Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política en materia de feminicidio entrò en vigor hoy 7 de mayo.
Con ello, México da un paso estructural para combatir uno de los delitos de mayor impacto contra las mujeres en el país: en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio, y durante el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 148 casos más.
La niciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue promulgada este martes por la mandataria y corresponde a la modificación del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que permita establecer criterios uniformes para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño en casos de feminicidio, frente a las diferencias que actualmente existen entre los códigos penales estatales y el Código Penal Federal.
FOTO: JUAN CARLOS FONSECA MATA, WIKIMEDIA
La propuesta del gobierno federal contempla que el feminicidio sea definido como la privación de la vida de una mujer por razones de género, con penas de 40 a 70 años de prisión, multas de mil a dos mil UMAs, y agravantes cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, embarazada, periodista, defensora de derechos humanos, migrante o tenga alguna discapacidad. La futura ley también prevé atención a víctimas indirectas, como niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.
Y es que actualmente las omisiones en la homologación provocan que menos del 25% de estos delitos se investiguen formalmente bajo la figura de feminicidio.
Viene la elaboración de la ley
El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días naturales para elaborar la nueva legislación, y mientras esta no entre en vigor, continuarán vigentes las disposiciones legales federales y estatales en la materia.
La reforma recorrió un proceso legislativo de amplio consenso: el dictamen surge de una iniciativa de Sheinbaum y fue aprobado por unanimidad en el Senado con 109 votos a favor; posteriormente, 27 legislaturas locales emitieron voto aprobatorio, cumpliendo el requisito del artículo 135 constitucional para hacer efectivo el cambio.
