Desde hace diez años nuestro país ha enfrentado un recrudecimiento de la violencia, desencadenada con la “guerra contra el crimen organizado” y luego con un sinfín de estrategias poco concretas que no ofrecían soluciones reales.

En el caso de la violencia en contra de niñas y mujeres, entre 2008 y 2018 fueron creadas y luego cerradas 14 oficinas distintas en la Secretaría de Gobernación y la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Se trataba de direcciones generales, unidades, secretarías, fiscalías y oficinas para dar atención a las demandas, pero en esa década únicamente les fueron asignados 2 mil 978 millones 547 mil 556 pesos.

La Cuenta Pública de 2008 reveló que, en ese año, dentro de la Segob existía solamente la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y en la PGR, la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos.

Entre ambas, tuvieron un presupuesto de tan solo 27 millones 909 mil 593.

Al paso del tiempo, el número de oficinas fue creciendo; de 2015 a 2018 se contó en esas dos dependencias con nueve oficinas especializadas en temas como:

  • Seguridad
  • Prevención de la violencia
  • Protección integral a la infancia
  • Prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres
  • Prevención de la trata y búsqueda de personas desaparecidas

Para poner en una perspectiva más clara, el gasto de los últimos diez años para esas fiscalías y oficinas equivale a poco más de la mitad de lo que se gastó en un solo año en el apartado de “Alimentos y utensilios”.

En 2018, el último año del Gobierno de Peña Nieto, sus principales oficinas federales erogaron 35 mil 678 millones 637 mil 962 pesos en este “gasto de operación”

Programas sin resultados reales

De 2015 a 2019 fueron registradas 356 víctimas menores de edad. De hecho, el 2019 fue registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) como el más violento para dicho sector de la población en los últimos cinco años.

En 2019, el SESNP tuvo registro de 98 feminicidios, en promedio ocho casos al mes, lo que lo posicionó como el “peor año en la historia reciente para la vida de las niñas y adolescentes”.

Además, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), detectó un aumento de 11.4 por ciento respecto al 2018, cuando se identificaron 88 de estos delitos, es decir, 7.3 feminicidios cada mes.

En 2019, hay una estimación de un total de 3 mil 825 asesinatos de mujeres, teniendo como escenario principal los estados de Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Chihuahua y Baja California.

Creación de oficinas

A la par del crecimiento de violencia y el descontento social que ello representaba, las oficinas fueron apareciendo.

En 2008 únicamente existían la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y en la PGR, la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos.

El siguiente año apareció la acción de Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres y en ese año, el presupuesto fue de 43 millones 429 mil pesos.

Luego, en 2010 el presupuesto bajó a 34 millones, porque fue eliminada la Comisión para atender a las mujeres en Ciudad Juárez.

Para 2011 retomó su nivel, cuando se creó la acción de Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas, que para su primer año sólo tuvo un presupuesto de 2 millones 500 mil pesos.

2012, el último de Felipe Calderón en la presidencia, trajo la aparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

Estos cinco programas contaron únicamente con un presupuesto de tan sólo 70 millones 339 mil 182 pesos.

En el sexenio de Peña Nieto se sumaron desde el primer año cuatro oficinas nuevas en la Segob:

  • Dirección General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
  • Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad
  • Unidad de Información para la Seguridad Pública
  • Dirección General de Infraestructura Tecnológica de Seguridad Pública

Además, en la PGR se creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Ese primer año, el presupuesto fue de 174 millones 542 mil 872 pesos; el segundo fue de 491 millones 587 mil 728 pesos, con el mismo número de oficinas.

En 2017 hubo una diferencia de casi 100 millones de pesos, al pasar a 565 millones 872 mil 362 pesos, con los mismos programas.

En el último año de Gobierno, el presupuesto fue de 602 millones 401 mil 430 pesos, aunque se eliminó la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos y, a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas se le asignaron sólo 6 millones 823 mil 891 pesos.