La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados discutirá este martes la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, con la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere quitar los privilegios, lujos y excesos a los servidores públicos y, así, apegarse a su ideal de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.
El viernes, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador citó a Benito Juárez, quien “decía que el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Nada de vehículos de lujo, aviones, helicópteros, nada de viáticos para comidas en restaurantes de lujo, vinos, viajes al extranjero sin límites, asesores también al por mayor, bonos, hasta bonos por fatiga”.
Criticó que anteriormente se agrandó el gobierno y se crearon instituciones para todos, así como comisiones con muy buenos sueldos, y que éstas “se reprodujeron como hongos después de la lluvia”.
¿Qué cambios propone esta ley?
El dictamen busca cancelar bonos y compensaciones extraordinarias para todos los funcionarios públicos, legisladores, integrantes del Poder Judicial y los trabajadores de los órganos autónomos.
Asimismo, busca prohibir la contratación de seguros de gastos médicos mayores, de vida o pensiones que no otorguen las leyes de seguridad social, así como seguros de ahorro para el trabajador, de separación individualizado o cajas de ahorro especiales.
Se cancelará la remodelación de oficinas por cuestiones estéticas, así como la compra de mobiliario de lujo. También se elimina la adquisición de vehículos de lujo con valor superior a las 4 mil 343 Unidades de Medida.
La Ley también establece que los empleados de alto mando y los servidores públicos de confianza laborarán de lunes a viernes en un horario extraordinario y se les prohíbe asistir al trabajo en estado de ebriedad, consumir bebidas alcohólicas en las oficinas públicas y convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes de contratistas, concesionarios, grandes contribuyentes o inversionistas.
También se elimina la posibilidad de que se cierren vialidades, se detenga el tráfico, no respeten los semáforos o se estacionen en lugares prohibidos.
Así como se ha puesto fin a las pensiones a los ex presidentes de la República y al pago de sus escoltas, esta Ley buscará prohibir la contratación con recursos públicos de cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, así como de separación individualizada o colectiva distintos a los establecidos en las leyes de seguridad social.
“Por ningún motivo se autorizarán pensiones de retiro al titular del Ejecutivo federal, a los miembros del Congreso de la Unión, magistrados de Circuito, jueces de Distrito, consejeros de la judicatura Federal y magistrados electorales, diversas a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez”, indica el segundo párrafo del artículo 27.
Los ex presidentes únicamente tendrán acceso al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que otorga el ISSSTE:
“Se prohíbe y se cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para su beneficio, del mismo modo se hará respecto de la asignación de cualquier tipo de servidores públicos, personal civil o de las Fuerzas Armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado, así como de los bienes muebles o inmuebles que estén a su disposición y formen parte del patrimonio federal”, se lee en el dictamen.
También se prohíbe la adquisición de boletos para viajes en servicio de clase ejecutiva, primera clase o equivalente, así como lo contratación de servicios privados de aerotransporte.
Se limita a tres asesores por dependencia o entidad, se eliminan las plazas con nivel de Dirección General Adjunta creadas a partir de 2001, se limita la asignación de chofer exclusivamente a los secretarios de Estado o titulares de dependencia, así como a los subsecretarios, y se limita la contratación de personal por honorarios.
Serán subastados, por conducto del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, la flotilla de aviones y helicópteros “no indispensables para el Poder Ejecutivo Federal”, pero se exceptuarán de esta medida los aviones y helicópteros destinados a actividades de seguridad, protección civil y al traslado de enfermos.
Avión presidencial. Foto: Especial
También se erradican los fideicomisos, fondos, mandatos públicos o contratos análogos con recursos públicos en salud, educación, justicia, seguridad social y seguridad pública.
“Los recursos públicos federales que se obtengan de la extinción de los fideicomisos y otras figuras análogas previstas en el presente artículo, estarán destinados al pago de la deuda pública”, menciona.
De igual manera se pretende que los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados mediante el tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la Hacienda Pública sean nulos de conformidad con el marco normativo.
“Los órganos encargados del control interno o de la fiscalización en cada ente público, iniciarán los procesos para sancionar a los responsables y resarcir el daño ocasionado de acuerdo con el marco normativo. El incumplimiento o la elusión de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento constituirán falta administrativa grave y se sancionarán en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Además, la ley pone supervisiones, pues el órgano encargado del control interno que corresponda en cada uno de los poderes de la Unión y en los órganos institucionales autónomos evaluará las medidas de austeridad republicana en los ámbitos de su competencia y comunicará las necesidades que advierta.
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