Este miércoles, la oposición en el Senado de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos (la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de noviembre, argumentando una violación a la división de poderes.

La demanda, presentada por 55 integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, MC y algunos senadores del PVEM y del PT, solicita a la SCJN que suspenda la entrada en vigor de la Ley de Remuneraciones, por lo que ésta quedaría “congelada” hasta que el máximo tribunal resuelva si viola o no las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales.

La SCJN ya aceptó a trámite un recurso presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que la acción de inconstitucionalidad de los legisladores, con argumentos muy similares, no tendrá dificultad para ser estudiada.

Por ahora, quedará pendiente que el máximo tribunal acepte o rechace la suspensión solicitada, lo cual tendrá que darse a conocer en los próximos días, de acuerdo con lo indicado por funcionarios judiciales.

El amparo logró el 33 por ciento de los votos que se requieren, según la Constitución, por parte de los partidos de oposición. Así, es posible promover ante la SCJN la solicitud, con el propósito de echar abajo una ley que, según argumentan, violenta preceptos de la Carta Magna.

El mínimo de votos necesario era de 43, pero lograron recabar 55, pues se sumaron algunos senadores del PVEM y dos del PT.

Luego de presentar el recurso, el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y el del PAN, Rafael Moreno Valle, dieron a conocer las razones por las que buscarán que se declare inconstitucional la ley, misma que prohíbe que cualquier funcionario público reciba un sueldo superior al del presidente de México.

Miguel Ángel Osorio Chong. Foto: Especial

Osorio Chong dijo que el PRI está a favor de eliminar privilegios y gastos excesivos, pero “esto no debe servir de pretexto para que el Ejecutivo se quiera situar por encima de los otros poderes y no debe lesionar los derechos humanos ni laborales de los trabajadores”.

Indicó que los senadores priístas “apoyan” la eliminación de los privilegios de los servidores públicos, siempre y cuando no vaya en detrimento de su desempeño.

De igual manera, explicó que rechazan injerencias entre los diferentes poderes de la Unión, porque el Ejecutivo no puede estar por encima de los poderes Legislativo y Judicial, como se pretende con la Ley de Remuneraciones. “Sin división de poderes no hay democracia”, explicaron.

Por su parte, Moreno Valle declaró en un comunicado que los senadores de su partido están “en favor de la austeridad y en contra de los privilegios”, pero que presentaron el recurso porque la nueva Ley “transgrede los principios constitucionales de división de poderes, tanto en la autonomía presupuestaria como en la independencia del Poder Judicial de la Federación y la soberanía de las entidades federativas”.

Rafael Moreno Valle. Foto: Especial.

Asimismo, indicó que ésta “quebranta el pacto federal y la seguridad jurídica de los gobernados, violenta la autonomía e independencia del Poder Judicial y la soberanía de las entidades federativas”, además de atentar contra los principios básicos de derecho.

“Se quieren seguir rayando”, responde AMLO

En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador explicó que muchos funcionarios de los poderes Judicial y Legislativo estaban hasta cuatro veces arriba del sueldo límite, que será lo que recibe él como titular el Ejecutivo, es decir, 108 mil pesos mensuales.

Andrés Manuel, en rueda de prensa de diciembre de 2018.

Además explicó que no sólo recibían su sueldo, sino que también se establecían compensaciones, bonos y otras prebendas, que en conjunto llegaban a significar ingresos de hasta 500 o 600 mil pesos mensuales.

Aún así, aseguró que él respetará la opinión y la decisión de los jueces ante la solicitud del amparo, pues “ahora hay estado de derecho, que no había. Era un estado chueco, ahora hay estado de derecho”.

“Yo voy a ser respetuoso de lo que decidan los jueces en esta materia, pero no puede haber gobierno rico y pueblo pobre. No es posible que un funcionario público gane 600 mil pesos mensuales y que diga que es el encargado de impartir justicia. Se me hace una contradicción. Eso no puede seguir pasando en el país”, indicó.

Después, ante la pregunta de un reportero al respecto, López Obrador afirmó entre risas que la oposición “se quiere seguir rayando”, pero que están en su derecho de quejarse y que dejará que la instancia correspondiente resuelva.