Los acuerdos “bajo el agua” entre empleadores y sindicatos llegarán a su fin con la nueva reforma laboral que prepara Morena en el congreso.
Según el proyecto de dictamen que se propone para la Ley Federal del Trabajo (LFT) que será discutida en la Cámara de Diputados en los próximos días, los actos de extorsión o entrega de dádivas entre líderes sindicales y patrones serán motivo para que la organización obrera pierda su registro.
Esta disposición se agrega dentro de la propuesta original de reforma que presentó la bancada de Morena en la Cámara de Diputados a nombre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como una medida para evitar la corrupción en las negociaciones contractuales.
“Se considerará que un sindicato incumple con su objeto o finalidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones, exigiéndoles un pago en dinero o en especie para desistir de un emplazamiento a huelga o abstenerse de iniciar o continuar un reclamo de titularidad de contrato colectivo de trabajo”, señala el documento.
A estos ajustes se suman las medidas incluidas también en el proyecto para evitar la figura de los sindicatos “fantasma” y el uso de los contratos de protección.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados presentó también en sentido positivo el dictamen de la reforma en materia de justicia laboral, cuyo eje rector es el fortalecimiento de los mecanismos de la contratación colectiva, así como la libertad sindical y la creación de tribunales laborales.
El documento presentado por la Comisión de Trabajo que encabeza el miembro del Partido Encuentro Social ( PES), Jesús Baldenebro Arredondo, indica que con esa medida será posible “dar seguimiento a estos compromisos internacionales, y sin perjuicio de la autonomía sindical que rige para los procedimientos de deliberación interna de los sindicatos”.
También se indica que éste “logra los consensos que permitan establecer un nuevo paradigma en la impartición de justicia laboral, los esquemas de libertad sindical y los procesos de negociación colectiva, que responda a las necesidades y al contexto actual de las relaciones laborales”.
Además, al entrar en vigor la reforma, ninguna organización sindical podrá demandar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo si no cuenta entre sus afiliados con trabajadores de la empresa en cuestión.
Esta última disposición se incluyó en el catálogo de “actuaciones improcedentes” que podrán ser denunciadas ante el Poder Judicial.
En el proyecto de dictamen de la Comisiçon de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados, estos advierten que se ha abusado de la figura de los sindicatos fantasma en México, lo que ha hecho que se corrompan las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo.
“Un producto de las huelgas por extorsión han sido los miles de contratos de protección que han sido firmados a espaldas de los trabajadores y al amparo de una legislación que no requiere la representatividad de los ‘líderes’ sindicales que ejercen este derecho, muchas veces sin tener siquiera trabajadores o un centro de trabajo en operaciones”, establece el documento.