todavía tercer hombre más rico de México concentra concesiones de agua que, en un país sumergido en una crisis hídrica permanente, equivalen a poder real, tangible, incontestable.

El escándalo suele contarse a partir del campo de golf en la Bahía de Tangolunda, en Huatulco, Oaxaca: un predio de 85 hectáreas que le fue concesionado durante el gobierno de Felipe Calderón y que Salinas Pliego utilizó como si fuera su jardín privado frente al mar. Cuando la concesión terminó, un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador lo convirtió en Área Natural Protegida, enlazando dos importantes zonas de selva. Para el magnate, fue suficiente para declarar que el gobierno era “expropiador” y “enemigo de la inversión”.

Ricardo Salinas Pliego. Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro

Lo que nunca dijo es que, aun antes del decreto, ya cargaba con señalamientos por desviar ilegalmente el agua del predio para regar el campo de golf sin contar con una concesión que lo autorizara.

Polemón documentó que la empresa Producciones Especializadas —propiedad del magnate y que fue operadora del campo— obtuvo dos concesiones de agua en Santa María Huatulco, autorizadas por Conagua el 24 de octubre de 2017, que suman 179,045 metros cúbicos al año. Pero esas concesiones no eran para riego: estaban autorizadas exclusivamente para “acuacultura”, es decir, crianza de peces para consumo humano.

Semarnat llegó a documentar que el riego del “Campo de golf Las Parotas” podía consumir diez veces más agua que la utilizada en un día por toda la población de Huatulco. Y aun así, ese no era el problema mayor: apenas era la antesala de algo más profundo.

Ricardo Salinas Pliego, Presidente del Grupo Salinas. Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

Banco Azteca: el especulador del agua

El verdadero corazón del imperio hídrico de Salinas Pliego no está en Huatulco, sino en su institución financiera: Banco Azteca, una empresa que no tiene ninguna razón lógica para necesitar volúmenes masivos de agua… salvo si el agua es negocio.

Banco Azteca cuenta con tres concesiones de agua. Solo una es para descarga de aguas residuales. Las otras dos son para extracción directa del recurso en cantidades que no corresponden a ninguna actividad bancaria conocida.

La primera fue otorgada por Conagua en Nayarit, el 29 de junio de 2021: 45 mil metros cúbicos al año, equivalentes a 45 millones de litros de agua. Para un banco.

La segunda es todavía más desproporcionada. En 2017, la Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México le concedió el título 13MEX159549/26EMDA17, que autoriza la extracción de: 2 millones 200 mil metros cúbicos de agua anuales en Huixquilucan. Es decir: 2,200 millones de litros de agua al año en una de las regiones con mayor crisis hídrica de México.

Para dimensionarlo: solo esa concesión equivale al agua que usa toda la población de Iztapalapa —la alcaldía más poblada del país— en casi diez días. Un solo hombre, a través de su banco, concentra el equivalente al consumo de más de 1.8 millones de personas durante una semana y media.

Banco Azteca no es una anomalía aislada, sino parte de una tendencia inquietante: los grandes bancos están entrando al negocio del agua.

Los investigadores Wilfrido Gómez Arias y Andrea Moctezuma, autores de Los millonarios del agua, advierten en su oba que la presencia de instituciones financieras como titulares de grandes concesiones apunta a algo más: la creación de un mercado internacional del agua, una bolsa paralela donde el líquido se convierte en activo financiero.

Esa tendencia cobró forma cuando, en diciembre de 2020, se anunció que el agua comenzaría a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street. Para los analistas era “gestión de riesgo”. Para los críticos, la puerta abierta a la especulación de un recurso vital.

En ese tablero, las concesiones de Banco Azteca adquieren otro significado: no son operativas, ni inocuas, ni burocráticas.

Son fichas de poder, reservas estratégicas para negociar en un país donde millones cargan cubetas para llenar sus tinacos.

Más alarmante aún es que estas concesiones están registradas bajo el uso “servicios”, la categoría más ambigua y menos regulada de la Ley de Aguas Nacionales.

Banco Azteca. Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro

El imperio hídrico de Grupo Salinas

El patrón no se limita a Banco Azteca. La empresa Producciones Especializadas, además de sus concesiones en Huatulco, posee un título de uso de “servicios” en Ixtapaluca —otorgado en junio de 1994 bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari— por 638 mil metros cúbicos anuales en el acuífero Chalco–Amecameca.

Otra pieza del rompecabezas es el Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, que en 2011 obtuvo una concesión de 20 mil 290 metros cuadrados a la orilla del Río Chalma. Ahí comenzó un conflicto con campesinos que han recibido el agua desde la época de Lázaro Cárdenas. Un día se encontraron con alambre de púas, guardias privados y el aviso de que ya no podían acercarse: “propiedad de Salinas Pliego”. Los campesinos se defendieron.

Ganaron un amparo, luego un tribunal colegiado revocó la sentencia; más tarde, un tribunal agrario ordenó restituirles el acceso y derribar las obras, pero el centro de Salinas Pliego interpuso otro recurso para suspender la resolución. El libre tránsito del agua quedó, otra vez, subordinado a la capacidad de litigio del magnate.

La familia Salinas y el agua embotellada sin origen conocido

El negocio no termina con Ricardo. Su hermana, Esther Salinas Pliego, controla el 60% de la empresa Distribuidora y Comercializadora de Agua México S.A. de C.V. Aunque su nombre dice “agua”, su objeto social es tan amplio que permite casi cualquier actividad. Aparece clasificada como empresa dedicada a la purificación y embotellado de agua… pero no tiene ninguna concesión registrada ante Conagua.

Aun así, registró la marca Azul Maya en dos ocasiones: en 2009, vinculada a bebidas que requieren grandes volúmenes de agua (gaseosas, aguas minerales, cervezas); y en 2011, como empresa destinada a vender garrafones de agua purificada con “iones de plata”. Sin una sola concesión. Sin registro del origen del agua. Sin trazabilidad posible.

El poder real: el agua

Este es el verdadero fondo de la disputa que Salinas Pliego mantiene contra el Estado mexicano. No sólo son los impuestos —aunque los adeuda. No es la “libertad” —aunque la invoque como consigna. Es también el control privado del agua, uno de los recursos más estratégicos de la nación.

En un país donde familias enteras esperan horas para llenar un tambo, donde las pipas son la diferencia entre vivir con dignidad o sobrevivir, donde la crisis hídrica ya está a la vuelta de la esquina, que un solo empresario concentre volúmenes equivalentes al consumo de municipios completos no es un dato técnico ni un trámite administrativo.

Es una radiografía del poder. Una explicación del berrinche. Y la razón por la que Ricardo Salinas Pliego no está dispuesto a ceder ni terreno, ni impuestos… ni una sola gota de agua.