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Rosario Robles y Peña Nieto desviaron 400 millones del extinto NAIM

La última parte de la declaración de quien fuera la mano derecha de Rosario Robles, Emilio Zebadúa, da cuenta de cómo se manejó el dinero en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando lo encabezaba Robles.

Según el documento, los delitos vinculados con el manejo de recursos públicos también llegaron hasta el proyecto de infraestructura más importante de la administración de Enrique Peña Nieto: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

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De acuerdo con una revisión hecha por SinEmbargo, a la declaración de Zebadúa -quien fue titular del Órgano Interno de Control (OIC) tanto en Sedatu como en Sedesol- el ex funcionario estaría buscando ser testigo colaborador en el caso conocido como “La Estafa Maestra”.

“Con motivo del ejercicio de mis funciones como servidor público en la Sedatu, tuve conocimiento de los siguientes hechos, que podrían constituir algún ilícito, vinculado con el indebido pago de terrenos aledaños al denominado NAICM”, se lee en la declaración.

El ex funcionario explicó que el Grupo Aeroportuario Internacional de la Ciudad de México (GACM), a cargo de Federico Patiño, la Secretaría de Gobernación, a través del subsecretario René Juárez Cisneros y la Sedatu de Rosario Robles, establecieron un grupo interinstitucional con un mecanismo para la compra o pagos de terrenos que servirían al aeropuerto.

Obras del NAIM. Foto: Especial.

Entre las tres áreas negociaron con “supuestos” ejidatarios y propietarios de las zonas de Atenco y de áreas denominadas “Tráteles” o el “Moño”, que también colindan con el área donde se construía el mega proyecto.

¿Cómo se habría operado?

La Sedatu habría verificado el cumplimiento de los derechos ejidales o de posesión que debían tener los titulares de los lotes que se tenían que comprar para el NAIM, así como de realizar los pagos, contando con el visto bueno de la Secretaría de Gobernación y del GACM.

El responsable de esta tarea fue Enrique González Tiburcio, quien fungía como titular de la subsecretaría de Ordenamiento Territorial.

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Emilio Zebadúa

González Tiburcio, René Juárez y Roberto Ramírez -director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), firmaron en mayo de 2017 un acuerdo con el “Frente Auténtico del Campo” y Juan Loreto González, aparentes pobladores de “Tlateles”, como compensación por una superficie de 322 hectáreas.

No obstante, una revisión hecha por la Sedatu de la validez de los derechos de posesión, esos representantes no acreditaban ni legal ni materialmente la propiedad de los terrenos. Esa información también la constató la Segob.

“No había posesionarios ni propietarios”, recalcó Zebadúa, pero aún así, en junio de 2018 se acordó la entrega de 400 millones de pesos a los peticionarios del “Frente Auténtico del Campo”. Robles apresuró a González Tiburcio para hacer los trámites para contar con el dinero.

Como no fue posible acreditar que las personas eran las propietarias de esas tierras, González Tiburcio usó el término “ayuda social” para justificar la entrega de recursos y se entregaron cantidades de 300 y 400 mil pesos, e incluso de 10 millones de pesos.

Según Zebadúa, él avisó a Robles que la Sedatu no tenía la facultad para entregar esos apoyos ni contaba con el dinero, pero ella dijo que procedería “independientemente de su justificación o no”, porque derivaba de un acuerdo entre Enrique Peña Nieto y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya.

De esa forma fueron entregados 400 millones de pesos. La SHCP transfirió la cantidad al programa “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio”, encabezado por González Tiburcio, quien solicitó que se expidieran cerca de 200 cheques personalizados.

De esos pagos no hubo ni contraprestación ni obligación alguna para los “beneficiarios”; los terrenos no cambiaron de estatus jurídico, por lo que, a decir del propio Zebadúa, “se pagó a cambio de nada, con recursos no presupuestados, de un programa que no tenía ese objeto, por una Secretaría que no tenía dicha facultad”.

“Cabe destacar que todas estas actuaciones y decisiones se tomaban a nivel del gabinete presidencial y con la gente de confianza del Presidente Enrique Peña Nieto, nunca participé, determiné ni opiné sobre las estrategias o planeación de estas, ya que la Secretaria Rosario Robles Berlanga instruía a sus subordinados para que actuaran de esa forma”, puntualizó.

La declaración de Zebadúa

SinEmbargo, que tuvo acceso a la declaración íntegra de 18 cuartillas de Cebada, dio a conocer que el exfuncionario declaró a detalle cómo se operó la “Estafa Maestra”, una estrategia planeada desde los más altos niveles de poder.

“Desde el inicio de la gestión del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012, tuvo inicio una estrategia general, tanto social como político-electoral, en la que participaron la mayor parte de las dependencias de gobierno”.

Una de éstas es la llamada “Cruzada Nacional contra el Hambre”, mediante la cual se desviaron recursos públicos no presupuestados para las campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social en un gran número de municipios estratégicos a nivel nacional.

Como ejemplo menciona que, en 2013, Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, dispuso recursos por un total de mil millones de pesos para asignarlos a la Cruzada, pero en vez de usarse para las personas de escasos recursos, se usaron para organizar eventos de publicidad, campañas d medios, volantes y grupos de activismo político.

Además, desde el comienzo de esta operación se privilegió a los estados con procesos electorales en marcha y, para ejecutar los recursos, Videgaray propuso a Robles contratar empresas privadas para proveer servicios inherentes a la Campaña de la Cruzada Nacional contra el Hambre, mediante universidades públicas, pues la ley facilitaba a los proveedores.

Así, la Sedesol, la Sagarpa, Economía, SCT, ISSSTE, Pemex y otras dependencias públicas pudieron desviar recursos hacia las campañas políticas.

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