Por: Paola Campbell (@paocampbell)

La madrugada de este jueves, las fracciones parlamentarias del PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza en el Senado de la República, aprobaron la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como #LeyChayote, la cual reglamenta el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución y busca regular la publicidad gubernamental que los entes públicos brindan a los medios de comunicación.

La ley tuvo en lo general 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención; mientras que en lo particular tuvo 57 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones. Además, se desecharon 70 reservas al dictamen, hechas por los senadores de los partidos que se oponían a su aprobación: Morena, PT, PAN y PRD.

Con esta ley, el Congreso de la Unión cumple en tiempo con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que puso como límite el 30 de abril, para que las dos cámaras federales cubrieran la omisión de dicha ley que hace cuatro años debió haberse expedido, como parte de la Reforma Política de 2014.

Una vez aprobada esta ley, entrará en vigor a partir del 01 de enero de 2019.

¿De qué se trata esta ley y por qué las organizaciones civiles no están de acuerdo con ella?

1. La #LeyChayote dispone que los medios de comunicación que quieran obtener publicidad gubernamental deben inscribirse en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, que será administrado por la Secretaría de Gobernación (Segob), quien también se encargará de regular el gasto en materia de comunicación social, así como el uso de los tiempos del Estado, excepto en el caso de los tiempos oficiales que administra el Instituto Nacional Electoral (INE).

También será la Segob la encargada de prestar asistencia técnica y evaluación de las estrategias, programas y campañas de comunicación social para efectos de la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.

De acuerdo con Fundar -una organización dedicada al análisis del presupuesto, transparencia, defensa y promoción de derechos humanos-, el hecho de que la Segob sea quien administre las asignaciones de publicidad oficial, únicamente aumenta el desbalance en la relación gobierno-medios de comunicación.

 

Por su parte, el colectivo #MediosLibres -conformado por más de cien organizaciones civiles y periodistas- señala que la ley de comunicación tampoco establece de qué manera la Segob determinará la asignación de tiempos oficiales a los medios inscritos en el padrón nacional, por lo que no fomenta el pluralismo.

2. La iniciativa indica que la difusión de los logros de programas sociales no son propaganda, sino comunicación gubernamental, pero no se especifica si se fijarán topes al gasto del gobierno federal por contratación de pauta en medios.

Por su parte, las organizaciones civiles señalan que el gobierno, en cualquiera de sus tres niveles, podrá seguir haciendo uso de la publicidad oficial sin tener un límite en dicho gasto, por lo que los medios podrán seguir recibiendo enormes cantidades de recursos públicos.

Un ejemplo es cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó, entre enero de 2013 y diciembre de 2017, 40 mil 600 millones de pesos en publicidad oficial, mismo con el que la Secretaría de Desarrollo Social podría beneficiar a 5.4 millones de adultos mayores con el programa de pensiones “65 y más”, según indicó Fundar.

Además, la misma organización señaló que entre el 40 y 50 por ciento del presupuesto de publicidad del gobierno federal se concentra en cerca de 10 medios de comunicación, de un total de más de mil.

3.- #MediosLibres, aseguró que la #LeyChayote que no cumple con los criterios establecidos en la sentencia de noviembre pasado, emitida por la la SCJN.

“Por el contrario, legaliza las malas prácticas llevadas a cabo e la publicidad oficial, y no integró en su contenido las demás iniciativas presentadas en ambas Cámaras por os diferentes partidos políticos, y mucho menos integró las recomendaciones que desde el Colectivo #MediosLibres propusimos al Congreso de la Unión”.

Asimismo expresó su rechazo por la forma en la que se condujo el proceso legislativo y se manifestó en contra del resultado de dicha ley, pues deja aún más vulnerable a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.

Además, la ley tampoco indica, en ninguno de sus 45 artículos, de qué forma podrían ser sancionados los funcionarios que no observen los criterios y objetivos de la ley.